En un contexto político cada vez más polarizado y competitivo, los programas sociales han dejado de ser simples herramientas de apoyo económico para convertirse en vehículos de influencia electoral. Así lo plantea el informe especial “El peso de los programas sociales en Yucatán: ¿asistencia o dependencia electoral?”, elaborado por el investigador y consultor Álvaro Quiñones Aguilar, director de Decide Market Research.
Basado en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) del INEGI, el estudio revela que más de 285 mil hogares en Yucatán —el 40% del total— reciben al menos un programa social. Aunque en la mayoría de los casos estos apoyos representan una fracción menor del ingreso familiar, su efecto político y emocional puede ser significativo.
“En Yucatán no se vota solo con la cartera, sino también con el corazón. Los programas sociales funcionan como un lazo simbólico entre el gobierno y la ciudadanía, especialmente en sectores vulnerables”, afirmó Álvaro Quiñones en entrevista.
El informe detalla que el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el de mayor cobertura, con 167,104 hogares beneficiarios, seguido por las becas de educación básica y media superior. Sin embargo, el efecto económico total de estos programas es limitado: en la mayoría de los hogares, representan menos del 15% del ingreso total.
Apenas el 4.9% de los hogares yucatecos depende en más del 50% de estos apoyos para subsistir, lo que indica que la mayoría los percibe como un complemento, no como un sustituto del trabajo o la actividad económica.
Donde el informe se detiene con mayor profundidad es en el análisis del valor simbólico de estas transferencias.
“El programa social no solo alivia necesidades materiales; también genera una percepción de ser visto, reconocido, valorado. Eso tiene un enorme impacto político, especialmente cuando se asocia el beneficio con una figura concreta del gobierno”, explica Quiñones.
En este sentido, el informe subraya que muchos beneficiarios identifican directamente los apoyos con la presidenta de la república o el partido en el poder, lo cual convierte los programas en una especie de “moneda emocional”.
Esta asociación, aunque técnicamente incorrecta —los programas no dependen legalmente de un gobierno en específico—, puede traducirse en votos motivados por el miedo a perder el beneficio en caso de alternancia política.
El informe advierte sobre la delgada línea entre política social y clientelismo. Aunque los programas están diseñados con criterios técnicos y universales, en la práctica su implementación puede adquirir tintes proselitistas, sobre todo durante procesos electorales.
“El uso estratégico de los programas puede inclinar la balanza en elecciones competidas. Y eso es especialmente preocupante cuando se condiciona o personaliza el acceso al apoyo”, advirtio Quiñones.
Además, en comunidades rurales o marginadas, donde la presencia del Estado es escasa, los programas sociales suelen ser la única manifestación tangible del gobierno. Ahí, el efecto simbólico es aún mayor, y puede derivar en una lealtad política profunda.
El estudio concluye que, si bien el impacto económico de los programas sociales en Yucatán es limitado, su dimensión política y emocional es decisiva. Por ello, Álvaro Quiñones insiste en que debe fortalecerse la vigilancia ciudadana y electoral para evitar la manipulación del voto mediante el temor o la gratitud.
“Los apoyos deben seguir existiendo y fortalecerse, pero sin convertirse en instrumentos de coacción electoral. La democracia exige ciudadanos libres, no agradecidos a ciegas”, enfatiza.
En un estado donde el 60% de los hogares no recibe ningún programa, el 40% restante representa una masa crítica en términos políticos. De ahí la importancia de seguir analizando —con datos, no con discursos— el verdadero impacto de las políticas sociales en la vida y las decisiones de los ciudadanos.
Para más información:
Decide Market Research
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