Opinión
24/07/2026TÍTULO: Mayo Zambada, Inc. AUTOR: Zedryk Raziel MEDIO: El País LECTURA: 5 min TEMA: Seguridad / Crimen organizado internacional
Muchos hablan en México del final de una era en la historia criminal con la caída del último de los viejos capos, Ismael El Mayo Zambada, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales. Otro narco insigne, su exsocio Joaquín El Chapo Guzmán Loera, estuvo ya preso en la misma prisión de máxima seguridad donde aquel pasará sus últimos días, en Nueva York. Pero los finales nunca son tan concluyentes como parecen, lo viejo no termina de morir ni lo nuevo de nacer, y en el intermedio surgen los monstruos. ¿Qué criatura viene con este cierre de época? ¿Qué remedo o qué tragedia estamos por ver? Quizá ya asoman los primeros indicios de esta nueva naturaleza viva; quizá venía mostrando sus afilados dientes desde hace tiempo. El Cartel de Sinaloa y los varios líderes que colaboran como informantes de Washington han dado a Estados Unidos elementos para presionar al máximo a México, su vecino, su mayor socio comercial, su amigo y su enemigo según la circunstancia. La Administración de Donald Trump acusa, con base en esos testimonios, la existencia de una narcopolítica en México en la que gobierno y crimen organizado son indisociables, vital el uno para el otro. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, como su antecesor en la presidencia y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han advertido de que esos señalamientos, de una gravedad muy seria, esconden un objetivo más bien político: deslegitimar al movimiento que representa el oficialismo y, con ayuda de lobistas de la derecha internacional, propiciar el ascenso a Palacio Nacional de gobernantes dóciles a la agenda estadounidense, como ocurría en sexenios pasados. No le falta razón a esta lectura, sin que ello obste para que Morena lleve a cabo una urgente purga interna para sacudirse a los elementos corrompidos. Tanto Sheinbaum como su partido han cerrado filas y abanderan la defensa de la soberanía frente a los embates de Trump, que califican de actos de injerencia. Las presiones han servido para instigar el patriotismo de los mexicanos, a la orden del día cuando se trata de Estados Unidos, protagonista histórico de invasiones y tratos desventajosos. La treta para secuestrar y transportar a EE UU al Mayo, ejecutada hace dos años por Los Chapitos, la prole de Guzmán Loera, dejó una grave crisis de violencia que Sinaloa continúa pagando con muertos, desaparecidos y desplazados. Ese plan de extracción contó con el conocimiento y apoyo de Washington, según se desprende de los documentos del juicio contra Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de Los Chapitos y quien llevó a Zambada a Nuevo México, al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Lo que es más: el Gobierno de Trump, montado en una agresiva Doctrina Monroe, ha hecho manifiestas sus intenciones expansionistas en la región latinoamericana, donde ha conquistado varios aliados, de Venezuela a Colombia, pasando por Chile y Guatemala. México ha decidido mirar hacia los gobiernos progresistas y se ha acercado a Brasil y España, en un gesto que no ha gustado en la Casa Blanca. El Mayo, de 76 años, no podrá ver hasta dónde llegan las derivadas de su historia criminal, iniciada hace varias décadas, en las que consiguió edificar un verdadero imperio, tentador por su alcance y sus dividendos. El juez ha ordenado que se le embargue la estrafalaria suma de 15.000 millones de dólares, como medida de reparación del daño que ha causado (en EE UU) el negocio ilícito del capo. El Gobierno de Sheinbaum ha dicho que apela a obtener una parte de esos recursos, habida cuenta del reguero de sangre que ha corrido en México por años. Está por verse hasta dónde llega la disputa por esa riqueza construida sobre los muertos de la guerra contra el narco. Zambada, en una legendaria entrevista dada a Proceso hace años, vaticinó que el suyo era un negocio lucrativo, perfectamente capitalista, y que nada cambiaría si cayera él o cualquiera.
TÍTULO: El arancel de 10% suma 7,500 mdd: CCE AUTOR: J. Jesús Rangel M. MEDIO: Milenio LECTURA: 2 min TEMA: Economía / Comercio exterior
Jamieson Greer, titular del USTRade, reveló con claridad que en su portafolio de negociador (así llegó a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum), también lleva las órdenes de sanciones dictatoriales en materia arancelaria y las órdenes políticas de supeditar el T-MEC a temas de seguridad nacional para Estados Unidos relacionadas indiscutiblemente al combate a organizaciones criminales en México. Escucha razones, pero no las toma en cuenta, y quien decide todo es el presidente Donald Trump. Ayer el embajador Greer impuso el arancel de 10 por ciento a México bajo el argumento de que no se cumple con la prohibición sobre importaciones de bienes producidos con trabajo forzado bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El 12 de marzo inició las investigaciones sobre el tema en 60 economías, y desde esa fecha propuso los aranceles de 10 por ciento para los países que medio impiden esas importaciones, como Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido. No tomó en cuenta para nada los argumentos de Ernesto Acevedo, ministro de la oficina mexicana en Washington, ni de José Medina Mora, presidente del CCE; Alejandro Malagón, presidente de Concamin, y de Humberto Martínez, presidente de Index. Todos señalaron al USTRade que no hay pruebas ni evidencia de faltas en México, y que la imposición de aranceles afectará la relación comercial. Los dirigentes empresariales expusieron que las exportaciones totales de bienes de México a EU fueron aproximadamente de 534.9 mil millones de dólares en 2025, y que "los bienes que no cumplen con el T-MEC son estimados en 75 mil millones de dólares. Aplicando un arancel de 10 por ciento a esa base significa cerca de 7 mil 500 millones de dólares en aranceles anuales aplicados a los bienes que no tienen ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso". Si se agrega el anuncio de ayer del Tesoro de EU, que sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo terrorista CJNG, claramente se ve que Greer obedece más que negocia. Cuarto de junto Indra Group, una las principales compañías de América Latina y Europa de defensa y tecnologías avanzadas, nombró a José Ramón Peña Alonso como country manager en México para consolidar una operación más cercana a los clientes y desarrollar capacidades diferenciales… Excelente decisión de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que preside Andrés de la Parra, y los Distribuidores de Automotores, que encabeza Guillermo Rosales, sobre el convenio para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en todas las financieras, autofinancieras y distribuidores de automotores.
TÍTULO: Los nuevos aranceles… y por ahora México la libra AUTOR: Enrique Quintana MEDIO: El Financiero LECTURA: 6 min TEMA: Economía / Comercio exterior
El círculo se cerró ayer, casi con precisión de relojería. Este viernes 24 de julio expira el arancel global de 10% que Washington impuso en febrero al amparo de la Sección 122, el parche legal con el que sustituyó los aranceles "recíprocos" que la Suprema Corte tumbó en el caso Learning Resources contra Trump. Aquel fallo obligó además a devolver lo cobrado: de los 166 mil millones de dólares recaudados bajo la Ley de Emergencia Económica (IEEPA), la aduana estadounidense ya ha reembolsado más de 86 mil millones. Y apenas unas horas antes del vencimiento del parche, la USTR anunció el relevo definitivo. Por instrucción del presidente Trump, el representante comercial, Jamieson Greer, desde México, formalizó ayer la acción final de la Sección 301 por "trabajo forzoso": aranceles de 10% o 12.5% a los 60 principales socios comerciales de EU, que concentran 99.4% de sus importaciones. El tramo de 10% es para quienes ya prohíben importar bienes hechos con trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo o tienen regímenes parciales; el de 12.5%, para el resto. La acción excluye a los bienes ya gravados por la Sección 232 (autos, acero, aluminio), así como combustibles, alimentos, fertilizantes y materias primas cuya escasez dañaría a la economía estadounidense. A diferencia de la Sección 122, que topaba la tarifa en 15% y duraba 150 días, la 301 no tiene tope ni fecha de caducidad. La recaudación, presume el Tesoro, quedará "virtualmente sin cambios". Traducción: mismos aranceles, base legal más sólida. Aunque no libre de litigio: 22 fiscales estatales demócratas ya anticiparon impugnaciones, al considerar que el trabajo forzoso es un pretexto para imponer aranceles predeterminados. México quedó formalmente dentro de los 60, en el tramo del 10%, junto con Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Suena mal, pero la letra fina confirma lo que las autoridades habían anticipado desde junio: el arancel solo aplica a las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. Es decir, cerca de 85% del volumen exportado —el que sí cumple— sigue entrando sin arancel, y los bienes bajo la 232 tampoco son tocados. Vale precisar: la investigación nunca acusó a México de producir con trabajo forzoso, sino de no impedir con suficiente eficacia la importación de bienes fabricados así en terceros países. El expediente cita, por ejemplo, videocámaras chinas que se venden en plataformas mexicanas. Marcelo Ebrard lo resumió así: el 10% es el mismo trato que ya se tenía. En la práctica, México conserva la tasa efectiva más baja entre los grandes proveedores de EU, en torno a 3.6%. La exención prometida se cumplió, aunque no como exclusión de la lista, sino como blindaje vía tratado. El anuncio coincidió con la visita de Greer a México para la tercera ronda de la revisión del T-MEC. Ayer se reunió hora y media con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, acompañado del embajador Ronald Johnson; del lado mexicano estuvieron Ebrard, Roberto Velasco, Luis Rosendo Gutiérrez y Altagracia Gómez. "Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales", escribió la presidenta. En la mesa: acero y aluminio, reglas de origen automotrices, seguridad económica, agricultura, temas laborales y pagos electrónicos. Washington busca acuerdos interinos con México y Canadá antes de que termine 2026, dejando los temas más espinosos para 2027. Los mercados apenas se inmutaron. El peso cerró ayer en 17.52 por dólar, una depreciación de 0.7% atribuible más al mal día de Wall Street y al petróleo que al anuncio arancelario. La lectura es correcta: para México, el statu quo se preservó. Pero conviene no confundir alivio con certidumbre. Primero, la exención depende de cumplir reglas de origen, justo el capítulo que EU quiere endurecer en la revisión del tratado. Segundo, sigue pendiente la otra investigación 301, la de "exceso de capacidad", que incluye a México en sectores como acero, autos y semiconductores, y que podría apilarse sobre lo anunciado. Y tercero, el paraguas del T-MEC ya no es fijo: se revisa cada año. México volvió a librar el golpe. Es un logro del trabajo hecho por autoridades y empresarios. La tarea ahora es que el blindaje de hoy no se convierta en la moneda de cambio de mañana.
TÍTULO: Morena: gobernantes mal evaluados, pero su partido es favorito, ¿por qué? AUTOR: Salvador Camarena MEDIO: El Financiero LECTURA: 5 min TEMA: Política / Encuestas electorales
Dos encuestas de esta semana de El Financiero muestran una dualidad que destrona esa idea opositora de que, si el gobernante de Morena lo hace mal, los ciudadanos se lo cobrarán en las urnas. Por lo que dicen los números del encuestador Alejandro Moreno, para nada. Martes y miércoles El Financiero publicó sendos sondeos de Sinaloa y Michoacán, entidades que nadie podría decir que han tenido años fáciles desde 2021. Ahí, como en otras 15 entidades, en 2027 renovarán gubernatura. Y Morena, como partido, aventaja. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene una contundente desaprobación de 60 por ciento. Los que le aprueban son 32 por ciento. Números así se suponía que eran buena noticia para la oposición, pero cuando se pregunta "Intención de voto para gobernador", Morena recoge un notable 36 por ciento*, contra 14 del PAN, 9 del PRI y 7 de MC. PT y PVEM suman 5. Bedolla es reprobado en economía (49%), corrupción (67%), seguridad pública (76%) y crimen organizado (79%). Cifras escandalosas que no parecen tener impacto en la intención de voto hacia su partido, a menos que tomemos como costo que hay, según la misma encuesta, 29% de indefinidos. En Sinaloa es lo mismo: el gobierno es reprobado en economía (56%), corrupción (78%), seguridad pública (71%) y crimen organizado (74%). Y a la gobernadora Yeraldine Bonilla, con menos de tres meses en el cargo, la reprueba 49% y la aprueba 42%. Mas a la hora de que los sinaloenses revelan intención de voto, 38% dice Morena, mientras PAN, PRI y MC suman 23%. Hay 36% indefinidos. ¿Por qué la pésima actuación de autoridades morenistas no merma drásticamente las posibilidades de Morena de repetir en el cargo? Quizá porque la oposición, sobre todo PRI y PAN, no comprende que la cantaleta de "narcopartido" no incide en muchos votantes. Estas encuestas (vendrán otras) hablan de lo malo, pero tendríamos que adentrarnos en la fidelidad de ese voto ciudadano a Morena a partir de una combinación de discurso correcto y programas sociales, incluidas políticas salariales de 2018 a la fecha. Los discursos de Morena resuenan en la base a pesar de un mal gobernante porque a) la promesa de entrega de apoyos se ha cumplido; b) el aumento del salario mínimo y la formalización de empleos fueron exitosos, y c) los opositores no ofrecen nada parecido. Desde antes de que iniciara el sexenio de Claudia Sheinbaum, el PRIAN se amarró a eso del narcogobierno. En sus cabezas, la gente se escandalizaría de los nexos (probables y algunos que empiezan a probarse) de morenistas con narcos. El PRIAN pecaba de hipócrita, olvidadizo o tonto: ellos tuvieron los primeros especímenes de la narcopolítica y no por eso, específicamente, perdían elecciones. La oposición no entiende el éxito de la política social morenista. Es una paradoja, porque el PRI inventó cosas parecidas y porque el PAN supo cómo desbielar al clientelismo tricolor. Tampoco tiene un discurso social –y habría que preguntarse si, de llegar a tenerlo, los voceros opositores serían creíbles– que dé mordidas al macizo hoy leal a Morena. Encima, si la estrategia de seguridad de Sheinbaum da más resultados y la economía levanta, aunque sea un poquito, "lo malo" de gobiernos estatales podría bajar. Y ya no digamos si Claudia se decidiera a combatir la corrupción, pero no soñemos demasiado. Por lo pronto, la oposición tiene otro problema: su tesis de que son tan malos estos gobiernos estatales morenistas (en efecto, los hay terribles) que las victorias estarían al alcance de la mano no vuela, ni tantito. *En los careos, el o la candidata de Morena comprometería esa ventaja de su partido ante la independiente Grecia Quiroz, un fenómeno particular surgido del reclamo de justicia de la hoy alcaldesa de Uruapan por el asesinato de su marido y antecesor Carlos Manzo.
TÍTULO: El bloqueo vial como único recurso de justicia AUTOR: Pascal Beltrán del Río MEDIO: Excélsior LECTURA: 4 min TEMA: Sociedad / Justicia y seguridad pública
El cierre de avenidas como medida de última instancia para forzar la atención institucional se ha convertido en una amarga rutina cotidiana en México. Lo que alguna vez fue una acción reservada para movimientos sociales de gran escala, hoy es la única vía que encuentran ciudadanos comunes, víctimas y familias para ser escuchados por las autoridades de procuración e impartición de justicia. El fenómeno ha escalado a tal punto que la parálisis del tránsito urbano se percibe como la única garantía de que una carpeta de investigación salga del archivo muerto y reciba una revisión mínima por parte de los ministerios públicos. El episodio iniciado el mediodía del miércoles en la colonia Del Valle de la Ciudad de México ilustra con nitidez esta quiebra institucional. Vecinos y afectados por la invasión ilegítima de sus inmuebles decidieron cerrar el entronque de la avenida Coyoacán y la calle Matías Romero, tras la ocupación ilegal de un predio ubicado en la cercana Cerrada de Matías Romero. La comunidad de la Del Valle se ha caracterizado por su apego al orden civil y por agotar las vías formales ante la burocracia capitalina. La última vez que los habitantes de esta zona tomaron las calles con una determinación similar fue durante la crisis del agua contaminada con combustible, un problema ambiental y de salud pública que la autoridad capitalina nunca terminó de reconocer ni explicar con transparencia. Que una comunidad con estas características recurra al bloqueo vial no es un hecho menor: responde a la extrema gravedad que representa la desposesión de su patrimonio mediante la invasión de predios, un delito en expansión en la capital que suele operar bajo el amparo de grupos organizados y la omisión de los tribunales. Este caso no es aislado; en meses recientes, la Ciudad de México ha sido testigo de protestas similares en arterias neurálgicas como Insurgentes, Periférico o Viaducto, donde familiares de personas desaparecidas, víctimas de extorsión o despojo han tenido que paralizar la circulación durante horas para conseguir algo tan básico como una audiencia con las autoridades. Esta dinámica distorsiona por completo la relación entre la sociedad y sus instituciones. La atención ciudadana ha dejado de responder a criterios de legalidad, urgencia jurídica o debido proceso para someterse a una lógica reactiva, donde sólo quien logra generar un costo político o mediático mediante el caos urbano consigue mover la maquinaria del Estado. La proliferación de estas manifestaciones extremas es el síntoma directo de la percepción generalizada de que las vías institucionales han dejado de funcionar. Cuando la ciudadanía constata que las denuncias formales se acumulan sin avance y que la impunidad es la regla, el bloqueo de la vía pública deja de verse como un exceso y pasa a entenderse como el único mecanismo eficaz para presionar a una autoridad que sólo reacciona ante la presión mediática. El deterioro en la procuración e impartición de justicia en el país no es nuevo, pero se ha profundizado a un ritmo acelerado tras la implementación de la reforma judicial. La reestructuración de los tribunales, la parálisis operativa derivada de los cambios normativos y la pérdida de perfiles técnicos capacitados en los juzgados han agravado el rezago de expedientes y la vulnerabilidad de las víctimas. Lejos de acercar la justicia al ciudadano, el nuevo diseño institucional ha precarizado la respuesta estatal, dejando a las fiscalías y juzgados en un estado de letargo funcional o sometidas a esquemas de corrupción. Si la efectividad del derecho de propiedad y la protección física de los ciudadanos dependen de la capacidad de desquiciar el tráfico de una ciudad, es que el pacto social se encuentra profundamente lesionado. La multiplicación de los bloqueos no es una causa, sino la consecuencia directa de un sistema de justicia que ha renunciado a su función preventiva y reparadora. Mientras las instituciones continúen respondiendo únicamente ante la presión de la calle y no ante el mandato de la ley, el espacio público seguirá siendo el último y más desesperado tribunal de los ciudadanos.
TÍTULO: Cuatro de cada cien pesos AUTOR: Yuriria Sierra MEDIO: Excélsior LECTURA: 5 min TEMA: Seguridad / Corrupción y huachicol fiscal
Hay una aritmética que la FGR no ha querido hacer en voz alta, así que la haremos aquí. El 16 de julio, Ernestina Godoy anunció la detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, y la presentó como el golpe a "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento". El daño al erario atribuido a esa estructura: 4 mil mdp. Esta semana, tras una audiencia de más de 30 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega lo vinculó a proceso junto con siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Permanecerá en el Altiplano. Ahora la aritmética. El Estado pierde alrededor de 200 mil mdp al año por huachicol fiscal. Son 16 mil 700 mdp al mes. La "red más grande del país" explicaría entre 3 y 4% del boquete. Dicho de otro modo: la mayor red detectada hasta ahora cabe, completa, en una semana de saqueo. Y ese 4% es la cifra generosa. La procuradora fiscal Grisel Galeano cifró en octubre pasado el perjuicio acumulado en 600 mil mdp, de los cuales apenas 16 mil estaban en denuncias. Especialistas calculan que entre 2019 y 2024 se dejaron de pagar cada año entre 98 mil y 121 mil mdp de IEPS e IVA. Como referencia: la Estafa Maestra implicó desvíos por al menos 7 mil mdp; Segalmex, más de 15 mil. El huachicol fiscal los multiplica por decenas. Conviene recordar quién apareció primero en esta historia, porque la memoria pública es corta y el gobierno lo sabe. El 7 de septiembre de 2025 fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna junto con otros 13 implicados: tres empresarios, seis marinos y cinco funcionarios aduanales. Él y su hermano Fernando —sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán— fueron señalados como cabezas de una red que operaba en Manzanillo, Tampico y Altamira, y que habría desembarcado más de 30 buques con combustible en dos años. El contralmirante Fernando Farías estuvo prófugo hasta que fue detenido en Argentina en abril de este año, con pasaporte falso de Guatemala y ficha roja de Interpol. La red suma al menos 15 detenidos. Quince. Frente a un desfalco de 600 mil mdp. Y una pregunta que la defensa de los Farías dejó sobre la mesa y nadie ha recogido: pidieron que Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, declare. Sigue sin hacerlo. Hay más. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, reconoció ante la Comisión de Hacienda que el papel de los agentes aduanales en los esquemas de contrabando ha sido poco visibilizado y que, hasta ese momento, no enfrentaban procesos judiciales. Un esquema que requiere pedimentos falsificados, declaraciones aduanales alteradas y complicidad en ventanilla, y los agentes aduanales pasan de noche. Que quede claro, porque en este país todo se lee en clave de bando: si Ruffo Appel cometió los delitos que se le imputan, que pague. La jueza consideró que la FEMDO aportó datos de prueba suficientes, y eso no es cosa menor. Corresponde a la autoridad judicial determinar su responsabilidad, y hasta que haya sentencia se le presume inocente —el mismo estándar que se le debe a los Farías Laguna, a los funcionarios aduanales y a quien siga. El problema es otro. Es que el caso más publicitado, el que ocupó la conferencia de la fiscal general y las ocho columnas, sea justamente el que explica cuatro de cada cien pesos robados. Es que el rostro del huachicol fiscal —un delito que floreció durante el sexenio pasado, bajo la vigilancia de instituciones que se decían incorruptibles— termine siendo el de un panista de 74 años y no el de la estructura mucho más robusta que lo hizo posible durante seis años. La pregunta central no es si la red de Ruffo Appel es grande. Es quién opera 95% restante. Cada mes que pasa sin respuesta cuesta 16 mil 700 millones de pesos. Eso es dos veces la Estafa Maestra. Al mes. Se llama huachicol fiscal, pero el nombre engaña: no es un delito de gasolineras. Es un delito institucional, de puertos, de vías férreas y de despachos. Requiere Estado. Y mientras el Estado sólo detenga a quienes le resultan políticamente rentables, seguirá siendo cómplice de 95% que no persigue.
TÍTULO: ¿21 homicidios? AUTOR: Carlos Puig MEDIO: Milenio LECTURA: 3 min TEMA: Seguridad / Estadística criminal
En este sexenio se ha reducido el número de homicidios dolosos en el país. Así lo dicen los números serios, los bien contados, cada vez que se hacen públicos. Arranco diciendo esto porque no quiero meterme en la discusión entre académicos sobre si hay un torcedero de modalidades de conteo que indicarían otra cosa. Los análisis serios lo dejan claro: sí, hay menos homicidios. Lo digo también porque eso hace aún más difícil de entender el show de tanta y tanta mañanera. No entiendo por qué la Presidenta, la científica, lo hace; no entiendo por qué García Harfuch, dedicado y profesional en su trabajo, colabora con tal farsa. Más duda causa que es la misma Secretaría de Seguridad, la que dirige García Harfuch, la que dice que esos números valen de muy poco —eso sí, en las letras chiquitas. Veamos lo del miércoles. Podría elegir cincuenta días similares. Se dijo en la mañanera del 22 de julio, que el 21 se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años. "En efecto —dijo Sheinbaum— ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando". Como suele hacerlo cuando nota esas cosas, el director del Noroeste, Adrián Chávez, periodista de verdad, escribió: "Ayer hubo 4 homicidios en Sinaloa: un padre y su hijo fueron hallados asesinados en Navolato, otro hombre en Mazatlán y un Marino que falleció en el hospital tras agresión el pasado 3 de julio. Aun así, la fiscalía de Sinaloa reportó sólo 1. Así las malas prácticas para bajar la estadística". En un estado, tres más. ¿En el resto? Ahora. Lo más absurdo de esto es que el Gabinete de Seguridad lo sabe. Cito lo que dice el sitio web —no en las mañaneras—: "Los datos que muestra el reporte diario de homicidios dolosos son preliminares y están sujetos a la determinación jurídica de las procuradurías y/o fiscalías generales de las 32 entidades federativas que definirán si se trata de delitos. En todo caso, las estadísticas oficiales sólo se reportan por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública". ¿Entonces? ¿Por politiquería? Lo de los homicidios es cosa seria, trágica. México ha sufrido esa violencia las últimas décadas y la sigue padeciendo. No entiendo. Tal vez Luisa María Alcalde podría explicarlo en su conferencia o incluir el caso en la nueva maestría sobre el humanismo mexicano.