La Vitrina

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Por Roberto Uscanga Hernández

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Hasta ayer, no se sabía una definición pública sobre el sentido final del voto panista ni sobre los términos de cualquier entendimiento político que pudiera estar detrás de la operación que permitirá la aprobación del crédito que solicitó el gobernador Joaquín Díaz Mena y cuyo picaporte legislativo descansa en el PAN yucateco.

Las dudas técnicas permanecen en los comunicados; los candados anunciados por el PAN no aparecen íntegramente en el decreto, y la mayoría calificada sigue dependiendo de la conducta de una bancada que deberá decidir si sus exigencias fueron condiciones reales o la narrativa previa a una aprobación.

Ya hemos dicho que la discusión no sólo trata de 1,562 millones de pesos. Trata de quién puede construir la mayoría calificada, qué obtiene a cambio y cómo una oposición puede transformar una instrucción política en un voto presentable. En este escenario aparecen en la conversación política tres personajes: Mauricio Vila, el gobernador Joaquín Díaz Mena y la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

La iniciativa del Gobierno del Estado se presenta como una respuesta a necesidades reales: agua, vialidades, movilidad y seguridad. Pero el interés político de la operación no está solamente en los 1,562 millones de pesos solicitados para nuevas obras. Está en la ruta que puede llevar al Congreso a autorizar, junto con ese financiamiento, el refinanciamiento de hasta 9,267.7 millones de pesos de deuda previa, con participaciones estatales como fuente de pago, fideicomisos y coberturas financieras.

La conversación pública comenzó alrededor de un crédito de 1,500 millones de pesos. La iniciativa entregada al Congreso autoriza hasta 1,562 millones para obras, pero añade una operación mucho mayor: el refinanciamiento de hasta 9,267.7 millones de pesos de deuda estatal existente. El paquete incluye autorización para contratar instrumentos derivados de cobertura, utilizar fideicomisos como mecanismos de pago y afectar un porcentaje suficiente del Fondo General de Participaciones para responder por las obligaciones.

No es solamente dinero para obras. Es una reingeniería financiera de largo alcance.

El texto autoriza que las operaciones de nuevo financiamiento y refinanciamiento tengan un plazo máximo de 15 años a partir de su contratación o disposición. Los créditos estatales incluidos en el refinanciamiento tienen vencimientos que van de 2033 a 2043.

El gobierno sostiene que la estructura permitirá mejorar tasas, ajustar el perfil de pagos y reducir la afectación del Fondo General de Participaciones, de 47.97% a 41.18% al combinar el refinanciamiento y el crédito nuevo.

Esa promesa debe discutirse con información completa. Pero el dato político es otro: el PAN fue convocado a conversar sobre un crédito de 1,500 millones y recibió una iniciativa que, además, reconfigura más de 9 mil millones de deuda estatal. La reacción pública de la bancada panista no fue denunciar un cambio de paquete, exigir el retiro de la iniciativa o reclamar que se modificaron las condiciones de la conversación. Fue emitir un segundo comunicado.

El PAN habló de “dudas técnicas”, pidió tasas, amortizaciones, capacidad de pago, costo financiero total, participaciones comprometidas y ahorro real. Las preguntas son pertinentes. Sin embargo, el tono no es el de una bancada que rompe una negociación. Es el de una bancada que prepara el lenguaje con el que podría acompañarla después.

El panismo yucateco no confrontó la ampliación del paquete. Sólo administró la incomodidad de aprobarlo. Por eso, el drama en este escenario no está en Morena. Sus diputados harán lo que normalmente hace una bancada de gobierno: respaldar al Ejecutivo, defender la iniciativa y levantar la mano cuando llegue el momento.

La autorización requiere el voto favorable de al menos dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes. Los votos panistas pueden completar esa mayoría calificada. Son los que pueden convertir la iniciativa en una autorización formal para reordenar deuda, comprometer participaciones y extender obligaciones hacia los siguientes gobiernos.

Por eso, el verdadero desenlace depende del PAN. Sus votos pueden completar la mayoría calificada necesaria para autorizar una operación de esta dimensión. Por eso la historia no está en la bancada oficialista, sino en la oposición que formalmente cuestiona, solicita información y anuncia condiciones, mientras en los corrillos políticos circula la versión de que la ruta de la aprobación ya fue negociada fuera del pleno.

En la conversación política circula desde hace semanas una versión: la instrucción para no bloquear el paquete no se habría construido dentro de la bancada, sino fuera de ella. La ruta no habría sido convencer diputado por diputado, sino negociar con Mauricio Vila. Si la conducta de la bancada confirma esa versión, los diputados panistas no serán los autores del acuerdo. Serán sólo sus ejecutores.

Eso ayuda a entender las fotografías de la reunión: Roger Torres frente a un micrófono, el documento abierto; Marité Boehm en la mesa de trabajo; Naomi Peniche al fondo. Laptops, papeles, botellas de agua y rostros concentrados. La imagen no registra una oposición que irrumpe para frenar al gobierno. Registra una oposición incorporada al procedimiento. O sea, la foto cumple una función: demostrar que se trabajó.

Y hay una diferencia entre estudiar un expediente y conservar libertad para cambiar su desenlace.

No se trata de afirmar como hecho un acuerdo que no ha sido exhibido en un documento. Se trata de observar una secuencia: la reunión en Palacio, los ocho puntos del PAN, el cambio de escala de la iniciativa, el comunicado de “dudas técnicas” y la posibilidad de una votación que convierta la discusión en trámite.

El salón de los retratos

Porque si la reunión en Palacio fue presentada como un ejercicio de apertura con un Joaquín Díaz Mena dialogando personalmente con la bancada panista para explicar el Plan Bienestar Metropolitano, sus obras y el financiamiento solicitado, en el salón también se cargaba con otra historia: hasta septiembre de 2024, Palacio de Gobierno fue territorio panista. Por esos pasillos pasaron muchos de quienes ahora volvieron con el distintivo de oposición. Algunos participaron en las decisiones del sexenio anterior, trabajaron en su entorno o pertenecieron a la red política que administró Yucatán entre 2018 y 2024.

Frente a ellos estaba Huacho Díaz Mena: gobernador de Morena, pero formado políticamente en el PAN. No hablaba ante un grupo desconocido. Hablaba frente a antiguos compañeros de partido, exadversarios internos y operadores de una disputa que todavía atraviesa la política yucateca.

Roger Torres estaba ahí, frente a documentos y micrófonos. En 2018, formó parte del entorno político que respaldó el proyecto de Mauricio Vila en la contienda interna panista en la que Huacho buscó la candidatura al gobierno. Vila fue candidato, ganó y gobernó; Huacho quedó fuera de aquella sucesión. Seis años después, Huacho gobierna desde Morena y escucha a quienes alguna vez estuvieron del otro lado de esa historia.

La escena tiene algo de revancha, pero más de rutina. El gobernador lee un documento largo. Los diputados escuchan, revisan, toman nota. Según versiones que un diputado panista proporcionó a un reportero local sobre el encuentro, Huacho no se distrae con el teléfono; se distrae con un clip, al que da vueltas hasta doblarlo en forma de anillo.

El gesto es pequeño, pero es útil para entender el clima. Mientras se explica una operación que puede comprometer recursos públicos por los siguientes gobiernos, la reunión no parece una batalla entre gobierno y oposición. Parece el trámite necesario para que la oposición tenga algo que revisar y para que la fotografía pueda demostrar que revisó.

Al salir de Palacio, la bancada panista presentó ocho propuestas: desglose de obras; comité plural; licitaciones públicas; portal de transparencia; recursos federales garantizados para Mérida; cuenta exclusiva y auditorías; una dirección técnica en JAPAY, y el regreso al Congreso ante cambios relevantes.

Son propuestas razonables. El problema político está en la distancia entre el anuncio y el documento final.

El PAN dijo que sus planteamientos habían sido recibidos “de manera favorable” y que esperaba verlos reflejados en el plan definitivo. No dijo que hubieran quedado aceptados, incorporados o convertidos en compromisos jurídicos.

Entre ser escuchado y quedar incorporado hay una distancia política enorme.

La iniciativa sí enumera cinco destinos y montos globales para el nuevo financiamiento: infraestructura hídrica, infraestructura peatonal, modernización de vialidades inferiores del Periférico, intervención en la avenida Aviación y tecnología de seguridad.

Pero no condiciona la disposición del crédito a que lleguen recursos federales. No crea un portal exclusivo con contratos, proveedores, avances, pagos y auditorías. No ordena que todas las obras y adquisiciones se hagan mediante licitación pública. No regula una dirección técnica de JAPAY seleccionada mediante proceso público. No exige que cambios relevantes de monto, destino o listado de obras regresen obligatoriamente al Congreso.

El comité previsto en el decreto es honorífico, consultivo y de seguimiento del nuevo financiamiento. Su composición no reproduce íntegramente la pluralidad anunciada por el PAN y su alcance no se extiende al refinanciamiento de la deuda previa.

Los ocho puntos pueden ser leídos como una agenda de exigencias legítimas. También pueden terminar siendo el barniz de independencia necesario para cubrir una decisión tomada en otro nivel.

Quizá algunos legisladores teman que les llamen vendidos. Quizá otros no han calculado todavía el costo público de una aprobación. Pero en una estructura política disciplinada, el precio de explicar un voto puede ser menor que el precio de desobedecer a quien conserva influencia sobre candidaturas, posiciones y futuro político.

En la vida real y todos los políticos lo saben, la autonomía se pronuncia en los comunicados y la lealtad se cobra en el tablero. Mañana, en una segunda entrega, analizaremos de Mérida y la garantía política que representa en esta iniciativa. Y también si Mauricio Vila aún puede cobrar, en capital político, la llave de esa mayoría panista.