Por Roberto Uscanga Hernández

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Primero fueron las colonias populares: Vergel, Pacabtún, la Fidel Velázquez, Felipe Carrillo Puerto. En el sur, San Antonio Xluch, Plan de Ayala Sur y, luego, El Roble Agrícola. Hace unas semanas fueron San Antonio Cinta y, ahora, los vecinos de Vista Alegre Norte. ¿Cuál es el común denominador durante los últimos dos años? Todos ellos han tenido que cerrar vialidades tras sufrir apagones de más de 24 horas y, en algunos casos, de hasta 48, sin que nadie les resuelva.

Por eso hay que destacar las metáforas que sobreviven a quien las pronuncia porque terminan explicando una época. La semana pasada, la exgobernadora e investigadora Dulce María Sauri formuló una de ellas al advertir que la corrupción y la desconfianza no llegan como una inundación; llegan como musgo. Crecen lentamente, casi sin hacer ruido, hasta cubrir aquello que parecía firme.

La crisis eléctrica que vive Yucatán permite entender esa imagen con una claridad inquietante. El problema ya no consiste únicamente en apagones, transformadores sobrecargados o líneas de distribución envejecidas.

Lo verdaderamente delicado es que la falta de electricidad está dejando al descubierto la forma en que se distribuye el poder político. Es decir, quién asume responsabilidades, quién guarda silencio y quién intenta convertir el descontento ciudadano en una ventaja.

Desde el punto de vista técnico, ya nos dijeron hasta el cansancio, el diagnóstico está ampliamente documentado. La península dispone hoy de capacidad suficiente para generar electricidad gracias a las nuevas plantas de ciclo combinado. El cuello de botella aparece en la distribución. Postes, transformadores y circuitos crecieron mucho más lentamente que la expansión urbana de Mérida y de buena parte del estado.

A ello se suma la dependencia del gasoducto Mayakán, cuya ampliación continúa en proceso. En otras palabras, se anuncian grandes inversiones en generación mientras la infraestructura que lleva la energía hasta los hogares sigue siendo el eslabón más frágil.

Ahí aparece la primera responsabilidad difícil de esquivar. La Comisión Federal de Electricidad concentra las decisiones sobre la red de distribución y es, por tanto, la principal responsable técnica del problema. Sin embargo, cuando la respuesta institucional resulta insuficiente, el deterioro deja de ser únicamente material. Comienza el desgaste de la confianza pública. Y con ello viene la desesperación, expresada en el cierre de calles. Pero todavía hay algo más.

Ese deterioro avanza por etapas. Primero aparece la paciencia. Los ciudadanos reportan las fallas y esperan. Después llega el cansancio. Las más de veinte mil llamadas registradas durante un solo episodio reciente y los bloqueos realizados por vecinos de Pacabtún, así como las protestas en municipios del interior, muestran que esa etapa ya fue superada.

Finalmente surge un fenómeno todavía más silencioso: la privatización de la tranquilidad.

Quien puede hacerlo compra una planta de emergencia, instala paneles solares, adquiere baterías o reguladores. Entonces, la continuidad del servicio deja de depender exclusivamente del Estado y comienza a depender del nivel de ingreso de cada familia.

¿Qué está pasando cuando la electricidad deja de ser solamente un servicio público para convertirse también en una capacidad económica? Cuando esa solución privada tampoco alcanza, aparece la consecuencia más peligrosa de todas: la sospecha de que el sistema institucional ya no basta por sí mismo. No importa tanto si determinadas prácticas existen o no; basta con que una parte de la sociedad empiece a creer que una gestión informal puede resolver más rápido que el procedimiento oficial. Ahí el musgo deja de cubrir cables y comienza a cubrir instituciones.

En ese escenario, cada actor político ha reaccionado conforme a sus propios incentivos.

El gobierno federal ha preferido minimizar la dimensión política de los apagones y presentar buena parte de las críticas como propaganda opositora.

El gobierno estatal, a su vez, responde con inversiones, proyectos y cifras que documentan esfuerzos reales, pero que no contestan la pregunta que millones de ciudadanos formulan todos los días: ¿cuándo dejará de irse la luz y los aparatos dejarán de estar en riesgo?

La diferencia entre explicar inversiones y resolver percepciones se ha convertido en un problema político por sí mismo. Mientras tanto, algunos aliados han encontrado una oportunidad para posicionarse. Otros introducen narrativas paralelas, como el supuesto componente clasista de las críticas al gobernador Joaquín Díaz Mena, desplazando el debate hacia terrenos que poco ayudan a quien lleva dos noches sin energía eléctrica en su casa.

La oposición tampoco desperdicia el espacio. La alcaldesa Cecilia Patrón tomó la iniciativa al exigir formalmente respuestas a la CFE antes de que el gobierno estatal fijara una posición con el mismo nivel de visibilidad.

Álvaro Cetina ha documentado inconsistencias y promovido presión política mediante auditorías y recolección de firmas. Son movimientos legítimos dentro de la competencia democrática, aunque ninguno modifica la realidad fundamental: la solución estructural depende, en gran medida, de decisiones federales.

En medio de ese tablero destaca la reflexión de Dulce María Sauri. Su pregunta no gira alrededor de transformadores ni de megawatts. Es mucho más incómoda: ¿tiene hoy Yucatán el peso político suficiente para colocar sus prioridades en la agenda nacional?

La pregunta explica mejor que cualquier comunicado por qué el debate ha dejado de ser eléctrico para convertirse en institucional.

El gobernador Joaquín Díaz Mena enfrenta una situación particularmente compleja. No puede negar la crisis porque los ciudadanos la viven. Tampoco puede confrontar frontalmente a la CFE sin afectar la coordinación que necesita para futuras inversiones. Pero tampoco le basta con administrar comunicados mientras la percepción pública continúa deteriorándose.

Al final, el asunto ya no consiste en demostrar quién tiene la razón técnica, sino quién logra reconstruir la confianza. Los transformadores podrán cambiarse, las líneas podrán modernizarse y las inversiones podrán incrementarse.

Lo que será muy difícil es recuperar la certeza de que las instituciones responden cuando más se les necesita. Ese es el auténtico musgo institucional que ahora no solo cubre postes ni cables. Cubre la credibilidad. Y, una vez que la confianza queda recubierta por esa capa silenciosa, retirarla resulta mucho más complejo que reparar cualquier apagón.