‘Tradwife’ a la mexicana

Por Viri Ríos, en El País
No es difícil encontrar en redes sociales a mujeres que se identifican como “esposas tradicionales” o tradwives: personas que, por decisión propia, dedican su tiempo al hogar y a satisfacer las necesidades de sus esposos.
A diferencia de sus contrapartes estadounidenses o europeas –que suelen presentarse como parte de clases medias o incluso rurales– las tradwives mexicanas más visibles son, en su mayoría, mujeres urbanas que se reconocen abiertamente como pertenecientes a la clase alta. Es común que se autodenominen “Señoras de Las Lomas” o “Sanpetrinas”, en referencia a zonas de alto poder adquisitivo en la Ciudad de México y Nuevo León.
En redes sociales se las observa cocinando, organizando eventos escolares o sociales y atendiendo a sus hijos. Sin embargo, a diferencia del imaginario internacional, las tradwives mexicanas también aparecen frecuentemente en gimnasios exclusivos, desayunando en restaurantes de lujo, asistiendo a estudios de belleza o participando en actividades recreativas de clubes privados.
La pregunta es si esta fuerte connotación de clase constituye realmente el perfil esencial de la tradwife “a la mexicana”, y si, como sugieren las plataformas digitales, este modelo de vida está creciendo entre las generaciones más jóvenes.
Para explorarlo, analicé la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en busca de mujeres casadas –o que viven en unión libre– que no trabajan, no tienen intención de trabajar y reportan no tener necesidad ni deseo de hacerlo. Es decir, mujeres dedicadas al hogar cuyos hogares dependen totalmente del ingreso generado por su pareja, un hombre identificado oficialmente como “jefe del hogar”.
Los resultados muestran que, más allá de lo que circula en redes, en México las tradwives son pocas y su proporción no ha variado sustancialmente. Solo el 9% de las mujeres adultas cumplen con este perfil, prácticamente el mismo porcentaje que hace dos décadas, cuando representaban el 11%.
Contrario a la imagen difundida por redes, las tradwives mexicanas no suelen pertenecer a los estratos más ricos, ni más pobres, sino a niveles intermedios de ingreso. De hecho, la mayoría forma parte de hogares en situación de vulnerabilidad o de pobreza, pero no extrema.
Esto también se refleja en su nivel educativo: las tradwives son más comunes entre mujeres con educación secundaria (13%). En cambio, entre quienes tienen posgrado o no cuentan con educación primaria las tradwives casi no existen (4% o menos). En el primer caso, porque prevalece el deseo de trabajar. En el segundo, porque la necesidad económica obliga a hacerlo.
Sin embargo, no por ello puede decirse que las “Sanpetrinas” no existen. Existen y son muchas. Nuevo León es el Estado con más tradwives urbanas del país (14%). Y sobre todo, se destaca por tener una gran cantidad de tradwives de clase alta. De hecho, el 20% de todas las tradwives urbanas del Estado tienen nivel licenciatura o posgrado, algo que se correlaciona claramente con los ingresos altos.
También existen, aunque en menor medida, las “Señoras de Las Lomas”. En Ciudad de México, hay muy pocas tradwives (solo el 6% de las mujeres adultas lo son), pero a diferencia de otros estados, las pocas tradwives chilangas que existen parecen tener un nivel de ingreso mayor que en el resto del país. El 25% de las tradwives en Ciudad de México tienen licenciatura o posgrado, un dato que está fuertemente correlacionado con mejores ingresos. Se trata de mujeres de alto poder adquisitivo que invirtieron tiempo y recursos significativos en su formación profesional, pero que no buscan incorporarse al mercado laboral. Hace veinte años, únicamente el 11% de las tradwives de Ciudad de México tenía educación superior. Sinaloa es el único Estado donde una mayor proporción de tradwives tienen licenciatura (26%).
Una de las dudas más frecuentes en redes es si el estilo de vida tradwife está aumentando, particularmente entre mujeres jóvenes. Los datos no respaldan esta idea. En las últimas dos décadas, el porcentaje de tradwives de 35 años o menos no ha mostrado cambios significativos.
Así, más que constituir un retorno al conservadurismo, el fenómeno tradwife en México revela una tensión entre una idea aspiracional que se construye en las redes sociales, en este caso ser una mujer rica que no tiene que trabajar, y una realidad en la que el país avanza, casi en su totalidad, hacia mayores niveles de autonomía económica y acceso a la educación para mujeres.
Esta coexistencia de tendencias opuestas muestra que México no transita por una sola ruta cultural, sino por varias al mismo tiempo. Y que, incluso entre aquellas mujeres que han decidido dedicarse al hogar, tener un título universitario es cada vez más común, lo que abre la puerta a que ser tradwife sea solo temporal.

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Morenistas contra el Segundo Piso

​Por Jorge Zepeda Patterson, en Milenio

El Plan México es un elemento clave para lograr armonizar el avance en conjunto de la sociedad y gobierno. Ariana PérezEl Plan México es un elemento clave para lograr armonizar el avance en conjunto de la sociedad y gobierno.Ariana Pérez
Se dice que quien ha sido martillo mucho tiempo ve al mundo con cara de clavo. Es la sensación que me deja una pulsión que observo en Morena. Tras tantos años de ser una oposición en permanente desventaja frente al poder y de padecer las malas artes y los abusos del sistema, son comprensibles las actitudes defensivas y militantes. Sin embargo, una vez en el poder, tal comportamiento puede ser contraproducente, un lastre para la tremenda tarea de convertirse en un gobierno para todos.
La Cuarta Transformación, me parece, se encuentra en un punto de inflexión. La coyuntura la ha puesto en un dilema: optar por una versión ideologizada y politizada de sí misma, concentrada en el poder político y la reproducción de gestos y discursos destinados a fortalecer la identidad con su base social; o intentar ampliar el proyecto de transformación para incluir otras fuerzas sociales y productivas, aun cuando esto implique una convivencia política e ideológica. En esencia, quedarse en el primer piso o transitar al segundo.
A ratos parecería que la propia Presidenta está sujeta a este dilema. Por un lado, el esfuerzo de modernización y racionalización de la administración pública es enorme y el compromiso de Sheinbaum con el Plan México es indudable. Está en marcha una verdadera transformación del gobierno, un legado que permitirá cambiar muchas cosas. Pero hay momentos en los que exhibe una veta polarizante o defensiva que alimenta a una corriente dura, poca dispuesta a construir puentes. La descalificación de los otros, la rapidez con la que blinda de toda crítica a Morena y a sus miembros, la tentación de calificar las inconformidades como fruto de la mala leche de la oposición, el argumento de que el verdadero sentir de la población es el del pueblo que la arropa en sus giras, como si cualquier otro sentimiento de descontento fuese falso.
Morena se equivoca cuando aborda las inconformidades en términos binarios: a favor o en contra de la 4T. Si asume que las acciones y expresiones de descontento son instigación de la oposición, terminará entregando en brazos de esta el enorme activo que representa el sentir de distintos vecinos, comunidades y ciudadanos que tienen agravios, muchos de ellos preexistentes a la 4T. Pueden ser correctos o incorrectos, pero la autoridad está obligada a gestionarlos, no a acusarlos de ser peleles de los adversarios. Además del insulto, terminan otorgando a la oposición un poder que no tiene. Desde luego que hay gente que se sube a las marchas buscando proteger ventajas o privilegios o intentos de la oposición de ponerse al frente de los quejosos. Pero eso no quiere decir que la expresión de las muchas demandas que existen en el país tenga como propósito debilitar a Morena o a Claudia Sheinbaum; la mayoría simplemente busca que su problema sea atendido ¿No sería más fácil reconocer que hay muchos motivos legítimos de preocupación y que el gobierno está intentando resolverlos en la medida de sus capacidades?
Las dos actitudes están presentes en la 4T. A la larga una debilita a la otra. Para efectos prácticos Morena controla el poder político en México. Pero, viviendo en una sociedad de mercado, el ritmo de la actividad económica lo ejerce el sector privado. La esfera pública genera 27 por ciento del PIB del país y establece líneas generales que afectan al resto de los actores económicos; pero son estos los que en última instancia definen la inversión y el empleo. Ninguno de los dos está creciendo. Y, desde luego, en nada ayuda el efecto Donald Trump. Llueve sobre mojado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum entiende que la economía mexicana no se reactivará hasta que no logre romper esta inercia. En buena medida eso es el Plan México, un mapa de ruta para encontrar una fórmula capaz de propiciar la inversión y, a la vez, calidad de vida para las mayorías empobrecidas. Crecimiento con distribución.
Pero una cosa es poner parques industriales y otra muy distinta conseguir que cientos o miles de empresas inviertan y cientos de miles o millones de trabajadores acudan a ellos. Lo primero es condición necesaria, pero no suficiente. El Plan México intenta diseminarlos por todo el territorio, pero la batalla política que busca concentrar el poder en Morena y polarizar a la sociedad en dos proyectos de país como si fuesen incompatibles, tiende a convertirlos en páramo. El riesgo es quedarnos a medio camino. Una parte del gabinete parecería estar en un frente, el segundo piso de la 4T, la otra parte, quizá sin proponérselo, torpedea ese esfuerzo y la inercia le lleva a enquistarse en el primer piso.
La historia es más compleja que un guion de héroes y villanos. Durante 35 años se instaló un modelo que permitió la prosperidad de un tercio de la población, pero redujo oportunidades para la mitad o más de los mexicanos. El país necesitaba un cambio y es comprensible que ese tercio que prosperó lo vea con recelo. Quienes consideramos que es urgente hacer algo de fondo para reducir la desigualdad tenemos dos opciones para relacionarnos con quienes tienen temor a esos cambios: imponer nuestro proyecto satanizando lo que no quepa en él y asegurando el control absoluto del poder político o, por otro lado, encontrando vías de negociación para hacer transitable el proyecto a otros que no lo consideran suyo.Es el dilema de la 4T, aunque en el fondo me parece un falso dilema, porque el primer camino es el de la derrota. El control político no alcanza, como bien lo han mostrado la experiencia venezolana o los gobiernos populares derrotados en Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú, y el trance en el que se encuentran Chile y Colombia. El Estado tiene recursos para un primer impulso de mejoras sociales, pero al no lograr el involucramiento de las fuerzas económicas se estanca la posibilidad de sacar a la población de la pobreza.Se entiende que la Presidenta está obligada a buscar la unidad dentro de Morena; es cierto que no puede permitir que su propio movimiento la rebase o que el obradorismo perciba al segundo piso de la 4T como una traición a sus principios. Supongo que sus declaraciones “militantes” mitigan ese riesgo. Sin embargo, entrañan un problema, porque gobernadores y cuadros “duros” del gabinete lo replican de manera vertical y en muchas ocasiones con soberbia e intransigencia. Dilucidar las diferencias políticas en exhibiciones de músculo con movilizaciones al Zócalo, literalmente calienta la plaza y genera nerviosismo. Una escalada de agitación que a nadie conviene. Son señales que inhiben los esfuerzos que el Segundo Piso de la 4T realiza para convencer a otras fuerzas de la premisa “por el bien de todos, primeros los pobres”.En suma, nunca como ahora necesitamos la cabeza fría y la madurez de Claudia Sheinbaum.

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El Hombre de la Marcha: de perseguido a persecutor

Por Azucena Uresti, en El Universal
​Durante décadas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador caminó —a veces solo, a veces rodeado de miles— convencido de que la transformación del país se ganaba en la calle. Fue el hombre del plantón, el dirigente que convirtió la protesta en su forma de vida y en su única herramienta política. El “Quijote tropical” —en lugar de ver gigantes donde había solo molinos de viento— veía fraudes donde en realidad había derrotas, veía agravios donde había un proceso institucional, y entonces decidía marchar. Marchaba siempre.
Por eso es hasta risible —si no fuera preocupante—, que hoy, desde el poder, se critiquen, ridiculicen o descalifiquen las manifestaciones. Que se acuse de derechistas, enemigos, infiltrados, desestabilizadores o conspiradores de ultraderecha a quienes hacen exactamente lo que López Obrador hizo durante treinta años: ocupar plazas, cerrar calles, forcejear con la policía y gritar su desacuerdo. En la narrativa ya no hay molinos; ahora todos los que disienten son enemigos reales, peligrosos, indignos de la calle —que él consideraba suya— que además son perseguidos o, en el peor de los casos, detenidos y acusados de tentativa de homicidio sin pruebas fidedignas.
En 1991 fue López Obrador quien encabezó el Éxodo por la Democracia, caminando alrededor de mil kilómetros desde Tabasco hasta la Ciudad de México para protestar por un presunto fraude electoral.
En 1995 y 1996 fue López Obrador quien organizó bloqueos a pozos y terminales de Pemex para presionar al gobierno federal mediante la parálisis petrolera. Lideró plantones, tomas de carreteras y marchas masivas en Tabasco durante años, acusando al priismo de robarle elecciones una y otra vez.
En 2005 fue López Obrador quien protagonizó la Marcha del Silencio en el entonces Distrito Federal cuando el desafuero amenazaba su candidatura presidencial.
En 2006 fue López Obrador quien, tras las elecciones presidenciales de ese año, encabezó el plantón que sepultó el Paseo de la Reforma bajo lonas, casas de campaña y discursos interminables durante más de 45 días.
En 2013 y 2014 fue López Obrador quien participó —directa o indirectamente— en protestas, bloqueos y disturbios contra la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
En 2022, fue López Obrador quien, ya como presidente, llamó a marchar y concentrarse en el Zócalo capitalino el 27 de noviembre para demostrar fuerza y músculo político “por los cuatro años de la Transformación”.
La calle fue siempre su espada, la protesta su Rocinante, la marcha su terreno natural. Con ellas comenzó a sembrar una identidad, una narrativa de lucha y una carrera política que dio como fruto la Presidencia de la República.
Hoy —insisto— se ve cualquier protesta ajena al poder como traición, como amenaza directa. No se reconoce en el otro lo que el lopezobradorismo fue durante toda su vida. Y así, como aquel caballero andante que confundía molinos con monstruos, López Obrador —junto con sus sucesores— desprecia y arremete contra quienes marchan, sin ver que en cada paso, en cada cartel, en cada grito, también va parte de su propia historia.
La democracia también se defiende con ciudadanos en movimiento. Lo mismo en 1991 que en 2025. Y nadie lo sabe mejor que él: el hombre de la marcha.

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¿Habrá 'beso del diablo' versión 2026?

Por Joaquín López Dóriga, en Milenio
En los primeros meses de gobierno de José López Portillo (1976-1982) y en su punto más alto, tras su mensaje de toma de posesión, su antecesor Luis Echeverría ejercía un maximato sobre su amigo de juventudes y operaba políticamente desde su residencia de San Jerónimo, aquí en Ciudad de México, al lado de la cual había levantado la sede de su Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
El punto fue cuando Gustavo Carvajal, presidente del PRI, visitó a Echeverría enviando el mensaje de que es éste y no aquél quien marcaba la ruta del nuevo gobierno.
Eso llevó a don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, a tener una seria conversación en Los Pinos, donde le dijo que su amigo Luis seguía dando instrucciones a su gabinete a través de la red presidencial que mantenía.
Según una crónica de Héctor Aguilar Camín, que coincidió con la de Gastón García Cantú, Reyes Heroles visitó a Echeverría y le dijo: no es adecuado que usted siga llamando a funcionarios del gabinete. Ya no es el presidente de la República. Esa intervención no lo ayuda a usted ni al país. Usted ya cumplió, ahora déjenos gobernar.
Acto seguido, ordenó que le cortaran la red presidencial y un grupo de oficiales del Estado Mayor Presidencial se presentó en San Jerónimo a llevarse los teléfonos rojos de su oficina y casa, para que le quedara claro el mensaje.
Sobre Carvajal, se refirió la frase de que había ido a recibir el beso del diablo.
Hoy el ex presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene red ni como Echeverría sale de su búnker, en Palenque.
Pero eso no quiere decir que esté ajeno a la política e intervenga vía algunos de los suyos, en especial de su hijo Andy, autodeclarado legatario, al que antes de irse designó secretario de Organización de Morena.
No lo veo dando línea directa a la Presidenta ni a ella siguiéndola.
Pero sí a los suyos.
Y con eso él cree tener bastante para lo que viene.
Solo falta la invocación del citado beso del diablo.

Retales
1. Cucu. Noroña, como su amigo Maduro, es de los que habla con pajaritos. Citó a una conferencia de prensa en el Senado, no asistió nadie y dijo al vacío: ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Las medicinas;
2. Vapeadores. El Congreso aprobó, como quiso López Obrador, la prohibición a nivel constitucional de los vapeadores. Llevó un caso familiar a una política pública. Pero al prohibirlo entregó un nuevo negocio al crimen organizado. Espero que la Presidenta ordene que se regule, no que se prohíba por lo que implica; y
3. Impunidad. El caso de Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, se ha convertido en un escándalo mundial por su relación con el crimen organizado, traficante de armas, dinero, drogas y combustible. La FGR lo tiene y quiere ser testigo protegido. ¿A quién quiere empinar? Le tendré más. 
Nos vemos mañana, pero en privado

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De distractor a bomba

Por Raymundo Riva Palacio, en El Financiero
Raúl Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, es un claro control de daños para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor.
No podía haber caído en mejor momento para desviar la atención de las crisis múltiples que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum: Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado. Abrió la caja del silencio y filtró a la prensa que le otorgaron un criterio de oportunidad para evitar ser procesado y encarcelado por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. Rocha se fue a Tailandia a meterse en otro problema con el concurso y, de regreso a México, se encontró con que, aunque no iría a la cárcel, su fama pública había terminado de hacerse pedazos.
Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, un claro control de daños –se puede conjeturar–, para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor, como sucedió cuando, para apaciguar al presidente Donald Trump, la Marina se sacó de la manga una investigación sobre contrabando de combustible en Tamaulipas, que no sabía, ni tampoco la presidenta, que iba a escalar a las alturas del poder del régimen.
La orden de aprehensión que solicitó la FGR menciona a una decena de personas que presuntamente operaron los delitos imputados, pero como subordinados de Rocha, o como Jacobo Reyes León, director de Seguridad de Acolman, un municipio mexiquense pegado a Ecatepec, a quien le pagaba, según el documento, por darle información de la FEMDO. El criterio de oportunidad exige que aporte información “esencial y eficaz” para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, donde, por su naturaleza, no puede darla sobre personas subordinadas a quien lo obtiene, sino de aquellas que, por sus funciones, entran en el supuesto.
Este es el punto donde el caso Rocha puede volverse, como el de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, en un asunto tan caliente que la presidenta decida meter el freno y pararlo en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen. De acuerdo con reportes de inteligencia, Rocha tiene vínculos con el Grupo Virreyes, que está siendo investigado por la FGR porque una de sus empresas, Mada Energy, con sede en Querétaro, operaba gasolineras en Tamaulipas cuyo combustible compraba a pipas de origen desconocido, que vendía en 19 pesos el litro de gasolina regular, cuando en el mercado local el litro estaba en 21.69 pesos, poco después del aseguramiento de un barco con huachicol, que detonó la investigación con los marinos.
El Grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano, tiene relaciones abiertas con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y con el expresidente de Morena, Mario Delgado, quienes han sido señalados en investigaciones en México y Estados Unidos como parte de las redes del contrabando de combustible. Los reportes de inteligencia señalan que, además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenían una relación estrecha con ese grupo.
La investigación, cuyos generales fueron publicados ayer en la prensa, se inició el 29 de noviembre del año pasado a partir de una denuncia anónima. Esa investigación derivó en la causa penal 307/2025 del 7 de agosto de este año, en la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó una orden de aprehensión en contra de 13 personas, entre las que se encontraba Rocha, por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. La jueza a la que le pidieron la orden de aprehensión, en el Estado de México, la rechazó por carecer de legal competencia por cuestiones de territorio –fuera de su jurisdicción– y de seguridad, porque las autoridades dijeron que los delitos se habían realizado en Querétaro y la Ciudad de México.
La FEMDO llevó el caso a Querétaro, donde se abrió el 15 de noviembre la causa penal 495/2025, que es lo que se filtró a la prensa. En ella aparecen al menos ocho de las 13 personas imputadas en la causa penal inicial de agosto, en la que figuran la fiscal especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la FEMDO, Raúl Manrique Miranda, y una jueza federal, Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, en Querétaro. No aparece en la orden que publicó la prensa Jorge Alberts Ponce, que sí figura en la causa penal del 6 de agosto. Alberts Ponce dirige una empresa que le daba servicio de vigilancia a Banobras en el sexenio pasado y es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Según lo que publicó la prensa, la denuncia anónima presentada en la FGR detonó la investigación el 29 de noviembre del año pasado, dos semanas después de que el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que sus predecesores Adán Augusto López y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, “deberán responder por la violencia” en el estado.
May inició una investigación contra La Barredora, que manejaba el exdirector de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el senador López, que era un brazo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que operaba una ruta de contrabando de combustible desde la frontera con Guatemala hasta Tamaulipas. La denuncia que involucra a Rocha lo imputa con la misma organización criminal y con su aliada en la capital federal, La Unión Tepito, que tenía tratos con los oficiales de la Marina Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. La investigación contra ellos por el huachicol fiscal, que destapó la cloaca en el olimpo de la cuatroté, está congelada. La de Bermúdez Requena también. Los exgobernadores de Tabasco tampoco están siendo investigados. Todas las investigaciones por el contrabando de combustible, de manera extraña, están paradas. El caso Rocha podría seguir el mismo camino, una vez que cubra y haga olvidar las múltiples crisis de la presidenta.

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El dueño de Miss Universo y la casa de Palmas

Por Carlos Loret de Mola, en El Universal
El dueño de Miss Universo puede entrar a México, caminar tranquilamente por el país, acudir a algún restaurante de lujo y destapar una botella de vino cara. Raúl Rocha Cantú no es prófugo de la justicia. Es testigo protegido del gobierno, es decir, aceptó su responsabilidad como operador de una red de huachicol y tráfico de armas para el narco, y prometió dar información que vincule a otros empresarios y a funcionarios públicos.
La gran pregunta es: ¿a quién se comprometió a “empinar” Raúl Rocha Cantú? ¿quiénes son los peces más gordos en ese organigrama criminal que obtuvo visibilidad por el controversial certamen Miss Universo?
Hace cuatro años, llegó hasta las más altas esferas del gobierno federal —entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador— una denuncia que implicó a Raúl Rocha Cantú con el financiamiento ilegal a las campañas políticas de Morena. Esa denuncia lo vinculó con dos personajes que siempre han estado bajo sospecha en la élite del poder: Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y hoy secretario de Educación Pública; Ricardo Peralta, quien fue director de Aduanas y subsecretario de Gobernación en la administración pasada; y los hermanos Sergio y Julio Carmona, conocidos como “Los Reyes del Huachicol”.
Se señaló que entre los tres habían organizado una red de corrupción, huachicol fiscal y extorsión a casinos. De esta triada de actividades habrían obtenido los recursos para manejar el financiamiento de campañas políticas (y amarrar compromisos económicos a cambio): la de Mario Delgado a la dirigencia de Morena, así como las aspiraciones a la gubernatura de Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Castro en Baja California Sur, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Félix Salgado Macedonio en Guerrero, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Américo Villarreal en Tamaulipas, David Monreal en Zacatecas.
Cuenta el reporte interno, que circuló en el gabinete de Seguridad del entonces presidente López Obrador y al que tuve acceso, que estos personajes desfilaron por una oficina operada por Peralta y Rocha, ubicada en el Paseo de las Palmas 910 de la Ciudad de México, con la carátula de una consultoría político electoral.
La red fue inicialmente denunciada por la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, quien fue impulsada por AMLO para ser ministra de la Suprema Corte y luego fue de las que se rebeló a cualquier intento de sometimiento. A esta denuncia agregó datos Porfirio Muñoz Ledo (qepd) cuando compitió contra Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena, en una elección que fue cuestionada por fraude en las encuestas.
El lunes le pregunté a Raúl Rocha Cantú en W Radio a este respecto. Dijo: “falso, completamente falso… yo ni apoyo campañas políticas… no soy ni de Morena ni del PRI ni del PAN, tengo la relación que uno puede llegar a tener como cualquier mexicano”.

Saciamorbos. ¿Y la visa?

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Palacio Nacional va por el control de la FGR

Por Mario Maldonado, en El Universal
Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) fue un hervidero. Desde temprano, con la publicación de dos contenidos en la prensa, se desató el rumor de la salida de Alejandro Gertz Manero. Los peores temores se confirmaron con la visita del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a Palacio Nacional, para abordar el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum. 
Horas después, el Senado emitió un citatorio y convocó a una sesión extraordinaria para este jueves a las 10 de la mañana, mientras los enlaces de la FGR con el Poder Legislativo cabildeaban hasta el último momento para negociar los votos e intentar frenar la “renuncia forzosa”; y, en todo caso, preparar un transición ordenada. Hasta el cierre de esta columna, la información no había sido confirmada oficialmente. Los senadores y senadoras fueron convocados a las 8:30 de la mañana a una reunión previa a la sesión extraordinaria. También los funcionarios de la Fiscalía, a las 9 am. Se asegura que en esta última reunión estará presente la presidenta Sheinbaum. 
Tanto en el Senado, con Adán Augusto López, como en la Cámara de Diputados, con Ricardo Monreal, todo el día hubieron reuniones de los enviados de la FGR, mientras en sus oficinas de Santa Fe se acrecentaba la incertidumbre y se anticipaba el peor escenario.
La posible salida de Gertz no sería sorpresiva, pero sí adelantada. Como escribió ayer Carlos Loret de Mola en su columna de EL UNIVERSAL, Palacio Nacional ya habría intentado removerlo hace un mes. Las filtraciones de expedientes sensibles, muchos de los cuales abrieron auténticas cloacas de corrupción de altos funcionarios de gobierno, legisladores y las Fuerzas Armadas, colmaron la paciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otras razones son el desgaste del fiscal en siete años al frente de la FGR, su confrontación con distintos sectores políticos y el creciente costo que representa mantenerlo en un cargo en el que el algunos integrantes del gobierno y legisladores ya no lo consideraba un aliado 100% confiable.
Esas filtraciones han puesto a Gertz Manero en la antesala de su salida anticipada de la Fiscalía. Uno de los primeros estallidos ocurrió con el expediente del huachicol fiscal que implicó a mandos castrenses y señaló directamente a los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda: los hermanos Farías Laguna. Aquella filtración no sólo exhibía el desfalco multimillonario –se habla de por lo menos 600 mil millones de pesos– vinculados al robo de combustibles, sino que también salpicaba a personas cercanas al círculo del expresidente, incluido su hijo Andrés Manuel López Beltrán y otros morenistas de alto perfil. 
Luego vino el expediente sobre “La Barredora”, un caso de vínculos criminales que alcanzaron a Adán Augusto López y a una parte del llamado grupo Tabasco. Si bien se atribuye al gabinete de seguridad y al actual gobierno de Tabasco, de Javier May, dicha filtración, aquello tensó aún más la relación entre la Fiscalía y quien hoy lleva las riendas de Morena en el Senado.
Pero la filtración que lesionó, al parecer de manera definitiva, la relación entre la FGR y el gobierno de Sheinbaum fue el expediente contra Rubén Rocha Aguilar, el empresario que posee el 50% de la franquicia Miss Universo, acusado de huachicol, tráfico de armas y otros delitos. El documento detalla que Rocha había negociado un criterio de oportunidad para evadir su orden de aprehensión, un acuerdo que, según fuentes gubernamentales, no sólo no fue consultado con la Presidencia, sino que fue interpretado como un acto de “mala fe” por la administración de Sheinbaum. Esta fue la gota que derramó el vaso.
La potencial salida de Gertz abre una nueva disputa por el control de la Fiscalía General de la República. En Palacio Nacional se mueven cuatro nombres con fuerza. El primero es Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, cercano a Sheinbaum y arquitecto jurídico de varias de las reformas, entre ellas la Judicial. Le sigue Ernestina Godoy, exfiscal de la CDMX y actual consejera jurídica de la Presidencia, con amplia confianza en el círculo íntimo del oficialismo y un perfil de lealtad absoluta. También aparecen Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, y José Luis Cervantes, actual fiscal del Estado de México; este último es visto como una opción técnica, disciplinada y con menos costo político en caso de que la Presidencia opte por un perfil más independiente y autónomo.
La salida de Gertz marcaría el fin de un ciclo en la procuración de justicia del país, pero abriría otro igual de complejo: uno en el que la presidenta Sheinbaum busca recuperar el control político y jurídico del país en medio de presiones y pugnas internas, y tensiones con Estados Unidos. La sucesión en la FGR será el primer termómetro de los cambios de altos funcionarios que se preparan el gobierno de Sheinbaum. 

Posdata 1
La nueva embestida judicial encabezada por la ministra Lenia Batres, y respaldada por algunos de los recién llegados Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías e Irving Espinoza, además de Loretta Ortiz, para permitir la reapertura de todos los juicios con sentencia firme vuelve a encender las alarmas en el sector empresarial y de los grupos económicos y políticos de Estados Unidos, así como de los críticos de la reforma judicial. Reabrir casos cerrados significaría echar por tierra el principio constitucional de la “cosa juzgada” y entierra la certeza jurídica en la que descansan las inversiones nacionales y extranjeras, justo en el momento en que México debería generar certidumbre rumbo a la renovación del TMEC en 2026 y para contener la desaceleración económica.
En contraste con ese bloque, la ministra Yasmín Esquivel salió a fijar una postura dura. Advirtió que la Corte no puede “inventar instancias judiciales que ni siquiera el legislador consideró” y que dejar atrás la cosa juzgada supondría un golpe directo a la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica del país. Su mensaje, más político de lo habitual, retomó el malestar que desde hace semanas expresan empresarios nacionales y estadounidenses, especialmente después del choque entre Lenia y Femsa, cuando la ministra planteó revisar un asunto fiscal ya resuelto.
Si la propuesta prospera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría ratificando los temores más profundos de los inversionistas y de los críticos de la reforma judicial: que el máximo tribunal deje de ser un árbitro de estabilidad y se convierta en un órgano capaz de reinterpretar todo lo ya juzgado y, por tanto, de reabrir cualquier conflicto económico, fiscal o gubernamental. Pésima señal.

Posdata 2
En un día atípico, por no decir insólito, la Cámara de Diputados aprobó 10 dictámenes por unanimidad, todos impulsados por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Un raro momento de alineación política promovido por el coordinador morenista Ricardo Monreal que contrasta con el clima de polarización que domina el resto de la agenda nacional. Monreal lo aprovechó para presumir eficacia y oficio político en un Palacio Legislativo acostumbrado más al choque que al consenso.
El coordinador de Morena, con la mira puesta en mantener cohesionado el bloque oficialista, agradeció públicamente a los jefes parlamentarios del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano. Mencionó por nombre a Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval, Carlos Puente e Ivonne Ortega, como una especie de reconocimiento a la operación que permitió sacar adelante esa decena de dictámenes sin sobresaltos.
Monreal planteó que “lo cortés no quita lo moreno”, un guiño que busca equilibrar la disciplina del partido con la necesidad de reconstruir puentes en un país completamente polarizado. En plena discusión de reformas estratégicas, Morena necesita mostrar gobernabilidad y control, pero también capacidad de diálogo. Estos gestos, aunque breves y excepcionales, sirven para mandar la señal de que aún existen espacios de entendimiento.

Posdata 3
La agenda económica de Claudia Sheinbaum ha estado cargada esta semana. Primero recibió a Carlos Slim, a su hijo Marco Antonio y a Francisco Cervantes, una triada que no suele aparecer junta si no hay un mensaje de fondo. Slim se ha convertido en uno de los principales interlocutores de la Presidenta —como lo fue con López Obrador— y Cervantes, el todavía presidente del CCE, quien funge como puente institucional entre el gran empresariado y el gobierno. La lectura en el sector privado es que Sheinbaum está consolidando un gabinete económico paralelo, con Slim como asesor permanente y Cervantes como operador del “nuevo entendimiento” con las cúpulas.
Un día después, el martes, llegó a Palacio Nacional, Olegario Vázquez Aldir, otro de los empresarios cercanos y confiables de Sheinbaum. Vázquez Aldir ha acompañado proyectos de infraestructura, salud y turismo del incipiente gobierno y su presencia en la misma semana que los magnates de Grupo Carso e Inbursa confirma que la mandataria está tejiendo un círculo de confianza basado en actores probados, disciplinados y con alta capacidad de inversión. 
Estos encuentros se dan justo cuando el gobierno prepara el cierre de un año complejo —con estancamiento económico, presiones fiscales y tensiones por las reformas estructurales— y necesita recomponer la narrativa del “México’s Moment” y el nearshoring.

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¿Casi el paraíso o ‘política del malestar’?

Por Francisco Garfias, en el Excélsior
Un pleno semivacío, con oradores que hablaban al aire, enmarcó la comparecencia en el Senado de Ariadna Montiel. Por el contenido de lo manifestado por la titular de la Secretaría de Bienestar, podríamos bautizar el ejercicio como “casi el paraíso”. Nada qué ver con el libro de Luis Spota y su crítica a una parte de la sociedad mexicana que, en la década de los cincuenta, escondía su mediocridad detrás del lujo y el poder, sino con el abatimiento de la pobreza y la desigualdad que presumió.
Pintó un México que triunfa sobre la pobreza, con menos contrastes sociales, donde, dijo, “los de abajo mejoran su condición sin que los de arriba pierdan”.  ¿Hablaba de Dinamarca?
* Lo primero que escuchamos durante la comparecencia fue la cifra que los morenistas repiten en todos los foros: 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los siete años de la Cuatroté. Pero también que 32 millones de personas reciben un programa del bienestar y que la inversión en los programas sociales es de 850 mil millones de pesos.  
“Hace pocos años, el ingreso de los más ricos era 30 veces superior a los de los más pobres. En 2024, esa brecha se redujo 14 veces”, aseguró Montiel. ¿En serio?
* La priista Anabell Ávalos Zempoalteca reviró duramente el discurso de la secretaria de Bienestar. 
Contradijo: “Estamos ante la política del malestar, de la inseguridad y la violencia; del desempleo, la extorsión, la falta de medicamentos y de un ataque feroz para quienes se atreven a criticar la ineptitud y la corrupción”.
Más adelante: “Por más que afirmen que sacaron de la pobreza a 13.4 millones de personas, el pueblo mexicano se sabe y se siente más pobre, más inseguro, sin empleos, sin un servicio de atención médica, sin educación, pero, sobre todo, sin oportunidades”.
Habló de un país endeudado, de terrorismo fiscal, de corrupción galopante, de contubernio de morenistas con el crimen organizado, de destrucción de la división de poderes, de inseguridad jurídica. “No por nada empresas como Nissan y Movistar están huyendo de México”, ilustró.
Fue una comparecencia larga. Dos rondas de preguntas. Doce oradores de los seis grupos parlamentarios con cinco minutos para exponer cada uno, más las intervenciones, de 20 minutos cada una, de la compareciente.
* A Noroña le hicieron el vacío. Ni un solo reportero de la fuente asistió a la conferencia de prensa que convocó en el Senado para insultar, por enésima vez, a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo —a la que califica de “fascista” y ambiciosa”—, y quejarse de que hay una campaña insidiosa en contra de él. A la conferencia sólo asistió la “comisión de relleno”, integrada por personal de Comunicación Social del Senado. Lo más patético es el remate que le dio a su monólogo: “¿Hay preguntas?”. 
Noroña no se quedó con las ganas. Llevó el tema a la tribuna del Senado. También hizo una transmisión en vivo a través de sus cuentas en redes sociales. El teatral, misógino, gritón, agresivo y ahora chantajista senador amenazó con revelar información que, dice, le llegó del asesinado alcalde de Uruapan, a quien calificó como el “Bukele mexicano”.
“Podría ir más lejos. Me voy a guardar una aquí (pero) si me siguen dando guerra, mañana la saco”, advirtió.  
Ya encarrerado, defendió al exgobernador de Michoacán Leonel Godoy y al senador Raúl Morón, señalados por la hoy alcaldesa de Uruapan como enemigos de Manzo. 
Sobre esto último, la alcaldesa señaló: “Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas. Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campo. Eso no es algo oculto…”.  
* Una comitiva del PAN acudió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar los “actos de represión y violencia” que sufrieron los jóvenes en el Zócalo de la CDMX. “Hubo violencia desmedida. Un acto de represión policiaca que está documentada en imágenes”, dijo Jorge Triana, vocero oficial del CEN del PAN. La comitiva la integran también Roberto Gil Zuarth, asesor jurídico, y los diputados Noemí Luna, Annia Gómez y Fernando Torres Graciano. Se entrevistaron con la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión.
Gil Zuarth detalló, en rueda de prensa, que se entregaron dos documentos con tres solicitudes: 1.- La celebración de una audiencia temática para que se analicen los acontecimientos y resultados de la marcha del 15N, así como la participación del Bloque Negro. 2.- Que se solicite el consentimiento del Estado mexicano para que la CIDH realice una visita extraordinaria a México a fin de revisar la situación de la libertad de expresión. 3.- Que se active, en la CIDH, como ha sucedido con otros países, un mecanismo de seguimiento de la protesta social que encabezan hoy los jóvenes.
* Última hora: hay versiones extraoficiales que hablan de la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR. Para sustituirlo se manejan dos nombres: Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar.

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Rusia, del brazo de Podemos, en México

Por Jorge Fernández Menéndez, en el Excélsior
The New York Times reveló esta semana una trama que ya habíamos advertido en México desde años atrás, sin que hubiera respuesta alguna del gobierno federal: la creciente penetración a través del sistema público de radio y televisión del gobierno ruso en México, que va de la mano con la presencia cada vez mayor de espías de ese país en nuestro país.
El Times ha puesto la mira en el director del sistema público de radio y televisión, Jenaro Villamil, que es el que ha abierto esos espacios a medios rusos en el sistema público mexicano. Pero la trama va mucho más allá.
Hace apenas diez días nos preguntábamos qué interés podría tener Rusia en condenar tan efusivamente como lo hizo los ataques a lanchas del narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, y decíamos que la respuesta está en sus tres aliados en la región: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y no nos engañemos, también en México, donde mantiene fuerte influencia.
Rusia y sus aliados, decíamos el 13 de noviembre, están muy presentes en México. Según Estados Unidos, Rusia tiene en México el mayor número de espías de la región, con un aumento geométrico en los últimos años. Mantienen alianzas con la televisión pública, vía medios como Rusia Today. Pero también se ha instalado en México el partido español de izquierda radical Podemos, a través de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, los dos exlíderes de Podemos, a través del Canal Red América Latina, liderado por Iglesias. Podemos, no el PSOE, a pesar de ser una fuerza muy pequeña, casi marginal, es el partido de referencia de Morena en España. 
Canal Red inauguró en 2025 su redacción latinoamericana en la Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda provenezuela para combatir lo que llama el “trumpismo mediático” y las agendas conservadoras. Podemos ha tenido relación con Vladimir Putin y con Hugo Chávez, con Rusia y Venezuela, desde su fundación. Iglesias y Monedero incluso han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos países.
Monedero opera también como asesor y apoyo de cuadros de Morena e incluso de los hijos del expresidente López Obrador. También le hemos documentado cómo se registró un movimiento de recursos en forma tan ilegal como importante entre Podemos y Morena para las elecciones de 2018 a través de una empresa denominada Neurona y que tiene sus orígenes en Bolivia, cuando la gobernaba Evo Morales, al que siguen defendiendo en Morena y en el gobierno, aunque esté acusado penalmente de secuestro y abuso de menores.
La investigación realizada por los periódicos El Mundo y El País en 2020 reveló un sonado caso de corrupción electoral en España que llegaba a Morena en México. Según la información judicial presentada por los matutinos españoles, la mayor parte de los fondos que el partido Unidas Podemos (entonces coaligado en el gobierno español con el mayoritario PSOE) adjudicó a la empresa mexicana Neurona Consulting para la campaña electoral de abril de 2019 en ese país por un millón 300 dólares, de los cuales unos 400 mil dólares terminaron en una sociedad fantasma también mexicana denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin experiencia en la prestación de los referidos servicios, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en un barrio popular, en el número 4248 de la avenida Tepeyac de Guadalajara, en el estado de Jalisco.
Neurona apoya campañas de fuerzas de izquierda en América Latina y a Podemos en España. Ha participado, sobre todo, en campañas de Evo Morales en Bolivia. Y en México apoyó a Morena en 2015 y 2018. Según la fiscalía española, sus orígenes están relacionados con uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, un muy conocido intelectual y periodista que fue asesor de Hugo Chávez y que se separó de Podemos en el contexto de una acusación de haber recibido financiamiento del gobierno chavista para Podemos.
La investigación descubrió que los recursos enviados a Neurona se decidieron antes, incluso, de que esa empresa se constituyera legalmente en España. La entrega del dinero se decidió en febrero de 2019 y Neurona se constituyó en España en marzo de ese año tras depositar un capital de tres mil euros. Detrás de ella se encontraban dos socios: los mexicanos César Hernández Paredes y Andrea Edlin López Hernández, según investigó El País de España. Ambos son consultores electorales de Morena en México. Eso de por sí constituye, según la fiscalía española, un delito, pero el caso se agrava por el traspaso de 308 mil euros a la compañía fantasma mexicana  Creative Advice Interactive Group, de la que aparece como propietario en México Hernández Paredes.
Neurona, por su parte, que trabajó para Morena en 2015 y 2018, antes había trabajado en Bolivia, donde la Fiscalía local la investiga por “contratos irregulares” que el gobierno de Evo Morales firmó con ella y que habrían causado un daño al Estado de 1.5 millones de euros, según lo denunció el gobierno de ese país.
Según las autoridades españolas, el intermediario con Neurona y con Creative fue su socio Juan Carlos Monedero, director la Fundación 25-M, una suerte de brazo ideológico del partido, con intención declarada de reforzar su relación con fuerzas políticas de América Latina. Neurona y Creative Consulting manejaron la precampaña de Adán Augusto López, junto con Abraham Mendieta, el esposo de la senadora Andrea Chávez, cercanísima, a su vez, a Adán e impulsada por éste para ser la candidata a gobernadora de Chihuahua por Morena. Todos los caminos, al final, conducen a Adán.

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Sobre los robos en las carreteras

Por Leo Zuckermann, en el Excélsior
En octubre de 2022 escribí un artículo sobre la evidente venta ilegal de gasolinas en la carretera México-Querétaro. Hace poco usé de nuevo esta autopista. Los huachicoleros seguían operando impunemente. En esta ocasión, sin embargo, me llamó la atención otro fenómeno: la gran cantidad de camiones de carga escoltados por patrullas de seguridad privada. Los autos de protección eran de todo tipo, algunos muy rudimentarios, otros, sofisticados. 
Las escoltas de los transportistas de mercancías se han multiplicado en la medida en que han crecido los robos en las carreteras del país. Circulando por la México-Querétaro recordé la historia que me contó el dueño de una empresa productora de salsas deshidratadas. 
Como le robaban mucha de su mercancía cuando la transportaban a las diversas ciudades del país, decidió poner unos chips de geolocalización en algunos de los frascos de la salsa. Cuando uno de los choferes de su empresa le habló para decirle que le habían robado la mercancía en una autopista, localizaron dónde había terminado la mercancía gracias a los chips. Se trataba de un mercado muy conocido en León, Guanajuato. 
La empresa acudió a la policía de aquella localidad a solicitar su ayuda para recuperar el cargamento robado. El jefe policiaco los escuchó y luego, con candidez, les dijo que ni él ni sus muchachos se atrevían a entrar a ese mercado controlado por un poderoso grupo del crimen organizado. “Si ustedes quieren enviar a su gente a recuperar la mercancía, se arriesgan a que los reciban a balazos”, concluyó el jefe policiaco. 
Ahí terminó el asunto. Un robo más que quedó impune. 
Según datos que se reportan en los medios, en 2023 se registraron nueve mil 181 robos a transportistas en el país, de los cuales siete mil 862 fueron con violencia. Para 2024 se reportaron 15 mil 937 robos en carreteras mexicanas. 
Ya en 2025, organizaciones del transporte han denunciado entre 50 y 60 asaltos diarios.
Las entidades con más denuncias en los últimos años han sido el Estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco. 
Las carreteras más peligrosas son la México–Puebla, México–Querétaro, el Arco Norte, Circuito Exterior Mexiquense y Puebla-Veracruz.
Según una estimación citada por organizaciones industriales, los robos en carreteras le cuestan al país más de 7 mil millones de pesos al año en pérdidas para empresas de logística y transporte. 
Es tal la inseguridad en las carreteras, que las empresas transportistas tienen problemas para conseguir conductores. 
No sorprende, entonces, el hartazgo de los transportistas, quienes han salido a protestar estos días bloqueando carreteras y armando un caos en diversas zonas del país. Se acabó su paciencia de ser víctimas de robos, asaltos, secuestros o extorsiones en las rutas carreteras, mientras que las policías no hacen nada. Incluso se quejan de que las propias autoridades, incluyendo la Guardia Nacional, están coludidas con la delincuencia. 
Los transportistas demandan medidas de seguridad y fiscalías especializadas. 
Además, que se mejoren trámites administrativos de licencias, placas y permisos. Hace poco, un chofer que conozco quería aprovechar la escasez de operadores de tractocamiones y se propuso tramitar su licencia federal. Imposible conseguir una cita para hacerlo. 
La Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC) se ha unido al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) para protestar en contra del gobierno bloqueando aduanas y vías federales en, al menos, 25 estados del país.
El gobierno ha tenido una respuesta errática. 
Por un lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuestionó las motivaciones detrás del paro. Sostuvo que, desde su perspectiva, no hay “motivos legítimos” para los bloqueos, y sugirió que podría haber motivaciones políticas detrás de las movilizaciones. 
Una vez más, el gobierno de Morena victimizándose como estrategia para enfrentar un problema. El gobierno también amenazó a los líderes de los bloqueos señalando que sus acciones podrían tener consecuencias legales. 
Sin embargo, por otro lado, las autoridades han afirmado que “el diálogo está abierto” en “diversas mesas de trabajo” para atender sus demandas. 
Al momento de escribir estas líneas, no se había llegado a un acuerdo. Parece que los bloqueos continuarán con todas las consecuencias económicas negativas que generan. 
Entiendo el hartazgo de los transportistas. Su método de protesta, sin embargo, afecta el derecho de terceros al libre tránsito. Corresponde al gobierno solucionar este problema. Otro incendio más que apagar después de un sexenio en que se dejó crecer a la delincuencia pensando que había que dar más abrazos que balazos.

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El lastre de la informalidad crece: una trampa de 33 millones

Por Enrique Quintana, en El Financiero
En el tercer trimestre de este año, 55.4 por ciento de la población ocupada se ubicó en la informalidad laboral.
El INEGI volvió a poner cifras donde más duele.
En el tercer trimestre de este año, 55.4 por ciento de la población ocupada se ubicó en la informalidad laboral. Esto significa que 33 millones de mexicanos trabajan sin seguridad social, sin protección y casi siempre sin estabilidad.
Y eso ocurre en un país donde la desocupación es mínima. No es falta de empleo. Es, como tantas veces, falta de empleo digno.
La informalidad no es la postal simplificada del ambulante esquivando inspectores. Es mucho más amplia y más compleja.
Es el micronegocio que no puede con la carga regulatoria. Es la trabajadora del hogar sin derechos. Es el jornalero que produce apenas para subsistir. Y sí: también es el empleado que trabaja dentro de una empresa formal, pero sin contrato, sin prestaciones y sin futuro. Un mosaico diverso, pero unido por una misma fragilidad.
Los datos de los últimos meses confirman que este fenómeno no es ni marginal ni pasajero. La informalidad se ha mantenido terca entre 32.5 y 33.1 millones de personas. La mitad del país trabaja ahí. Ese es el verdadero centro del mercado laboral mexicano. El centro, no la periferia.
¿Por qué seguimos atrapados? Porque la informalidad es, en buena medida, una respuesta racional a un entorno adverso.
Para quien tiene bajos ingresos y baja escolaridad, cualquier ocupación es mejor que no tener ninguna. Y para quien emprende, la formalidad suele ser sinónimo de trámites, cuotas, permisos y costos que parecen diseñados para que el negocio nunca arranque.
A eso se suma la laxitud del Estado y una tolerancia social que ve la informalidad como una salida legítima frente a la falta de oportunidades.
El costo social es alto. Millones de personas quedan condenadas a una vida laboral sin ahorro, sin seguridad social y sin posibilida