¡A festejar!

​
Por Federico Reyes Heroles, en el Excélsior
​Un día, circulando con Peter Eigen por la CDMX, el abogado alemán que tuvo la visión de fundar Transparencia Internacional y poner en la agenda del mundo el tema y sus costos, Peter me sorprendió con una pregunta. “¿Cómo, esta calle se llama Revolución? En Alemania eso estaría vetado”. Después de la terrible experiencia del ascenso del nazismo apoyado en la estructura legal de la República de Weimar, la Constitución de 1949 fue tajante. Todos los partidos deben defender el orden constitucional. La dignidad humana, los derechos humanos son inviolables e inalienables. Le llaman “Cláusula de la eternidad”, ninguna mayoría parlamentaria puede restringirlos. ¿Qué dirían de la PPO? Los partidos anticonstitucionales están prohibidos y los existentes están obligados a promover la democracia. Ese día traté de explicarle que la Revolución Mexicana, la de Madero, había desplazado a una dictadura y ello había dado cauce a un gran enfrentamiento con, quizá, un millón de muertos. El eje fueron los derechos sociales, agrarios, laborales, entre otros. Me escuchó meditando.

Otro cruce, leyó Insurgentes, pidió explicación. La avenida más larga de la capital, festeja a los levantados en armas. Peter me miró con ironía: “Entonces aquí festejan a los que destruyen las instituciones”.

La palabra “revolución” es venerada en México. Los orígenes son históricos y culturales: Villa, Zapata, PNR, PRM, PRI, PRD. Pero no es así en todo el mundo. François Furet, un brillante historiador francés, publicó en 1978, con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, un libro tan célebre como herético: Pensar la revolución francesa. Furet expuso los daños civilizatorios de homenajear las revoluciones. Los grandes ejemplos ya estaban a la vista, la soviética, la china, la cubana, etcétera. Fue muy claro: no devienen en democracias. Ese mito de las revoluciones genera una falsa esperanza de que las sociedades pueden mejorar súbitamente con una erupción, con un mesías. Encierra una falsa ruptura del aburrido tiempo lineal que demanda todo proceso civilizatorio. Es una ilusión que procrastina los verdaderos problemas.

En México, don Edmundo O’Gorman, un brillante historiador, de un carácter endemoniado, repetía hasta el cansancio: dejemos atrás la mítica Revolución, hablemos de la evolución de los asuntos públicos. Viene una celebración sin precedente: la actual administración festejará el triunfo de Morena. ¿Regeneración nacional? La sombra del caudillo redentor asoma. Mejor sigamos a O’Gorman. Crecimiento económico, PIB, ese que aquí dicen que no importa, es piedra de toque mundial, está en el piso, por séptimo año. ¿Empleo formal, que de verdad puede propiciar estabilidad económica? Pues lo mismo. Y los niveles educativos, allí están las cifras, en desplome. Por más que las maquillen, la realidad se impone.

En media superior es dramática. El Inegi reportó la salida del mercado laboral de 476 mil mexicanos de la generación Z. “Jóvenes construyendo el futuro”, conocido como el programa Caguama, por la botella de cerveza que se compran los jóvenes, es un incentivo perverso. No estudian, destruyen su futuro. La productividad baja. Energía: importaciones crecientes de gas, gasolina y pocos estímulos a la verde.

La falta de planeación y el engaño tienen monumentos: Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación, Tren Transoceánico, Megafarmacia y varias más, todas nos cuestan. Como era de suponerse, los efectos de la elevación al salario mínimo —que era posible, necesaria, pero limitada— llegan a su declive. El objetivo principal, la movilidad social, está estancada, ver estudios del CEEY.

¿Violencia? La mitad del territorio en manos del narco. ¿Desaparecidos? 42 al día. ¿Corrupción? Parece que ya tiene corona, todo ante los ojos del mundo.

¡Y quieren festejar! Esquizofrenia pura o cinismo.

Mejor evolución.

---

Un monólogo de sordos

Por Jorge Fernández Menéndez, en el Excélsior
Dice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que los 36 bloqueos realizados por transportistas y campesinos en toda la República tienen motivaciones políticas y reiteró un llamado al diálogo, que estaría muy bien si no se hubieran tenido ya muchas mesas de diálogo a lo largo de los últimos meses que han resultado, finalmente y todas ellas, infructuosas.

No deja de llamar la atención el doble discurso inscripto en la narrativa gubernamental: por una parte, se minimiza la protesta social, dejándola como una expresión de sectores opositores minoritarios. Por la otra, se victimizan y la ven como parte de una gran conjura, con actores incluso internacionales, que tiene como objeto hasta el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado blando (me imagino que sin intervención de las Fuerzas Armadas, como si en este país estuvieran sólo de adorno y no se hubieran comprometido a respetar la Constitución: hablar de golpe de Estado, incluso desde ese punto de vista, es indigno del oficialismo).

Lo cierto es que hay demandas legítimas que no son atendidas por el gobierno y que pasan, en lo general, por tres grandes temas: la exigencia de seguridad y justicia, la lucha contra la corrupción y un reclamo de vivir en paz. No hay mucho más. Los transportistas piden lo mismo: que no los extorsionen, que no los asalten y asesinen en las carreteras, que haya una mínima seguridad en las mismas, que la burocracia no sea, a su vez, un mecanismo más de la corrupción y la extorsión. Los campesinos quieren que se regrese el financiamiento al sector que quitó López Obrador al desaparecer Financiera Rural; piden precios de garantía justos, apoyos como los que otorgan nuestros socios comerciales al sector, que le permitan competir exitosamente por lo menos en el mercado interno. No quieren la nueva ley general de aguas, porque con ella será el gobierno el que terminará siendo propietario del agua y esos productores no contarán con respaldo alguno para garantizar sus tierras o tener créditos: la tierra sin agua no sirve para nada en el ámbito agropecuario.

No son las grandes transnacionales las que están pidiendo esto ni los partidos políticos opositores tienen el peso suficiente para generar por sí mismos este tipo de movilizaciones. Son las clases medias. Son los transportistas en general, cuando más pequeños más indefensos ante la inseguridad cotidiana; son los campesinos medianos, esos que no tienen grandes empresas, pero que tampoco viven en una economía rural de subsistencia, que son los únicos que reciben el apoyo gubernamental. Son esas clases medias que han sido castigadas en los últimos siete años: con la inseguridad, con las extorsiones, con las faltas de oportunidades para los jóvenes, con la contracción de la economía y el empleo, con los apremios fiscales, con la falta de medicinas y la pauperización del sistema de salud. Las que ven como las universidades públicas, lo mismo que la escuela, se deterioran cotidianamente, tanto en su nivel educativo como en su infraestructura, y que terminan cobijándose en la educación privada, donde, por lo menos, hay aulas y maestros que quieran dar clases. Son las mismas que no tuvieron apoyos durante la pandemia. 

No hay ninguna conjura contra el gobierno. Lo que no existe desde la segunda mitad del sexenio de López Obrador es el interés del gobierno de construir un acuerdo que integre a los sectores que trasciendan a la propia 4T. Antes y después de lo que el oficialismo llama el periodo neoliberal, hubo espacios, diálogo y mecanismos institucionales de acuerdo con la mayoría de los sectores. Hace unos días recordábamos cómo después del movimiento del CEU, donde la presidenta Sheinbaum tuvo un papel destacado, se abrieron cauces de negociación y acuerdo con el movimiento estudiantil y con la oposición que permitieron salidas aceptables para todos. En 1976, López Portillo no ganó con 54% de los votos: fue el candidato único, se quedó con todos los votos. Pero tuvo que aceptar que la coyuntura ya no le permitía sostener un sistema monolítico y se abrió a la reforma política de Reyes Heroles. La reforma política que ahora proponen es parte de un monólogo que no escucha a nadie más que a los suyos.

Cuando se habla, hablamos, de un verdadero diálogo nacional se trata no de crear una mesa de coyuntura para tratar un tema, sea el transporte o los campesinos, que nunca se termina de solucionar. Si no de dialogar de verdad, de buscar puntos de acuerdo, de buscar integrar a todos o casi todos en el sistema. Eso no se puede hacer cuando aún hay personajes en el poder que piensan en términos de una revolución y no de una democracia. 

La narrativa actual lleva a un camino sin salida a quienes no están plenamente de acuerdo con las acciones del gobierno y exhibe una cerrazón que, al final, tendrá costos, también para todos. No se pueden cerrar las válvulas de una caldera sin esperar que más temprano o más tarde explote. Y hoy ese descontento está estallando desde todos lados, desde la Gen Z hasta la CNTE, desde los médicos hasta los enfermos y sus familias, desde los campesinos hasta los transportistas, desde los empresarios perseguidos hasta los ciudadanos extorsionados. Y, en medio, organizaciones criminales con un enorme poder de ejercer violencia y generar inseguridad, y un gobierno de Estados Unidos decidido a presionar hasta donde pueda para no perder su propia agenda. Todo mientras la economía no crece desde hace meses.

---

No es la oposición, es la inconformidad

​Por Jorge Zepeda Patterson, en Milenio 

Quien puso en jaque al país este lunes no fue la oposición, tan cuestionada en círculos presidenciales en los últimos días, sino transportistas y agricultores orquestadores de un ambicioso y dañino bloqueo de la capital y otras regiones. Escribo estas líneas sin oportunidad de conocer el saldo final de la efectividad o no de este bloqueo, pero asumo que, al margen del resultado, se trata de una acción cuya mera existencia revela los potenciales pies de barro de la cuarta transformación. El gobierno corre el riesgo de obsesionarse con una oposición que tiene más vida en el discurso de la Presidenta que en la calle, mientras deja de ver las fracturas sociales y políticas capaces de hacer fracasar el proyecto de cambio del grupo en el poder.

La verdadera amenaza no procede de 100 encapuchados colados en una manifestación, sean el bloque negro o cualquier otro color. Un incidente que pudo haber sucedido en París, en Roma, en Tokio, en Londres o en São Paulo. Habría bastado que gobierno y oposición hubiesen repudiado el acto de violencia como algo ajeno a la arena política, en lugar de aprovecharlo para descalificarse mutuamente.

No, el riesgo para la 4T está en otro lado. Quieren debilitarme, pero no lo conseguirán, ha dicho Claudia Sheinbaum refiriéndose a las críticas de siempre. En realidad, lo que sí puede generar una sensación de debilidad, y enorme molestia, es la incapacidad del gobierno para evitar el caos al que se condena a millones de personas por acciones como el bloqueo de este lunes.

Y no me refiero solo al efecto que provocan marchas y congestiones, mucho más significativo es lo que está detrás: uno, la cantidad de actores sociales y productivos que abrigan motivos para estar inconformes, y dos, la dificultad que encuentra el gobierno para procesar respuestas satisfactorias a esta inconformidad. La mayor parte de estos problemas no los generó el gobierno de la 4T, pero en tanto autoridad hoy está exigida para dar respuesta a ellos.

La legitimidad de un sistema político y, a la larga, el apoyo al grupo gobernante reside en su capacidad para gestionar agravios, necesidades y reivindicaciones de los actores sociales y económicos más significativos de la sociedad. Y, a su vez, esta capacidad de respuesta depende de dos factores: la habilidad política y los recursos disponibles. En ocasiones, una buena gestión política y un carisma singular están en condiciones de hacer maravillas con recursos escasos para conseguir una momentánea legitimidad. Y viceversa, una cartera gruesa puede compensar por un rato la falta de pericia política. A la larga, los dos factores son imprescindibles.

El bloqueo carretero de este lunes ilustra que en ambos temas la 4T acusa problemas. “A estas horas no hay manera. Eso debieron pensarlo la semana pasada. Están locos si mandan un comunicado ahorita”, dijo un líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una de las organizaciones convocantes al paro, refiriéndose a un comunicado de Gobernación que citó a los inconformes a una reunión este lunes a las 11 de la mañana. La semana pasada, habría que decirlo, la atención política del gabinete estuvo concentrada en otra cosa. Si bien la Presidenta posee una enorme habilidad y energía para desdoblarse en tantas tareas, el contenido de las mañaneras deja en claro que en los últimos días estaba más preocupada por ganar el post debate sobre la manifestación del Zócalo de una semana antes, y por justificar la marcha de apoyo a la 4T para el 6 de diciembre. Pero meter medio millón de seguidores a la plaza central no mejorará en un ápice la posibilidad de resolver las necesidades de agricultores y transportistas que este lunes ocasionaron tal abolladura a la imagen del gobierno.

La gestión política no ha sido la mejor, pero la entraña del problema es otra: la falta de recursos. En última instancia es eso lo que necesita el gobierno para responder cabalmente a la legítima preocupación de quienes este lunes protestaron tan radicalmente. Los transportistas se quejan del incremento en asaltos carreteros y la extorsión de autoridades a los choferes, los agricultores por el precio de garantía de sus productos. Sin duda, Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una necesaria y ambiciosa modernización de la administración pública; entre otras cosas, eso permitirá hacer más con menos. Pero hay límites a lo que puede cubrir una cobija demasiado pequeña, no importa en qué dirección la estiremos.

Los transportistas hablan de 24 mil robos de carga al año, pérdidas de más de 7 mil millones de pesos y un crecimiento de 16 por ciento en los delitos. Cifras que no coinciden con los datos oficiales, pero el hecho es que la inseguridad en carreteras persiste. Se quejan de que el reemplazo de las patrullas de caminos tradicionales por unidades de la Guardia Nacional empeoró el problema por la escasez de unidades, la falta de capacitación y la frecuente corrupción de sus miembros.

El tema de los agricultores es aún más complicado porque más allá del precio de garantía que solicitan, muy por encima del valor de mercado, se trata en el fondo de un problema de inviabilidad de la agricultura tradicional. Modificar las causas estructurales y paliar sus efectos requiere no solo de políticas de fondo, algunas de las cuales se están intentando, sino de enormes recursos económicos que hoy en día no se tienen.

El riesgo para la 4T es que cometa el mismo error que los gobiernos neoliberales: creer que el malestar es una creación de la oposición. Asumieron que López Obrador era el problema, en lugar de entender que había una inconformidad de la cual simplemente el tabasqueño se convirtió en vehículo. Por supuesto que la oposición se montará en estas expresiones de inconformidad para llevar agua a su molino. Sucede en todo el mundo. Pero no habría que confundir la causa con el efecto.

Claudia Sheinbaum afirma que la gente está feliz y la molestia es una creación de la propaganda adversaria. Quizá deba ser la posición oficial, pero no la estratégica. La calle comienza a ser tomada cada vez con más frecuencia por parte de distintos vecinos, comunidades, sectores. Y es un hecho que los empresarios no están invirtiendo. Echar la culpa a los infundios y mala entraña de la oposición puede servir momentáneamente para distraer o patear el bote. Pero los problemas de fondo al final pasan factura. Así sucedió en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y está en peligro de suceder en Chile, Colombia y Honduras; países en los que los gobiernos populares han sido incapaces de profundizar la prosperidad de las mayorías, por falta de recursos y estancamiento económico.

Habrá que insistir que el éxito o fracaso de la 4T no será político sino económico. No es el PAN, el PRI, Claudio X o Salinas Pliego el verdadero riesgo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. No es en el ámbito de las movilizaciones en pro o en contra donde se definirá su suerte. Es en la capacidad o la incapacidad de respuesta a partir de recursos públicos suficientes y una economía activa capaz de generar empleos. Si eso no se consigue, la inconformidad seguirá creciendo, sin importar quién aparezca al final para aprovecharla.

---

Slim, Cervantes y ¿un nuevo consejo empresarial?

Por Mario Maldonado, en El Universal
​
La fotografía de Carlos Slim y Francisco Cervantes en Palacio Nacional, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, podría ser la antesala de un nuevo consejo empresarial que se estaría cocinando ahora que el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) va a dejar esa posición para convertirse en el gran operador gubernamental del dueño de Grupo Carso.

La quinta reunión pública entre Slim y la presidenta Sheinbaum confirma que el multimillonario mexicano, con quien hubo cierto distanciamiento tras la tragedia de la Línea 12 en el 2021, es el principal consejero de su gobierno.

Al igual que con López Obrador, Slim tuvo sus desencuentros al inicio del gobierno, pero muy pronto se convirtió en su principal asesor, con quien sostuvo al menos 15 encuentros formales en su sexenio. Ahora, con Sheinbaum, la historia se repite. El contexto, sin embargo, parece ser mucho más complicado.

El encuentro de este lunes revela la consolidación de un bloque político-empresarial encabezado por Slim y Cervantes, quienes, según fuentes allegadas a ambos, alistan la conformación de una especie de “mini Consejo Mexicano de Negocios” con un pie en el sector privado y otro en Palacio Nacional.

¿Quiénes podrían formar parte de ese consejo? Eso está por verse. Quizá sean solo las decenas de empresas del multimillonario, las cuales serían representadas por Cervantes una vez que deje la presidencia del CCE. ¿Qué pasará con el grupo asesor de empresas que encabeza Altagracia Gómez? Esa es otra pregunta.

La necesidad de este nuevo consejo llega en un momento crítico para la economía mexicana. El Inegi confirmó que el PIB cayó 0.3% entre julio y septiembre, y los indicadores adelantados apuntan a un cierre de año débil. El IOAE estima que la actividad económica de octubre prácticamente no creció (0.0%), con una nueva contracción en las actividades secundarias (-2.1%), reflejo del estancamiento industrial y la desaceleración manufacturera. En paralelo, la ENOE reportó un mercado laboral que pierde dinamismo. La tasa de desocupación subió a 3.0%, aumentó la informalidad y se redujo el número de trabajadores ocupados en sectores industriales y de servicios profesionales, lo que anticipa un 2025 de crecimiento limitado y un entorno laboral más incierto.

A eso se agregan las amenazas jurídicas de ministras como Lenia Batres, quien ha propuesto reabrir casos firmes para “recalcular” impuestos. La sola discusión en la Corte encendió todas las alertas entre inversionistas nacionales y extranjeros. No se trata solo de inseguridad jurídica, sino de la posibilidad de que el nuevo Poder Judicial atente contra derechos adquiridos y genere un precedente que desate litigios masivos, frene inversión y acelere la salida de capitales.

Este ambiente explica por qué los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios impulsaron con fuerza la llegada de José Medina Mora al CCE. El nuevo presidente de la llamada cúpula de cúpulas de la iniciativa privada apunta a ser una voz más crítica del sector privado hacia el gobierno de Sheinbaum, sobre todo en temas fiscales, judiciales y regulatorios.

El contexto social y económico tampoco ayuda. En México proliferan las protestas de transportistas, agricultores, comerciantes y microempresarios, inconformes con la inseguridad, la extorsión, la falta de apoyos, el aumento de cargas laborales y el débil crecimiento económico. Son señales de un malestar que también está llegando a Estados Unidos, donde cámaras empresariales han advertido al Congreso y a la USTR sobre violaciones al TMEC, incertidumbre regulatoria y fallas en la protección al inversionista. Es un cóctel complicado que presiona al gobierno mexicano desde adentro y desde fuera.

Posdata 1

La pregunta es si Slim, el empresario más rico e influyente de México, podrá incidir en algo más que en diagnósticos técnicos. Este lunes pasó más de tres horas con Sheinbaum, tiempo suficiente para revisar proyecciones económicas y también los temas que preocupan a los empresarios. Slim conoce mejor que nadie la sensibilidad de los inversionistas, la importancia de reglas claras y el riesgo de tener a un Poder Judicial en contra de los empresarios en plena desaceleración. Su aportación, si es que quiere hacerla, será convencer a la presidenta de enviar señales de certidumbre antes de que el deterioro avance y el país llegue a un punto de no retorno.

Posdata 2

Tras conocerse que la Suprema Corte decidió atraer, por insistencia de la ministra Lenia Batres, el caso fiscal de 2 mil 868 millones de pesos contra FEMSA, las acciones del gigante regiomontano cayeron 1% este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores. Para una emisora de ese tamaño, ese retroceso implica miles de millones de pesos en valor de mercado evaporados en cuestión de horas, reflejando la preocupación inmediata de los inversionistas por la intervención extraordinaria de la Corte.

El golpe fue aún más profundo en Coca-Cola FEMSA (KOF), cuya acción retrocedió 2.58% durante la sesión. El viraje de la SCJN, sumado al antecedente de la ministra Batres de intentar flexibilizar la cosa juzgada, elevó la percepción de riesgo para las empresas sujetas a litigios fiscales de alto perfil. La reacción bursátil es una muestra de desconfianza ante la posibilidad de que litigios puedan revertirse por presiones políticas.

Las caída de FEMSA y KOF confirman que la inseguridad jurídica tiene un costo inmediato y cuantificable. En este caso impactó a dos de las emisoras más grandes e internacionales del mercado mexicano.

Posdata 3

Una buena para el gobierno mexicano. Este lunes, la Secretaría de Economía anunció una victoria jurídica relevante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que el tribunal arbitral desestimó la demanda presentada por Access Business Group LLC, la cual buscaba obtener más de 2 mil 700 millones de dólares por una presunta expropiación de terrenos en Jalisco.

El tribunal determinó que no tenía jurisdicción para revisar el caso porque los hechos reclamados ocurrieron fuera de la vigencia del TLCAN, con lo que desactivó una de las demandas más onerosas que enfrentaba el país.

El fallo también ordenó que la empresa pague cerca de 1.3 millones de dólares por gastos procesales del gobierno mexicano, un mensaje jurídico contundente para otras compañías que buscan litigar bajo las disposiciones del antiguo tratado comercial. La resolución confirma que las obligaciones sustantivas del TLCAN no se extienden mecánicamente bajo el TMEC, lo que fortalece la posición del Estado mexicano en futuras controversias y reduce los riesgos asociados a compensaciones multimillonarias.

---

Superfelices

Por Héctor de Mauleón, en El Universal

Un movimiento que comenzó quemando pozos y bloqueando carreteras en Tabasco, amenazó ayer con abrir carpetas de investigación a líderes transportistas y campesinos que llevaron a cabo bloqueos en más de 20 estados, para exigir que se ponga freno a los asaltos y las extorsiones que sufren de manera constante en las carreteras del país, y para protestar contra las afectaciones que podrían acarrearles los cambios propuestos tanto en la Ley General de Aguas como en la Ley de Aguas Nacionales.

Mientras productores agrícolas y transportistas realizaban bloqueos de varias horas en puntos de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Durango, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo al menos nueve veces durante su mañanera de ayer que la gente está “superfeliz” con su gobierno, que la población hizo “colas y colas” para acompañarla en su gira del fin de semana en Oaxaca, en la cual, dijo, solo halló “mucha alegría en el camino”.

Según se pudo apreciar en videos que circularon profusamente en redes, Sheinbaum fue abucheada y recibió gritos de protesta en algunos momentos de la gira. Ella aseguró que la gente tenía “una alegría contagiable” y que solo cuatro personas (luego dijo que fueron dos) la abuchearon en un evento. La presidenta se quejó de que se hubiera publicado: “la peor gira de cualquier presidente de toda la historia de México la tuvo la presidenta en Oaxaca”, y luego llamó “al pueblo” a acudir masivamente al Zócalo el 6 de diciembre, para celebrar siete años de la llegada de la 4T al poder.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumergió al gobierno de Sheinbaum en una crisis que viene arrastrando, sin hallar salida, desde principios de noviembre. La sorprendente convocatoria de la marcha del pasado 15 de noviembre, que nadie esperaba, cayó como un balde de agua fría en Palacio Nacional. Se invirtieron varias horas en la tarea de descalificarla. El violento final que la coronó, con su resonante eco internacional, solo le complicó a la presidenta las cosas. Respondió con gesto descompuesto y con una batería de frases que solo su mostraron frustración: “No me doblarán”, “más fuerte soy”.

La búsqueda de mano negra se extendió al PAN, a la derecha internacional, al empresario Ricardo Salinas. La presidenta subió el tono, amenazó incluso a los anunciantes de TV Azteca, y convocó a gobernadores y legisladores de Morena para exigirles “la defensa absoluta” de la Cuarta Transformación.

No solo eso: según fuentes del Palacio, instaló una mesa —con Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Jesús Ramírez, Luisa Alcalde y Lázaro Cárdenas— que estará encargada de monitorear de manera permanente, e informar cada 20 días, de “las acciones en contra de su gobierno”.

Las vallas con que el pasado 15 de noviembre se quiso sellar a piedra y lodo el Palacio Nacional contra una marcha que, en su afán descalificador, el gobierno fijó solo en 17 mil personas, se van convirtiendo día con día en emblema de un gobierno encapsulado, sumergido en su propia narrativa, que se niega a ver y a escuchar, que no acepta y descalifica la crítica.

Los transportistas han denunciado, por ejemplo, más de 25 mil robos en las carreteras de México durante el último año: más de 70 cada día. De acuerdo con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la violencia en contra de sus afiliados ha crecido en más de 20% y no viene solo de la delincuencia, sino también de las extorsiones por parte de las autoridades.

No solo organizaciones nacionales reportan que las carreteras del país están perdidas: el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos ha denunciado que el robo de transporte de carga provoca pérdidas millonarias entre más de 300 grandes empresas afiliadas (Hewlett Packard, Coca Cola, IBM, etc.), y no solo representa riesgos para los conductores: interrumpe cadenas de suministro y pone en serio riesgo la inversión en México.

En respuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostiene que quienes ayer realizaron bloqueos “son integrantes del PRI, del PAN y el PRD” y afirma que estas movilizaciones no tienen objeto, “salvo que respondan a motivaciones políticas”.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, por su parte, pasa por alto las alertas sobre la falta de claridad en los cambios en la Ley de Aguas Nacionales, lanzadas por productores, académicos, legisladores, asociaciones civiles y otros sectores productivos; pasa por alto las quejas por los bajos precios y el abandono del campo: se pregunta “qué cosa hay detrás de las movilizaciones si las demandas han sido atendidas”, y sostiene que solo 1,500 personas, incluyendo a los transportistas, participaron en los bloqueos de ayer —como si ese número, en caso de ser real, volviera las quejas inválidas.

“Más fuerte soy”, dice la presidenta mientras aquí y allá le estallan las protestas y se acentúa en el país la ingobernabilidad. Mientras estados completos se encuentran en llamas, a merced del crimen organizado y la violencia sistemática, y mientras ella solo ve gente “superfeliz” que hace “colas y colas” para aclamarla.

---

Bloqueos: el enredo de la Segob con la protesta

Por salvador Camarena, en El Finaciero
​
El movimiento de izquierda, que se hizo literalmente en bloqueos, ahora reclama que las manifestaciones de transportistas y campesinos de este lunes afectan a la ciudadanía.

La Secretaría de Gobernación está para prevenir y resolver problemas. Pero con Rosa Icela Rodríguez al frente de la Segob, ayer Bucareli dio un paso más en la esquizofrénica lógica de Morena ante la oposición, a la que un día minimizan y al otro achacan todos los males.

Frente a los bloqueos de organizaciones de productores del campo y de transportistas, que, pese a no ser mayoritarios, afectaron este lunes el tránsito en carreteras de varios estados e incluso en algún puente fronterizo, Rodríguez descalificó a los organizadores.

“Nosotros nos preguntamos, si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay detrás? Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD; claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política, y entonces es cuando tú dices: si no quieren llegar a acuerdos y no quieren negociación, pues hay una motivación política, porque los beneficios que pudieran tener los productores agrícolas que ellos representan se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, declaró la secretaria de Gobernación en una rueda de prensa. “¿Quieres resolver la demanda o quieres bloquear?”, agregó.

Mal comienza la semana (otra vez) el gobierno de Claudia Sheinbaum si arranca con bloqueos. Las demandas de quienes están expresando hastío son variadas, y de entre ellas habrá que poner especial atención a las modificaciones a leyes sobre el agua.

Pero mientras el Congreso promete que atenderá dudas y reclamos de los productores por un posible cambio en cómo se transfieren entre particulares los títulos para explotación de agua, lo que llama la atención es el tono de Rosa Icela Rodríguez. Y lo que sus palabras implican.

El movimiento que se hizo literalmente en bloqueos ahora reclama que las manifestaciones de este lunes afectan a la ciudadanía. ¿Alguien le podría recordar a la titular de Segob el mega plantón de 2006 en Reforma por lo que los obradoristas consideran el fraude electoral?

Antes de llegar al tema de cómo, para la secretaria de Gobernación, que debiera ser garante del diálogo político, el tener una militancia descalifica una protesta, vale la pena seguir con las contradicciones de Rodríguez, según sus propias declaraciones de este lunes.

La secretaria dijo que varios de los líderes de las protestas tienen pendientes con la justicia. “También les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años”. Cuestionada por los delitos de esos expedientes, dijo que por “obstrucción de las vías de comunicación”, que datan de muchos años y que incluso algunas personas han estado presas.

El enredo que es esta administración cuando uno quiere encontrarle lógica.

A ver: ¿o sea que los malos gobiernos prianistas del pasado abrieron carpetas a varios de estos líderes, pero estos no tuvieron empacho en seguir militando en esos partidos que sí los persiguieron?

Otra opción: Desde 2018 los gobiernos transformadores se olvidaron de esas carpetas, dado que fueron abiertas por gobiernos represores del ayer y, por tanto, se presume que perseguían a quienes desesperados por el autoritarismo prianista, tomaban carreteras… ¿y ahora a la titular de Bucareli le parece muy oportuno recordar que existen esos expedientes haiga sido como haiga sido que fueron integrados?

Antes la izquierda reclamaba que no se criminalizara la protesta. ¿Cuántas carpetas habrá abiertas de tiempos del PRI y del PAN por tomas de casetas en Guerrero, por ejemplo? La izquierda de entonces pedía entender que las tomas eran expresión de hartazgo frente a la cerrazón, incapacidad de diálogo y de soluciones. ¿Les suena?

---

El megabloqueo carretero y las amenazas de la Segob

Por Francisco Garfias, en el Excélsior
​
La incapacidad del gobierno federal para manejar el conflicto con campesinos y transportistas quedó de manifiesto. Decir que la oposición está detrás del megabloqueo es absurdo. No tienen ese poder de convocatoria. Sólo falta que nos digan que es culpa de Felipe Calderón. 

El caos que vimos ayer en carreteras federales, autopistas de acceso a la CDMX, y en aduanas del norte, tiene su origen en la inseguridad en las carreteras –asaltos, extorsiones, asesinatos– y el abandono al campo.

* Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirma que están caminando los acuerdos, y las demandas están siendo atendidas. “¿Qué cosa hay detrás?”, preguntó ayer. La funcionaria habló de “motivaciones políticas impulsadas por los partidos de oposición”. Argumentó que los líderes del campo pertenecen al PRI, al PAN y al PRD. “Tienen una historia política”, dijo. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac), una de las organizaciones convocantes, reviró a Rosa Icela, a través de Jeannett Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de esa organización. “La secretaria de Gobernación sólo ha sostenido pláticas con cámaras que representan al sector empresarial del transporte y con cámaras pequeñas”, dijo Chumacero.

Agregó qué con la Antac sólo ha habido una llamada de Gobernación. La hizo Tonatiuh González Rosales, a quien ubica como director general de delegados de esa secretaría.

Abundó: “Habló temprano con el dirigente de la organización de transportistas, David Estevez. No fue para negociar, sino para amenazar”, dijo. “Llamó para decirle que si no desactivaba la movilización, le iba abrir una carpeta de investigación. ¿Sobre qué delito? No lo sé. Otro tipo de acercamiento con Gobernación no hemos tenido”, aseguró. 

* En charla telefónica, Chumacero entró de lleno en la realidad de los transportistas que, dijo, en estos siete años de la 4T han tenido un fuerte aumento de robos a las unidades de carga pesada. Ilustró: “En los tiempos neoliberales teníamos de ocho a diez robos diarios. Actualmente tenemos de 50 a 60 robos en carretera. Lo más preocupante es que 81% de estos robos se ejecuta con violencia y ya han cobrado las vidas de muchos operadores. Por eso, como Antac, también estamos pidiendo la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra el Transporte de Carga Pesada”, puntualizó. La Antac solicita igualmente recorridos continuos de la Guardia Nacional y que reaccionen realmente a la denuncia en flagrancia.

Narró: “Actualmente tenemos que hacer trámites burocráticos: llamar al 911 para que nos den un folio, mientras que a los operadores ya los secuestraron o les fue robada la unidad.

“Queremos la pronta acción y reacción de la Guardia Nacional, vigilancia continua en carreteras. Pedimos también la salida inmediata de policías estatales en tramos carreteros federales, porque se dedican a poner retenes para extorsionar”.     

No es mucho lo que piden. Es lo justo.

* Los bloqueos carreteros de ayer impidieron el paso de vehículos de carga y particulares (excepto emergencias como ambulancias). Los colapsos viales se multiplicaron. Operaciones en industrias como la automotriz –Audi en Puebla– se suspendieron. Entre las organizaciones convocantes del megabloqueo, además de Antac,  están el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). 

El impacto económico se estima en miles de millones de pesos,  por interrupciones en la cadena de suministro. Se prevé un punto de inflexión para la economía, según Concamin.

* El PAN presentó ayer una denuncia en las instalaciones de la FGR. Va contra quien resulte responsable por la organización, reclutamiento, estructura, liderazgo y financiamiento del Bloque Negro –los azules lo llaman “El Bloque Guinda”–.

“Alguien está detrás de esos grupos que causan violencia en la Ciudad de México. Alguien los organiza, los lidera, los recluta, les da instrucciones”, dijo el abogado panista Roberto Gil Zuarth. La denuncia la presentó el coordinador jurídico del CEN del PAN, Santiago Torreblanca. Al acto acudió la plana mayor. Fuera de las instalaciones ofrecieron una rueda de prensa en la que Jorge Romero, jefe nacional del PAN, dijo:  

“El 15 de noviembre pasado lo que hubo fue una represión por parte de quienes, cuando eran jóvenes, denunciaban represión en México, porque, para decirlo clarito, lo que hubo ese día fue represión. El 15 de noviembre no se olvida”.

 * Una buena. Alumnos del CCH Sur, acompañados de sus padres y maestros, iniciaron los recorridos por el plantel para observar los trabajos de renovación de infraestructura que se realizan para fortalecer el tejido social y la confianza de la comunidad. Consisten en instalar torniquetes de control y detectores de metal, así como apoyo emocional vía el fortalecimiento del Departamento de Psicopedagogía.

El pasado 22 de septiembre, un alumno asesinó a un compañero con una navaja e hirió a un trabajador, desencadenando una amplia respuesta de las autoridades de la UNAM.

---

Rocha “el demócrata”

Por Carlos Loret de Mola, en El Universal

Poco a poco, sin hacer aspavientos en la escena nacional, los rivales políticos del gobernador de Sinaloa han ido desapareciendo de la escena: algunos son inhabilitados, otros renuncian y hay a quien incluso han asesinado. Parece que cualquiera que intente disputarle el poder al controversial Rubén Rocha Moya corre con la misma suerte.

Hace unos días, el propio mandatario de Sinaloa, en una candorosa confesión, relató que no llegó a la candidatura de Morena a la gubernatura por estar arriba en las encuestas, sino porque lo impuso López Obrador. En esa contienda interna sus principales rivales eran Luis Guillermo “El Químico” Benítez, de Mazatlán, —el que dice Rocha que lo superaba en las encuestas y debió haber sido el candidato, salvo porque se impuso AMLO—; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán; Gerardo Vargas, de Los Mochis, y Héctor Melesio Cuén, dueño de un partido local aliado con Morena.

La decisión de López Obrador fue que Rocha fuera candidato a gobernador, que Benítez y Estrada se reeligieran como alcaldes, que Vargas compitiera por Ahome — donde está Los Mochis— y que Cuén fungiera como una especie de “vicecandidato” haciendo campaña con Rocha por la gubernatura. Todos ganaron.

¿Todos contentos? Nada más alejado a la realidad. Lo que siguió para los rivales de Rocha fue la debacle:

Estrada ganó la reelección en Culiacán. Fue crítico de Rocha. Rocha lo desaforó en 2022. Hoy ya no tiene peso.

El Químico ganó la reelección en Mazatlán. Rocha le quitó la alcaldía, lo volvió su secretario de Turismo, luego lo destituyó, lo desaforó para que no pudiera volver a la alcaldía y lo expulsó de Morena. El Químico se retiró de la política.

Vargas ganó la alcaldía de Ahome (Mochis) en 2021. Se reeligió en 2024. Comenzó a moverse para la gubernatura y Rocha lo destituyó. Hoy está relegado bajo amenaza de cárcel.

Lo de Cuén fue más grave. Rocha le dio la Secretaría de Salud, lo quitó a los seis meses, Cuén se fue a la oposición y se volvió el principal rival político de Rocha. Ganó la diputación federal en 2024 y antes de tomar posesión fue asesinado el día que se llevaron al “Mayo” Zambada. Rocha armó con su Fiscalía un montaje para decir que Cuén había sido asesinado en una gasolinera. El Mayo acusó que lo mataron en el mismo evento en el que a él le tendieron la trampa de que era una reunión entre ellos tres (Rocha, Cuén y El Mayo). La FGR le dio la razón al Mayo. No hay nadie en la cárcel por estos hechos.

A Rocha no lo quiere la gente en Sinaloa, pero sigue en el cargo… y operando políticamente con un poder inusitado. Ya no están en su camino todos los que podían disputarle la sucesión e incidir en la candidatura de Morena a la gubernatura, que se definirá en un año. La decisión es de él. De él y de los suyos.

---

Campaña contra dos mujeres

Por Raymundo Riva Palacio, en El Financiero
​
La preocupación del gobierno por Rojo de la Vega puede explicarse por factores políticos clave, no porque tenga un peso nacional, sino porque representa una amenaza narrativa y electoral en un espacio estratégico.

Dos mujeres son de alto interés para el régimen: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la parlamentaria española Cayetana Álvarez de Toledo. Rojo de la Vega le preocupa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no logran neutralizarla sin pagar un precio político, y porque su figura alimenta tres narrativas que al oficialismo más le duelen: inseguridad, persecución política y corrupción. En el caso de Álvarez de Toledo, porque el régimen la considera una voz de derecha punzante y una amenaza para sus aliados del partido español Podemos, de Pablo Iglesias, que desvió miles de euros para financiar campañas políticas de Morena.

Contra las dos se dieron instrucciones presidenciales para desbarrancarlas políticamente y bloquearlas. No hay límites en lo que se pueda hacer contra ellas, pero el objetivo es el mismo: que no sigan representando un obstáculo para los objetivos políticos del régimen y que no se conviertan en voces que puedan persuadir a quienes forman parte del electorado volátil mexicano y, aunque una de ellas sea súbdita española, se conviertan en referencia para los inconformes en México, que, por lo que se ha podido apreciar en las últimas semanas, están creciendo rápidamente.

Las elecciones intermedias en 2027 son la primera estación. La intención para descarrilarlas es que se concrete en los próximos meses. El domingo pasado, el columnista de El Universal Claudio Ochoa reveló que, a través del SAT, se han realizado diversas auditorías contra Rojo de la Vega, que no se limitan a ella o a su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, sino a su padre y hermano, por presunto lavado de dinero en una cadena de gimnasios de alto rendimiento y en la venta de suplementos alimenticios. Asimismo, agregó Ochoa, el SAT está investigando otras empresas de su madre, su hermana y de su exesposo. O sea, un tratamiento total contra ella, su familia y cercanos.

Aunado a ello, la presidenta Sheinbaum, tras reclamarle airadamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que no ha podido impedir el crecimiento de Rojo de la Vega y que ya esté siendo considerada como la adversaria más fuerte que tiene Morena en la capital federal, le ordenó utilizar cualquier recurso para anularla. La alcaldesa, que constantemente denuncia corrupción y abusos del gobierno capitalino, se ha vuelto un dolor de cabeza permanente en Palacio Nacional, porque consideran que amenaza un control político cuidadosamente construido en esta capital por su creciente aceptación. La última encuesta de la empresa GobernArte reveló que es la mejor evaluada entre todos los alcaldes en zonas metropolitanas.

La preocupación del gobierno por Rojo de la Vega puede explicarse por factores políticos clave, no porque tenga un peso nacional, sino porque representa una amenaza narrativa y electoral en un espacio que el gobierno considera estratégico: simboliza un desafío directo en un territorio incómodo para el oficialismo, cuya visibilidad estorba el monopolio narrativo del régimen en la capital –su bastión electoral–, y ha construido una narrativa de mujer independiente que combate la corrupción y, a la vez, fortalece la percepción de que los ataques en su contra son persecución y represalia del poder.

Álvarez de Toledo es otra roca en el zapato del régimen por diferentes razones. La diputada del conservador Partido Popular, con raíces aristocráticas y doctora en Historia por la Universidad de Oxford, ha sido una articulada crítica del populismo y del legado de Andrés Manuel López Obrador, a quien ha llamado un “burro de Troya” por haber llegado al poder por los cauces democráticos y, una vez instalado, debilitó la democracia. No ha sido crítica directa de Sheinbaum, pero le ha pedido que rompa con su mentor y enfrente el acuerdo, sostiene, entre el régimen y los cárteles de las drogas.

Sheinbaum, sin embargo, no había dado señales de una molestia real con ella, pero recientemente instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a que explorara si podrían impedir que Álvarez de Toledo pudiera seguir siendo invitada a foros y dar conferencias en México para cancelarla y evitar que personas de la derecha tengan voz en este país. No hace falta hurgar mucho. Ningún tratado internacional contempla lo que pretende la presidenta, y el artículo 33 constitucional, que prohíbe a extranjeros participar en los asuntos políticos de México, que podría estirarse para aplicárselo, chocaría con las obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión –con énfasis en los extranjeros–, siempre que no se trate de pronunciamientos que sugieran ilícitos.

La razón de esta instrucción presidencial es inquietante. Surgió de una petición que le hizo Pablo Iglesias, fundador de Podemos, un partido español de izquierda de poder efímero, que llegó a México a instalar, con el apoyo del coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, Canal Red América Latina, junto con Inna Afinogenova, quien formó parte de la maquinaria de propaganda rusa. Iglesias es protegido del núcleo duro de López Obrador, como lo es otro de los ideólogos de Podemos, Juan Carlos Monedero, que es uno de los cerebros detrás de Morena.

El origen del conflicto de Iglesias con Álvarez de Toledo es personal, no sólo ideológico. La parlamentaria lo ha llamado “hijo de un terrorista”, Francisco Javier Iglesias, miembro del extinto Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que ejercía la violencia revolucionaria, aunque no hay acusaciones directas contra él. Esa confrontación personal tiene una carga simbólica fuerte: no sólo es política, sino también moral e histórica, y permite afirmar, como lo hizo Monedero en una visita de la parlamentaria a México, que representa intereses de la “derecha global”.

Parte de las denuncias de Sheinbaum sobre la participación de la extrema derecha en la manifestación del 15N y de las delirantes acusaciones de que está fraguando un golpe han sido tejidas en el entorno de ese pensamiento español, que se acomoda al enemigo externo que está construyendo la presidenta para lograr la cohesión interna. En este contexto, la voz de Álvarez de Toledo le estorba, al igual que la de Rojo de la Vega, a la que ve como parte del mismo eje y que son, finalmente, figuras disruptivas que erosionan su narrativa, incomodan al aparato y alimentan la idea de una alternancia de poder es posible.

---

Seguimiento al talón de Aquiles de la 4T

Por Leo Zuckerman, en El Financiero
​
En este espacio he dicho que el punto más débil que tiene la Cuarta Transformación es la falta de crecimiento económico. Es su talón de Aquiles.

Llevan ya siete años gobernando y la constante ha sido el estancamiento de la economía nacional.

En los seis años de López Obrador, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue un magro 5%. Si lo vemos por PIB per cápita, el crecimiento fue, de hecho, negativo en el sexenio: -1%.

La misma tendencia continúa en la administración de Claudia Sheinbaum. La economía se está desacelerando en la parte final del 2025 de tal suerte que, si bien nos va, el crecimiento del PIB en este año será de alrededor de 0.3%, es decir, nada.

Para el año que viene, los expertos en materia económica prevén un número mayor, acaso por arribita de 1%.

La realidad es que la economía no crece desde que llegó la 4T al poder.

Esta situación de estancamiento endémico es sostenible en países desarrollados, de ingreso alto, que ya no crecen en población, como es el caso de Japón o Europa. México, sin embargo, sigue siendo un país de renta media, con millones de personas que viven en la pobreza, y con un perfil poblacional todavía al alza. No podemos darnos el lujo de que se paralice nuestra economía.

La sociedad aguantó seis años de estancamiento con López Obrador y volvió a ratificar, en las urnas, al proyecto de la 4T. Mucho influyó, sin duda, la repartición de miles de millones de pesos en programas sociales que beneficiaron a una mayoría de los hogares del país. Tan sólo en 2024, año electoral, el gobierno federal erogó 735 mil millones de pesos en estos programas.

La repartición de recursos en efectivo ha sido tremendamente popular para Morena. Sin embargo, es una bola de nieve que va creciendo con los años. Ya en este 2025, el gobierno gastó 100 mil millones de pesos más en programas sociales para alcanzar los 835 mil millones de pesos; para el siguiente año tienen presupuestados recursos con el fin de alcanzar el billón de pesos.

Y es que, cuando un gobierno reparte recursos de esta manera, la gente demanda cada vez más dinero para estar contenta. El gobierno, presionado por mantener su popularidad, va soltando más y más dinero conforme pasa el tiempo, lo cual va apretando cada vez más las finanzas públicas.

Si hubiera crecimiento económico, el gobierno podría recaudar más dinero de los impuestos. Sin embargo, en un escenario de estancamiento, le quedan tres opciones.

Uno, recortar el gasto en otros rubros, lo cual se antoja ya imposible porque eso mismo hizo AMLO en su sexenio dejando en los huesos partidas tan importantes como la seguridad o salud.

Dos, incrementar la deuda, una opción también problemática porque AMLO se despachó con la cuchara grande el último año de su sexenio incrementando la deuda pública en más de cuatro puntos porcentuales del PIB. Quizá Sheinbaum pueda endeudarse unos puntitos más del PIB, con el riesgo de que el país pierda el grado de inversión, lo cual significaría un incremento en el servicio financiero de la deuda.

Finalmente, el gobierno podría incrementar sus ingresos realizando una reforma fiscal o apretando más a los contribuyentes cautivos.

Lo primero no lo harán porque tendría un gran costo electoral.

Queda, por tanto, seguir exprimiendo a los que sí pagan impuestos utilizando al nuevo Poder Judicial, que ahora controla Morena, y la reforma a la Ley del Amparo, que deja indefensos a los contribuyentes.

Pero esta operación también tiene un límite. Entre más se exprime un limón, menos jugo queda. Lo mismo pasa con los que pagan impuestos.

La falta de crecimiento económico se debe a la falta de apetito por invertir en México. Los empresarios nacionales siguen viendo con aversión a la 4T. Una 4T que está instalando una Estado gandalla, que desmantela contrapesos y reforma leyes para quitarles derechos de protección a los ciudadanos.

Los que tienen dinero desconfían de un gobierno que abusa del poder defenestrando al Poder Judicial, sustituyéndolos con jueces a modo y limitando el derecho al amparo. Amén de la retórica antiempresarial de los grupos más radicales de la 4T que desconfían de los “cochinos capitalistas”, lo único que consiguen es que la desconfianza se vuelva mutua.

Sin inversión privada no habrá crecimiento económico. Sin crecimiento económico será insostenible el modelo político clientelar basado en la repartición de miles de millones de pesos en programas sociales. Y sin dinero en el erario, la 4T difícilmente sobrevivirá. Por eso, el estancamiento de la economía es y será su talón de Aquiles.

---

El doble filo del salario mínimo

Por Enrique Quintana, en El Financiero
​
Se estima que la cifra que se ha manejado —entre 11 y 12% para 2026— será la que finalmente prevalezca.

Estamos a pocos días de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) defina el incremento que tendrán los minisalarios en 2026.

El año pasado el anuncio se realizó el miércoles 4 de diciembre, y el antepasado, el viernes 1 de diciembre. Si se mantiene la costumbre, lo más probable es que la decisión se dé a conocer la próxima semana.

La representación en la Conasami —el órgano que toma la decisión— es tripartita: hay representantes del sector obrero, del sector patronal y del gobierno. Para fijar el incremento se requiere mayoría, aunque usualmente se busca el consenso.

Desde 2018 ha sido claro que existe una posición uniforme entre los representantes obreros y el gobierno. Por esa razón, se estima que la cifra que se ha manejado —entre 11 y 12% para 2026— será la que finalmente prevalezca. Además, está alineada con el objetivo gubernamental de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030.

El INEGI estableció el pasado 12 de noviembre que el costo de la canasta básica (alimentaria y no alimentaria) es de 4,759.91 pesos. Dos y media veces ese valor equivale a 11,899.77 pesos; es decir, a precios actuales, ese sería el salario mínimo mensual en 2030.

Hoy, el salario mínimo vigente (fuera de la zona fronteriza) es de 278.80 pesos diarios, lo que implica 8,364 pesos mensuales. En términos de canastas básicas, representa 1.75 veces.

Para alcanzar la meta oficial, el mínimo tendría que avanzar —si el aumento fuera uniforme— a 1.90 veces en 2026; 2.05 en 2027; 2.20 en 2028; 2.35 en 2029, hasta llegar a 2.5 en 2030. A precios actuales, la meta de 2026 implicaría que el salario mínimo se ubicara en 2026 en alrededor de 9,043 pesos mensuales, equivalente a un incremento de 8.1%.

Si el aumento fuera como el del año pasado (12%), el poder adquisitivo ascendería a 1.97 canastas básicas.

Parece, sin embargo, que la lógica que prevalecerá no será económica, sino política. Veremos.

En los círculos empresariales persiste la preocupación por el alza en los costos que enfrentan las pequeñas empresas.

Uno de los argumentos más reiterados es que los incrementos no solo afectan al mínimo, sino también al salario medio de cotización, la referencia más sólida sobre el salario promedio del sector formal.

Entre 2018 y la fecha actual, el salario medio de cotización ha aumentado 76.7%, mientras que la inflación acumulada en ese periodo es de 39.8%. El salario real, por tanto, ha crecido 26.3%.

Excelente noticia para los trabajadores, pero difícil para las empresas que no han logrado elevar su productividad en esa proporción.

El gran dilema —que pocos observan— es que estas presiones de costos laborales podrían llevar a muchas empresas a cerrar o a migrar a la informalidad.

El discurso oficial insiste en que el salario mínimo estaba rezagado. Es un hecho. Pero eso no implica que las Pymes tengan margen suficiente para absorber los incrementos por venir.

Los grandes empresarios, convertidos en los “villan