IDENTIFICADOR : COL.01
TÍTULO : EL CASO ROCHA Y LA MADEJA ENMARAÑADA
AUTOR : GUILLERMO VALDÉS CASTELLANOS
MEDIO : LETRAS LIBRES
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 12 MIN TEMA : SEGURIDAD / POLÍTICA NACIONAL

Aunque la Casa Blanca lo ha circunscrito a su problema de consumo de drogas y muertes por sobredosis de fentanilo, para los mexicanos romper la vinculación entre política y crimen organizado es, debiera ser, de la misma importancia que garantizar un crecimiento económico elevado con mecanismos distributivos eficaces: es decir, una necesidad estratégica para darle viabilidad al país.

Sin la generación de riqueza suficiente que posibilite una sociedad más justa e incluyente el país se divide, polariza y empobrece; con el crimen organizado apropiándose y poniendo a su servicio al Estado, se crean gobernanzas criminales, es decir, un orden y una convivencia social, económica y política regidas por la ley de la selva: domina el más violento. ¿Economía incluyente, democracia y respeto de los derechos humanos en medio de la ley de la selva y la violencia? Imposible.

Desde esas premisas, la extradición de Rocha Moya y asociados adquiere su dimensión real. En el cada vez más remoto caso de que Sheinbaum la conceda, sería apenas el primer nudo que se desataría de una muy grande y enmarañada madeja. Para diseñar los siguientes pasos es necesario distinguir las múltiples modalidades de esa realidad que ha existido siempre: los vínculos entre política y organizaciones criminales.

Un poco de historia

Cuenta Luis Astorga, historiador del narcotráfico, que los primeros cárteles de la droga eran dirigidos por generales que participaron en la revolución y se convirtieron en gobernadores de los estados del Pacífico y de la frontera con Estados Unidos. El narcotráfico nació y creció en México desde el Estado, no había separación entre política y crimen, eran una y la misma cosa.

Pero evolucionó. Miguel Alemán Valdés (1946-1952, el primer presidente civil posterior a la revolución) separó al ejército de la política y es muy probable que, como parte de ese deslinde entre el poder civil y militar, los generales ya no aparecían como los líderes de las organizaciones del narcotráfico. De manera simple, puede decirse que ocurrió una "privatización" de la producción y exportación de drogas.

Alemán Valdés construyó otro modelo de convivencia entre los narcos y la política. Todos los grupos dedicados a esa actividad debían pertenecer a una sola organización del narcotráfico –una especie de corporación monopólica, al mismo estilo de las corporaciones obreras, CTM, y campesina CNC– que era regulada y controlada fundamentalmente por la Dirección Federal de Seguridad (la policía política del régimen). El narcotráfico era un negocio en crecimiento acelerado, pero relativamente pequeño y controlable por el Estado, que le impuso las reglas de un acuerdo tácito: permiso para traficar a E.U., pero no para vender en México; violencia mínima, a cambio, sobornos para todos los cuerpos de seguridad y justicia, locales y federales. Una de las consecuencias más funestas para el país de ese pacto que hizo posible la pax narca ha sido, justamente, entregarle al crimen organizado el control de las policías y las procuradurías de justicia.

Ese arreglo estalló en la segunda mitad de la década de los 80 por la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena, y la presión estadounidense que obligó al gobierno a encarcelar a los autores del asesinato (Caro Quintero, Don Neto y Félix Gallardo). El gobierno de Miguel de la Madrid desapareció a la DFS, y así se descabezaron las dos partes que hacían posible el arreglo Estado-narcotráfico que duró cuatro décadas.

La fragmentación de la corporación monopólica del narco en varios cárteles (Sinaloa, Tijuana, Juárez, El Golfo, los Valencia, luego aparecerían La Familia y Los Zetas) y el declive del presidencialismo autoritario del PRI (comienzan las transiciones en gobiernos estatales y en el 2000 en la alternancia en la presidencia) hicieron imposible desde entonces la recreación de un acuerdo nacional. También comenzaron los conflictos violentos entre cárteles, que fueron la causa original de la violencia, y no la política de Calderón

A partir de la década de los 90, las relaciones entre organizaciones criminales y la política se establecieron fundamentalmente en los ámbitos estatal y municipal, pero con una gran diferencia: las reglas ahora las imponían los jefes criminales, no los gobiernos, por la sencilla razón de que la fuerza de las armas está del lado del crimen organizado y las fuerzas estatales, que deberían imponerse, fueron capturadas a base de sobornos y defendían a los capos y no a los gobernantes Así, en Baja California mandaban los Arellano Félix; en Sinaloa, el "Chapo" y el "Mayo" Zambada, en Chihuahua, los Carrillo Fuentes, en Tamaulipas Osiel Cárdenas, etc.

Aunque también había corrupción en instituciones federales (PGR, ejército), los gobiernos federales comenzaron a percibir el problema y trataron de contenerlo sin éxito. Salinas y Zedillo lo hicieron sin muchos recursos ni la fuerza necesaria; Fox, sin voluntad política real. En las altas esferas de la política comenzó a ser cuestionable que desde el Estado se alentaran pactos con los cárteles del narcotráfico como método para enfrentar el problema. Con imperfecciones y limitaciones, Felipe Calderón fue el primer presidente que hizo del combate a las organizaciones criminales el centro de su gobierno y además alertó sobre el peligro que representaba la captura y reconfiguración de las instituciones del Estado a manos de las organizaciones criminales. Fue criticado irresponsablemente por exagerar y "patear el avispero". Peña Nieto nadó de muertito entre frivolidades y corrupción, pero Ayotzinapa fue una señal contundente de la gravedad y persistencia del problema.

El viraje criminal

Yo pensaba que, más allá de discrepancias sobre las estrategias y políticas de seguridad para pacificar al país, había un consenso en los partidos y en la clase política, en cuanto a que la captura de instituciones del Estado por parte del crimen organizado era absolutamente intolerable, tanto por razones políticas y de seguridad nacional (¿qué Estado permite que se le dispute el poder y se le desplace?) como de gobernabilidad, por las consecuencias económicas y sociales de un crimen tan poderoso que roba, asesina, desaparece y extorsiona de manera permanente y sistemática a los ciudadanos.

Me equivoqué. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador giró 180 grados la política hacia las organizaciones criminales y convirtió en anatema perseguirlas. Los "abrazos y no balazos" fueron el primer paso. El argumento esgrimido –falso, pero discutible en términos de políticas de seguridad– era que la violencia no se combatía con más violencia y que su estrategia consistiría en atacar las causas.

El segundo paso fue la decisión de aprobar y, quizá alentar, que desde su gobierno y la dirección de Morena no solo se permitieran y quizá se impulsaran acuerdos con organizaciones criminales, sino que se utilizaran los puestos, recursos, personal e influencias del gobierno y el partido para crear empresas criminales que alimentaran fortunas personales y financiaran las operaciones y campañas electorales de su partido. Esta segunda decisión ha tenido significados gravísimos: al retroceder a la visión de la época de Miguel Alemán, del crimen organizado como un socio necesario y confiable para mantener la "paz social", que, por lo tanto, ya no es considerado como un enemigo del Estado al que se debe combatir, sino un ejemplo a seguir, se borra por completo la frontera entre política y crimen.

Conociendo los antecedentes educativos e ideológicos de López Obrador, es relativamente fácil entender los "abrazos y no balazos". Todo parece indicar que se trata de ignorancia mezclada con dogmas de la izquierda más primitiva, junto con el rechazo político e irracional a los gobiernos neoliberales.

Pero su decisión de permitir esquemas de operación política abiertamente ilegales y delictivos para beneficiar a su partido es más difícil de explicar racionalmente. Por los videos de René Bejarano y de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, más el libro El rey del cash, sabemos de la arraigada y antigua adicción del expresidente por el financiamiento ilegal de su movimiento. No es una adicción exclusiva; la tienen muchos políticos de todos los partidos. Lo extraño del asunto es que haya decidido utilizar fuentes abiertamente criminales para saciar su adicción cuando tiene otras dos, igual de abundantes e ilegales, pero de menores consecuencias políticas.

La primera son los recursos públicos de sus gobiernos: los miles de servidores de la nación, trabajadores de la Secretaría del Bienestar, son operadores electorales de Morena apenas disfrazados, igual que las transferencias de dinero de los programas sociales utilizadas en campañas electorales. La segunda fuente son los cientos de contratistas –entre ellos han sido señalados amigos de Andrés Manuel López Beltrán– que pagan la asignación de licitaciones amañadas con "moches". Cada vez hay más historias de corrupción rampante en todo tipo de contratos y en todas las dependencias.

Con todos esos recursos, más varios miles de millones de pesos de las prerrogativas oficiales, ¿por qué crear lazos con el crimen organizado para financiar a Morena? ¿Ambición de nuevos ricos sin escrúpulos o soberbia? ¿Nunca pensaron que asociarse con el narcotráfico les traería problemas con Estados Unidos?

En un artículo publicado en estas páginas en mayo de 2025, analicé las nuevas modalidades de vinculación entre política y crimen inauguradas por los gobiernos de Morena. Por una parte, la creación de empresas criminales integradas por funcionarios, lideres partidistas, empresarios, ejército y marina, para estafar a las finanzas públicas a escalas nunca antes vistas. No es el único caso: en Tabasco, Hernán Bermúdez creó y dirigió su organización criminal, "La Barredora" desde su condición de secretario de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López Hernández, el "hermano" de AMLO.

Por otra parte, el intercambio criminal de hegemonía política a cambio de control territorial absoluto; el crimen organizado financia y opera las campañas que garanticen el triunfo de Morena a cambio de que le permitan el control absoluto de un territorio. Así ha ocurrido en Sinaloa y, aunque menos publicitado, en Tequila, Jalisco, cuyo alcalde convirtió la alcaldía en una empresa para la extorsión.

El callejón sin salida

Estas han sido las consecuencias de esas dos decisiones de política de inseguridad pública, los abrazos y no balazos y la desaparición de las fronteras entre crimen y gobierno. Se han sentido tan poderosos e impunes que no les importó robarle al fisco 600 mil millones de pesos (en la trama del huachicol fiscal) ni convertir a los sicarios de los Chapitos en operadores electorales el día de la elección ante los ojos de todo el mundo. Desde Palenque, AMLO seguía extendiendo su poder y su manto de impunidad a todos los leales.

La solicitud de extradición de Rocha Moya y sus amigos pega en el corazón del modelo AMLO de hacer política (que no de seguridad) basado en la ignorancia, la ambición, la soberbia y la ceguera. Desde que llegó Trump comenzaron los avisos, pero no los quisieron ver. Sheinbaum pudo adelantarse y actuar, pero no quiso o no pudo. Es toda una cultura de impunidad, arrogancia y autoritarismo la que está amenazada de muerte, no porque a Trump le importe la democracia, sino porque exhibe la vulnerabilidad en que pusieron al país frente a un poder más fuerte.

Deshacer la madeja de la complicidad entre crimen y política comienza por una cosa que debería ser muy simple y obvia: mandar el mensaje claro y contundente de que eso es intolerable para cualquier gobierno que quiere hacer vigente el Estado de Derecho. Haber respondido afirmativamente, sin titubeos, a la solicitud de extraditar a Rocha Moya y sus cómplices hubiera dado ese mensaje. La presidenta Sheinbaum no ha querido o no ha podido darlo. De ese tamaño es nuestra tragedia.
 

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IDENTIFICADOR : COL.02
TÍTULO : VAN POR ATAQUES CON PROYECTILES CONTRA EL NARCO
AUTOR : RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
MEDIO : EL UNIVERSAL
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 8 MIN TEMA : SEGURIDAD / RELACIÓN MÉXICO-EU

Escalan las amenazas y presiones a México del gobierno de Donald Trump.

A ellas se sumó ayer el inicio de una "revisión" de los cincuenta y tres consulados que tiene nuestro país en Estados Unidos, sin descartar la posibilidad de que el secretario de Estado, Marco Rubio, cierre algunas de esas representaciones diplomáticas, de acuerdo con versiones confirmadas por la cadena estadounidense CBS News.

Además, el pasado miércoles 6 de mayo, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que pronto se harán públicas acusaciones contra mas políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, lo que reforzó Trump en un mensaje publicado la víspera en su red social.

Ahí recriminó al gobierno mexicano no haber hecho lo suficiente para frenar a los cárteles de la droga, y anunció ya sin recato alguno que hará las operaciones incluso terrestres que sean necesarias para lograrlo y cerró su post con estas palabras: "We'll find you, we'll kill you" ("los encontraremos y los mataremos").

Antes se había hecho pública desde la oficina de Sara Carter, zar antidrogas de Donald Trump, la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos de la que extraigo una frase que llamó mi atención por el desconocimiento del significado preciso de una de las palabras utilizadas.

La estrategia se basa -dice el documento- en "la ejecución de ataques cinéticos contra los narcoterroristas".

Si bien el término cinético adjetiva lo relativo al movimiento, en términos militares refiere acciones que buscan destruir un objetivo mediante el impacto directo de un proyectil a gran velocidad.

En los ataques cinéticos está basada la estrategia de la Operación Lancha del Sur que desde 2025 lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico Oriental el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir el narcotráfico marítimo y cuyos resultados, tras hundir lanchas rápidas de presuntos narcos, son considerados por el documento de marras como base del éxito obtenido por Trump en su lucha contra las drogas.

Ataques cinéticos, entonces, son ataques con proyectiles y por lo referido hasta aquí, puede inferirse con pequeño margen de error, que las presiones y amagos estadounidenses entraron en una nueva etapa en la que dejaron de ser retórica diplomática, para convertirse en una peligrosa amenaza de ataque mar-tierra, aire-tierra o incluso de incursiones relámpago o de una invasión terrestre.

En lo inmediato la gran expectativa es conocer los nombres de quienes estarán en una nueva lista de presuntos narcos políticos. Circulan los nombre de todos los que caben en nuestra imaginación: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Mario Delgado y Adán Augusto López, además de los chicos malos de Sinaloa y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al que nuestra talentosa oposición le exige un GPS para saber que no está huido y sobre quien me informan sigue en su estado natal, lugar que le garantiza la mayor seguridad posible si, como lo acusan, está coludido con "Los Chapitos" y donde esperará a que concluya el plazo de la licencia solicitada y la investigación de la FGR para regresar al cargo a concluir su mandato.

Muchos -lo sabemos aun sin pruebas contundentes- seguramente están coludidos, pero eso no significa, desde mi punto de vista, que todo el Estado mexicano esté penetrado por las organizaciones criminales.

Por eso la jefa de ese Estado responde con los recursos legales a su alcance a la sentencia aún no pronunciada en un proceso que apenas inicia, pero que para la opinión pública estadounidense y, tristemente, para un gran sector de la de nuestro país, nos describe como un narcogobierno.

Claudia Sheinbaum, al pedir pruebas, no evade la andanada, la enfrenta; defiende al Estado mexicano en medio de uno de los más graves problemas políticos de alto nivel que ha enfrentado nuestro país en su historia reciente.

Más aún, responde con datos verificables lo que su gobierno ha hecho contra las organizaciones criminales, en sentido contrario a lo dicho por Trump en el sentido de que "no ha hecho lo suficiente" y de que quiere más detenciones y extradiciones de capos y narcos políticos.

No se trata de defender a presuntos criminales. Ojalá la FGR, sin otro afán que procurar justicia, integrara una investigación creíble para llevar a juicio a los presuntos responsables, sin maniobrar políticamente para reparar el desgaste y la pérdida de apoyos que este asunto ha significado ya para Morena y la 4T, así como para la aprobación de la Presidenta.

Instantáneas:

1. MORENA, ELECCIONES Y EQUIDAD. Primero tengamos claro el tablero de los estados que renovarán gubernaturas el año próximo: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Un total de 17. Para esos comicios 2027, por cuestión de principios, el partido guinda postulará, por equilibrio de género, entre ocho y nueve candidatas. Un criterio no escrito para decidir en cuáles postular a una mujer es que sea un estado donde Morena tenga una fuerza contundente, donde prácticamente se vea asegurado el triunfo. Con base en ese criterio, es muy probable que las candidaturas por equidad de género sean para los estados de Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, SLP, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas. Ya veremos más adelante.
2. COALICIÓN EN GUERRERO. El senador y coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Alta, Manuel Velasco Coello, confirmó que su partido competirá en alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de 2027 en Guerrero. Acompañado del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, Velasco aseguró que la coalición entre las tres fuerzas políticas se mantendrá en la entidad y lanzó un mensaje de unidad rumbo a los comicios del año próximo.
3. NO A LA CORRUPCIÓN. Quien se sumó al posicionamiento de la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, fue el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Asumió como suyo el compromiso de que ningún aspirante a una candidatura sea postulado si existen indicios de corrupción en su trayectoria. Si solo es retórica morenista, resultará muy costoso. Ya veremos.
4. AVISO. No está de más recordar que la SEP de Mario Delgado determinó adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar de este año. Las razones esgrimidas son dos: la extraordinaria ola de calor que se registra en casi todo el país y la realización del Mundial de Futbol. Parece que esta última razón es la verdadera para que el período vacacional se alargue casi tres meses, ya que el regreso a clases será hasta el 31 de agosto. Poco ayudan decisiones como éstas a mejorar la calidad de la educación, piedra de toque para una verdadera transformación del país. Pero… éramos muchos y parió la abuela.

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IDENTIFICADOR : COL.03
TÍTULO : IRÁN TRAS ROCHA MOYA
AUTOR : MARIO MALDONADO
MEDIO : EL UNIVERSAL
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 11 MIN TEMA : POLÍTICA NACIONAL / SEGURIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum ya habría dado la instrucción de avanzar en las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra su círculo político más cercano, en una operación que busca anticiparse a los movimientos del gobierno de Estados Unidos.

Los nombres prioritarios, de acuerdo con fuentes del gabinete, son Rocha Moya; su ahijado político y alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega. También están bajo escrutinio de la FGR los otros seis personajes señalados en los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la prioridad inmediata estaría concentrada en esos primeros cuatro. El cálculo en Palacio Nacional es que de no indiciarlos, el costo sería mucho mayor.

Todo esto ocurre dentro del plazo que tendría Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de los imputados y mientras la Presidenta mantiene públicamente su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas. Ese discurso, que hacia afuera se presenta como una defensa de la soberanía y del debido proceso, hacia adentro busca ganar tiempo para decidir qué hacer con una bomba mediática, política y reputacional que amenaza no solo a su administración, sino a todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

La evaluación del gobierno es que procesar a Rocha Moya y a sus colaboradores en México, con medidas cautelares severas como la prisión preventiva, sería políticamente mucho menos costoso que expulsarlos o extraditarlos a Estados Unidos para que sean juzgados allá. En una corte estadounidense, cualquiera de los implicados podría terminar revelando información sobre los vínculos entre el narcotráfico y los políticos mexicanos.

Mucho peor aún sería esperar a que Washington "haga el trabajo", como lo advirtió esta semana el presidente Donald Trump, y vengan por él o se lleve a cabo una intervención aérea o terrestre de las fuerzas armadas estadounidenses. En el gobierno mexicano existe preocupación real de que el caso Rocha no sea un episodio aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia.

Rocha Moya es apenas el primero de una lista de, por lo menos, una veintena de gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios mexicanos bajo investigación de agencias estadounidenses por sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El temor en Palacio es que, si Estados Unidos empieza a exhibir expedientes de manera escalonada, el daño político se vuelva inmanejable rumbo a las elecciones del próximo año.

El tiempo apremia porque cualquier movimiento de Estados Unidos, ya sea una solicitud formal de extradición, nuevas imputaciones o incluso revelaciones selectivas, podría generar una crisis de gobernabilidad y golpear, aún más, la confianza de los inversionistas.

En Palacio Nacional saben que el discurso público debe ser de unidad y la soberanía. La convocatoria de este jueves con legisladores y miembros del gabinete apuntó en esa dirección. Pero internamente la operación es completamente distinta. Hay muy pocos interlocutores con credibilidad y canales abiertos con Washington, todos en el gabinete de seguridad. Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales son quienes encabezan esa interlocución y la estrategia de contención frente a una crisis que ya rebasó el terreno político.

Al mismo tiempo, Morena comenzó a ajustar su propia narrativa. La instrucción a voceros y cuadros relevantes es no defender a Rocha Moya, no meter las manos al fuego por él y evitar cualquier posicionamiento que comprometa al movimiento. La línea es dejar que las autoridades investiguen y repetir que serán las instancias competentes las que determinen responsabilidades. En otras palabras, empezar a preparar el terreno para una eventual ruptura política con el exgobernador sinaloense.

Porque, aunque públicamente se mantenga la narrativa de prudencia, en privado ya se asume que Rocha Moya tendrá que ser llamado a cuentas. El movimiento tendría que ejecutarse pronto, antes de que Estados Unidos eleve la presión o haga públicos nuevos casos contra otros gobernadores, legisladores o, en el escenario más delicado para Sheinbaum, integrantes de su propio gabinete.

Por lo pronto, a Rocha Moya ya deberían estarle informando que el margen político para protegerlo se agotó.

El tiempo juega en su contra.

Posdata 1

A menos de un mes del relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las primeras pruebas para el nuevo canciller, Roberto Velasco, ya está sobre la mesa y tiene que ver con uno de los contratos más relevantes de la dependencia: la emisión del pasaporte mexicano electrónico.

Se trata de la licitación internacional LA-05-613-005000999-T-48-2026 para los "Servicios Integrales de Apoyo para la Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico", un proceso que ya arrastra cuestionamientos luego de que una primera convocatoria se declarara desierta, pese a que, según participantes del sector, existían propuestas técnicamente viables. El tamaño del contrato se estima en alrededor de 4 mil millones de pesos.

Las alertas están puestas en los criterios de evaluación incluidos en la nueva convocatoria. Fuentes cercanas al proceso aseguran que varios de los requisitos y la asignación de puntos fueron diseñados con características tan específicas que favorecerían de origen a un solo competidor. Todas las miradas apuntan a Veridos México, filial de la alemana especializada en soluciones de identidad y documentos oficiales, que actualmente opera en el mercado mexicano. Dentro de la cancillería, los nombres que mencionan distintos actores del proceso son los de Daniel Barrera, responsable de definir requerimientos técnicos desde el área administrativa, y Esteban Gutiérrez Fernández, a quien señalan como operador interno del contrato.

El ruido no termina ahí. También se reporta una reconfiguración del equipo operativo vinculado al proyecto, con salidas de funcionarios que conocían la operación del contrato y la mecánica del servicio. El riesgo no es menor. Cualquier falla en una contratación de este tamaño impacta directamente la expedición de pasaportes dentro y fuera del país, además del costo político que implicaría un señalamiento de favoritismo o direccionamiento en una de las primeras decisiones relevantes de la nueva gestión en Relaciones Exteriores.

Este viernes a las 10 de la mañana se lleva a cabo la junta de aclaraciones. Ahí se sabrá si la SRE corrige dudas legítimas de los participantes y garantiza piso parejo, o si mantiene condiciones que alimenten la sospecha de un proceso con destinatario definido. Para el nuevo canciller es una prueba temprana de transparencia y combate a la corrupción.

Posdata 2

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revisar los 53 consulados mexicanos que operan en ese país es, hasta ahora, la señal diplomática más agresiva de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. La revisión, confirmada este jueves por funcionarios estadounidenses, podría derivar incluso en el cierre de algunas sedes consulares, una medida extraordinaria tratándose de la red diplomática del principal socio comercial y vecino fronterizo de Estados Unidos.

El mensaje va mucho más allá de un asunto administrativo. Los consulados mexicanos son el principal brazo de atención a los millones de connacionales que viven en territorio estadounidense, particularmente en materia de documentación, protección legal y asistencia migratoria. Pero en Estados Unidos crece la narrativa de que esos espacios han dejado de ser solo oficinas consulares para convertirse en plataformas de activismo político vinculadas a la defensa de migrantes y a la confrontación discursiva con la agenda antiinmigrante de Trump. En el entorno de Marco Rubio, hoy jefe de la diplomacia estadounidense, esa percepción comienza a traducirse en decisiones concretas.

¿La Cancillería mexicana dimensiona el alcance del movimiento? Porque una eventual reducción de la presencia consular mexicana en Estados Unidos pegaría directamente a millones de mexicanos y abriría un nuevo frente político para un gobierno que ya enfrenta suficiente presión desde Washington en seguridad, comercio y migración.

Posdata 3

La gira de empresarios mexicanos por Canadá llega en un momento particularmente delicado para la economía mexicana, con señales de desaceleración y tensiones con nuestro principal socio comercial (EU), pero con un dato que en el gobierno quieren presumir como resultado concreto: una misión comercial de 244 empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas, que sostienen más de mil reuniones de negocios con sus contrapartes canadienses en Toronto y Montreal.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó los encuentros empresariales y se reunió con algunos de los jugadores más relevantes del capital canadiense, entre ellos directivos de Scotiabank, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, TC Energy y fondos institucionales como Ontario Teachers' Pension Plan.

El mensaje que Ebrard buscó colocar fue que México sigue siendo un socio confiable en medio de la incertidumbre global. Más interesante aún fue la coincidencia pública con el ministro canadiense Dominic LeBlanc, quien habló de ampliar de forma decidida las oportunidades económicas con México y de activar el Plan de Acción bilateral pactado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

Así, mientras la relación con Estados Unidos sigue condicionada por la seguridad y la política, Canadá comienza a perfilarse como un contrapeso económico y diplomático útil para el gobierno mexicano. Ebrard parece haber entendido que, en tiempos de volatilidad, la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones con otros socios comerciales es una necesidad.

Falta ver si el entusiasmo se convierte en nuevas inversiones o se queda en anuncios que terminan desmoronándose con las cifras oficiales de nueva inversión extranjera e inversión fija. Porque en México ya abundan los anuncios, los memorándums y las fotografías con empresarios. Lo que sigue siendo escaso es la inversión real.

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IDENTIFICADOR : COL.04
TÍTULO : VAYA OPOSICIÓN: EL PAN, ENAYUSADO; EL PRI, TRUMPISTA NUMBER ONE
AUTOR : SALVADOR CAMARENA
MEDIO : EL FINANCIERO
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 5 MIN TEMA : POLÍTICA NACIONAL / PARTIDOS

Quién crea que por el affaire Rocha Moya Morena está en graves problemas rumbo a las elecciones de 2027, es que se distrajo y no vio que la oposición prianista aprovechó la mala racha morenista por la acusación de narco al gobernador de Sinaloa para hundirse más.

En las páginas de El Financiero, Luis Castro Obregón publicó el martes el artículo más elocuente de la prensa mexicana sobre lo básica que es, ideológicamente hablando, la figura de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de visita estos días en México.

"Su éxito político", dice Castro Obregón, "se explica por su destreza para convertir cualquier debate en un combate moral: libertad contra socialismo, patria contra decadencia, pueblo contra élites progresistas. El discurso funciona porque simplifica el mundo hasta volverlo consigna, sin profundidad en su proyecto".

Pero esa supuesta defensa de la libertad: "opera como consigna ideológica para ocultar la precariedad del contenido: menos Estado, menos impuestos al capital y menos defensa de lo público. Ayuso pertenece a las derechas de Javier Milei y Donald Trump". (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-castro-obregon/2026/05/05/ayuso-le-saldra-cara-al-pan/)

Para subrayar aún más lo que dice Castro Obregón, basta y sobra un discurso del 10 de febrero pasado, cuando a través de videoconferencia Díaz Ayuso participó en una "gala hispánica" en Mar-a-Lago, Florida, sí, el lugar trumpista por excelencia.

Ahí saludó la operación injerencista, violatoria de la ley internacional, de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero y deseó que "pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden... o se les deja, destruyendo familias y creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Para rematar, y a pesar de lo que había hecho Trump en Europa, Gaza y América desde el año pasado, Ayuso dijo que su gobierno galardonará a Estados Unidos porque "Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre".

Ante tal personaje, que bendice al mismo Trump que ha criminalizado a mexicanos trabajadores en Estados Unidos, que no responde por los al menos 15 paisanos muertos en sus cárceles migratorias, que impone aranceles y denuesta a autoridades, el PAN hace caravanas.

Da algo de penita ajena ver a las tres gobernadoras y al gobernador panista posar en la foto que consagra la reunión (decirle cumbre sería un exceso): no están recibiendo a una jefa de gobierno, ni realizaron bilaterales de trabajo: parecen lo que son, fans de alguien estridente.

Eligieron, incluyendo el despropósito de Aguascalientes de darle no sé qué llave, honrar a quien cree y dice que Trump es una esperanza del mundo libre. Vaya, de Ayuso, a miles de kilómetros de suelo estadounidense, medio se entiende que pase por alto el peligro Trump, pero ¿de un o una mexicana, incluida Alessandra Rojo de la Vega, la otra política que no tuvo empacho en sumarse a la comitiva de la presidenta de Madrid? Gracias, Ayuso, por desnudar el trumpismo de Acción Nacional.

Y, por si fuera poco, el PRI anunció este miércoles que ha solicitado formalmente al gobierno de Trump que Morena sea declarado una organización terrorista. Alejandro Moreno, presidente de los pocos tricolores que quedan, pone alfombra al injerencismo. Habíase visto.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucho que pensar y hacer para conjurar las ambiciones de los halcones de Washington. Pero al menos no se tiene que preocupar por la oposición prianista, que solita se desprestigia.

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IDENTIFICADOR : COL.05
TÍTULO : REALINEAMIENTOS
AUTOR : RAYMUNDO RIVA PALACIO
MEDIO : EL FINANCIERO
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 7 MIN TEMA : SEGURIDAD / RELACIÓN MÉXICO-EU

Una noticia que se produjo el 28 de abril y que se recicló el miércoles despertó finalmente el interés buscado en Estados Unidos. Se trataba de la sentencia de siete personas que desde 2020 habían establecido una red de contrabando de metanfetaminas en Kansas, en el estado de Missouri, que transportaban desde Sinaloa. Esa noticia, como hay diario similares en ese país, pasó desapercibida en México hasta que hace dos días, el director del FBI, Kash Patel, la retomó –con una actualización cosmética del caso–, enfatizando más que el golpe, que había sido realizada por la "nueva" fuerza de tareas que encabeza el Departamento de Justicia.

La "nueva" task force es nueva, pero no tanto. La creó el presidente Donald Trump el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado (https://shorturl.at/QUrzp), que encabezarían los titulares de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, cuya misión sería lo que indicaba el nombre del decreto: "Proteger al pueblo estadounidense contra una invasión". Se enfocaba enteramente al tema migratorio, pero como han sido muchos los momentos de su administración, evolucionó. Si se revisan someramente los casos en la Corte del Distrito Este de Missouri, la gran mayoría de sus casos tiene que ver con narcotráfico desde México.

Patel jugó con la hipersensibilidad reinante en México tras la acusación contra el exgobernador Rubén Rocha Moya, y nueve sinaloenses en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, para enfatizar, se puede argumentar, el músculo de su gobierno. Pero al mismo tiempo, mostró la forma como el gobierno de Trump ha reorganizado las fuerzas para la lucha contra el crimen organizado, dividiendo en tres grandes áreas la responsabilidad, donde hay vasos comunicantes, pero las tres gozan de sus propios rangos de autonomía.

La fuerza de tareas a la que se refería Patel une los esfuerzos policiales del FBI, la DEA y ATF –la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego– a los de las policías estatales y locales, que tienen como complemento el trabajo del área de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, dentro de esa unidad hay responsabilidades adicionales en el extranjero en la lucha contra el crimen organizado.

La DEA, por ejemplo, ha pasado a jugar un papel secundario en el combate directo a los cárteles de las drogas, pero se le ha asignado un rol relevante al enfocarlo al contrabando de combustible –el llamado huachicol fiscal–, que lo pone sobre el crimen organizado en México y sus vinculaciones con políticos, que es un tema que ha trabajado su director, Terrance Cole, desde que estuvo asignado a la oficina en la Ciudad de México, en 2019.

Dentro de esa fuerza de tareas, el combate a los cárteles lo tienen el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad, que antes de que fueran parte de esa unidad, trabajaron operaciones fundamentales en la historia del crimen en México, como la captura de Ismael El Mayo Zambada, en un rancho en Culiacán en 2024. De acuerdo con la información obtenida en ese entonces (https://shorturl.at/9kj2b), un equipo del FBI en Washington, que es el que más sabía del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, planeó la operación, que fue ejecutada por un comando de seis personas de la Oficina de Investigaciones.

Aunque todas esas agencias realizan trabajo de inteligencia, las áreas civiles y militares juegan un papel independiente en el combate al crimen organizado.

La CIA actúa de manera autónoma, como se pudo apreciar en el polémico caso de la participación de cuatro de sus agentes en el desmantelamiento de un narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, y en su cooperación con el gabinete de seguridad mexicano en las operaciones de captura y abatimiento de líderes del narcotráfico, como sucedió con Nemesio Oseguera, El Mencho, y su número dos, Audias Flores Silva, El Jardinero. La CIA tiene operaciones abiertas, como las que realiza con el gobierno, y encubiertas, donde la colaboración con las autoridades mexicanas dejó de producir resultados cooperativos.

En algunos casos, el gabinete de seguridad llegó a enterarse de operaciones encubiertas, aunque no fue por su trabajo de contrainteligencia, sino por el trabajo de medios de comunicación que detectaron vuelos de drones espías de la CIA sobre territorio mexicano, realizados sin autorización oficial. Lo mismo sucedió con drones y aviones militares, que en poco menos de un año han intervenido comunicaciones en varias regiones del país, que les ha permitido aportar al mapeo del Departamento de Justicia sobre las redes de complicidades de autoridades con el crimen organizado.

La participación militar en las operaciones contra el crimen organizado no puede verse como algo natural o normal. La decisión de Trump de meterlas de lleno a la vigilancia en la frontera –militarizando la frontera con México–, no tiene precedente alguno, mientras que su participación directa en el combate a delincuentes es el cambio de estrategia más radical que ha hecho Estados Unidos desde que el presidente Richard Nixon criminalizó la guerra contra las drogas en 1971, pese a las recomendaciones de la Comisión Shafer, que él mismo había instaurado.

Hay otras agencias que están jugando un papel preponderante en esta nueva fase de Trump contra el crimen organizado en México, que dependen del Departamento del Tesoro. Una es el FinCen, el área que se encarga de los crímenes financieros, y que vigila la actividad ilícita, el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. La otra es la OFAC, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que aplica sanciones económicas y comerciales contra países involucrados en actividades que afecten su seguridad nacional.

Estas dos áreas existen muchos años antes de que regresara Trump a la Casa Blanca, pero su función se volvió más estratégica por la declaración que hizo de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas (https://shorturl.at/nZ3tn). Hipotéticamente hablando, es posible que tras la captura de Rocha Moya se estén revisando sus relaciones empresariales y qué empresas hicieron negocios con él. De acuerdo con los decretos de Trump, pueden ser cómplices de actividades terroristas. Para problematizar este escenario, de ser así, quedarían expuestas las cabezas de dos de las más grandes empresas de México.

El realineamiento en la estrategia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, es otra de las señales reiteradamente enviadas a las que en México el régimen tampoco le ha prestado atención.

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IDENTIFICADOR : COL.06
TÍTULO : EL SUBESTIMADO PODER NEGOCIADOR DE MÉXICO
AUTOR : ENRIQUE QUINTANA
MEDIO : EL FINANCIERO
FECHA : 08 MAY 2026
LECTURA : 5 MIN TEMA : ECONOMÍA / COMERCIO EXTERIOR

Los datos de comercio exterior publicados esta semana por el gobierno de Estados Unidos confirman algo que la política mexicana aún no acaba de asimilar: México llega a la revisión del T-MEC con la posición fáctica más sólida que ha tenido en una negociación comercial con Estados Unidos desde 1994.

Las cifras son contundentes. En el primer trimestre de 2026, las importaciones estadounidenses provenientes de México crecieron 5.1% interanual y marcaron un récord para un periodo semejante, mientras las del conjunto del mundo cayeron 13.8%.

La cuota de mercado mexicana pasó de 13.2% en 2015 a 16.9% en marzo de este año. Y solo en el primer trimestre México le vendió a Estados Unidos 38 mil millones de dólares en vehículos, partes y motores: el 38% de todo lo que esa industria importa.

Lo notable es que ese desempeño ocurrió bajo una carga arancelaria considerable. Los gravámenes de la Sección 232 sobre acero y aluminio nunca se levantaron del todo, y los aranceles sobre vehículos afectan precisamente a la industria que es columna vertebral del intercambio bilateral.

Que las exportaciones mexicanas sigan creciendo en ese entorno es probablemente el dato económico más subestimado del primer trimestre. Significa que la integración de cadenas de valor norteamericanas tiene una inercia que ni siquiera la política comercial más agresiva del siglo ha logrado romper.

Conviene contrastarlo con el otro gran ganador del realineamiento. Vietnam también va a paso firme: multiplicó por cinco sus envíos a Estados Unidos en una década y los aumentó otro 40.8% interanual en el primer trimestre. Pero parte de una base mucho menor —5.7% del mercado contra 16.9% mexicano— y depende de un equilibrio frágil con Washington, que ya amaga con cerrarle la puerta trasera por la que ingresan insumos chinos rebautizados como productos vietnamitas.

México juega en otra liga. No creció desde la marginalidad: en 2015 ya era el tercer proveedor de Estados Unidos. Lo que ha hecho en esta década es desplazar a China del primer lugar y consolidar simultáneamente su posición como primer comprador de bienes estadounidenses. Esa doble condición —indispensable como vendedor e indispensable como cliente— no la tiene ningún otro socio comercial de Washington y muestra la densidad y complejidad de la relación.

¿Qué lectura debería hacer la mesa de revisión del T-MEC? La administración estadounidense necesita los autos ensamblados en México tanto como México necesita venderlos y las dos partes requieren el cruce comercial fronterizo que se da en varias ocasiones en estos procesos.

El déficit bilateral en automotriz y en otros sectores, no es un problema para Washington: es una característica del modelo productivo continental que tomaría una década o más rediseñar. Lo mismo aplica a autopartes, electrodomésticos, dispositivos médicos y agroalimentos.

La pregunta operativa, entonces, no es cómo evitar concesiones en la negociación, sino cuáles rinden más a cambio de qué garantías de previsibilidad arancelaria de mediano plazo.

Es un cambio de marco importante. La diferencia entre llegar a Washington a defender lo conquistado y llegar a negociar la siguiente etapa de integración determina cuánto se puede pedir y cuánto se debe ceder.

El escenario base merece nombrarse con claridad. Si el T-MEC no se revisa mediante una cirugía mayor y las cosas siguen como hasta ahora, México seguirá ganando participación en el mercado estadounidense durante, al menos, los próximos cinco años.

La aritmética es sencilla: con China retrocediendo, la Unión Europea distorsionada por su mayor exposición y Canadá políticamente convulso —sus envíos cayeron 16% en un año—, solo Vietnam le disputa el espacio liberado. Y Vietnam tiene un techo natural cuando se trata de bienes que requieren cercanía geográfica al consumidor estadounidense.

Desde luego que sigue habiendo riesgos con un personaje como Donald Trump en la Casa Blanca. Pero las empresas de Estados Unidos saben perfectamente que su mejor escenarios es una renovación del T-MEC hasta 2042 sin aranceles. Y eso es lo que debe buscarse.

Pero el segundo mejor escenario es que no se extienda su plazo, que sigan las cosas como hasta ahora y que México siga ganando espacios.

Hay que tener cuidado de no pretender alcanzar una firma a costa de lo que sea. Nos puede hacer más caro el remedio que la enfermedad.

México llega al T-MEC con cartas que muchos aún no parecen haber contado bien. El primer paso es leer los datos del Departamente de Comercio con atención: dice menos sobre Vietnam de lo que parece, y mucho más sobre nosotros de lo que se quiere admitir.