El destino de los recursos públicos debe decidirse entre sociedad y gobierno, en conjunto. Con esa idea, el 1 de octubre de 2018 Yucatán se convirtió en el estado pionero en el país en crear un organismo en el que ciudadanos pueden participar en la elaboración del presupuesto estatal.
Este organismo se llama Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán, y está integrado por mujeres y hombres de la sociedad civil: representantes de gremios y profesiones, integrantes de asociaciones y miembros de la academia.
Ellos analizan y dan recomendaciones sobre la planificación, aprobación y ejercicio del presupuesto estatal. Su objetivo es, según se establece en su reglamento, ”asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente, equitativa y alineada con las necesidades y prioridades de los ciudadanos”. Son la voz del pueblo en la sala de planeación en la que antes sólo reinaba el silencio.
Con los años, esta iniciativa ha demostrado la necesidad de una participación más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones; gobernar ya dejó de ser un monólogo, ahora es un diálogo. Son varios estados ya que han seguido el ejemplo de Yucatán en este aspecto.
Incluso, en mayo de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció esta práctica y le otorgó la más alta calificación a Yucatán en el avance de la implementación del Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño.
Este ejercicio de participación ciudadana también se ha convertido en un caso de análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organismo que lo considera como una de las prácticas más innovadoras puestas en marcha en un estado del país y propone que se adopte a nivel nacional.
El más cercano antecedente del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán es el organismo similar que opera desde 2015 en el municipio de Mérida. Precisamente, quienes lo implementaron en la capital fueron los mismos que encargaron de replicarlo a nivel estatal.
Mérida tiene amplia experiencia en el tema de transparencia y rendición de cuentas, y muestra de ello es el destacado lugar que ocupó en la edición de este año del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, realizado por la consultora ARegional.
La eficacia de estos organismos ha sido probada, demostrando que un ejercicio de diálogo y consenso siempre es preferible a una imposición. Hay voces que cuestionan iniciativas de este tipo, esgrimiendo supuestas omisiones o decisiones que, a la postre, no resultaron correctas.
Ante esto, la postura no debe ser la de desaparecer los consejos —tanto el estatal como el municipal—, ya que sería un retroceso. Al contrario: hay que fortalecerlos e incluir entre sus objetivos otros de mayor calado. De eso se trata la democracia: de abrir espacios a los ciudadanos, no de cerrarlos.
Los gobiernos van y vienen, pero la sociedad permanece. Son los ciudadanos los que gozan —o sufren— las decisiones de las autoridades. El destino de los recursos públicos debe ser decisión de todos. Los fondos que la sociedad da —en forma de impuestos— deben regresar a ella —como servicios e infraestructura.
Los círculos viciosos que intoxican titulares en cada cambio de administración sólo se rompen con la voluntad de la sociedad. La frase de Charles de Gaulle de que ”la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos” aplica perfectamente en la elaboración del presupuesto.