La Vitrina

Por Roberto Uscanga Hernández

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Lo ocurrido esta tarde en el Periférico Sur de Mérida ya no puede analizarse únicamente como una protesta por un apagón. El problema empieza a ser otro: en Yucatán se está normalizando la idea de que cerrar calles, bloquear avenidas o paralizar el Periférico es el único mecanismo eficaz para obligar a la Comisión Federal de Electricidad a responder.

Los vecinos de La Mielera y Nueva San José Tecoh llevaban cuatro días sin energía eléctrica. Más de cien familias enfrentaban calor, alimentos echados a perder, bombas de agua detenidas y aparatos eléctricos expuestos a daños. Después llegaron las llantas, el fuego y el cierre de ambos sentidos del Periférico.

La escena es importante porque resume una falla institucional que comienza mucho antes de que alguien arrastre una llanta hasta la carretera. Ya es como un guión establecido: 

Primero viene el apagón. Después los reportes. Luego pasan las horas. Después los días. Nadie explica con claridad qué ocurre, cuándo llegará una cuadrilla o a qué hora se restablecerá el servicio. Finalmente aparece el bloqueo. Y entonces sí ocurre algo. Y allá está la cosa porque ese aprendizaje colectivo es peligrosísimo.

La frase repetida entre los manifestantes esta tarde lo explica mejor que cualquier estudio de opinión: “Ya nadie viene si no bloqueamos”.

Cuando una comunidad concluye que reportar no sirve, esperar tampoco y protestar pacíficamente produce pocos resultados, comienza a descubrir que la interrupción de la movilidad genera una capacidad de presión mucho mayor. Ahí está el verdadero problema.

Durante las últimas semanas las quejas por apagones se han extendido por Santa Rosa, Azcorra, San Sebastián, Mulsay, Los Pinos, Francisco de Montejo, Vergel, Chuburná, Mulchechén y otras zonas de Mérida. También comerciantes del Centro Histórico han padecido cortes prolongados. El mapa ya no distingue entre colonias populares, fraccionamientos de clase media o zonas comerciales.

Un día antes del bloqueo del Periférico, alrededor de 50 vecinos de distintas colonias se habían reunido en Santa Rosa para exigir una solución.  Veinticuatro horas después, otra protesta evolucionó hacia una acción mucho más disruptiva. Eso merece atención. Y es que cuando una protesta consigue acelerar una respuesta que durante días no llegó por los canales institucionales, la experiencia se transmite rápidamente entre comunidades.

“Si ellos bloquearon y los atendieron, nosotros también”.

Esto en suma, puede convertirse en el nuevo manual ciudadano frente a la CFE. No significa que todas las protestas vayan a terminar con llantas incendiadas. Tampoco significa justificar el cierre de vialidades que perjudica a miles de automovilistas ajenos al conflicto. Pero precisamente por eso el fenómeno resulta preocupante.

El ciudadano atrapado durante horas en el Periférico también tiene derechos. Y esta tarde comenzaron los enfrentamientos verbales entre quienes reclamaban electricidad y quienes simplemente querían llegar a sus casas, trabajos o compromisos. Dos grupos afectados por problemas distintos terminaron enfrentándose mientras la institución responsable del origen de la protesta seguía ausente del escenario.

La SSP estuvo presente, pero su función fue básicamente contener. Eso puede evitar temporalmente una confrontación mayor, pero no resuelve la causa.

La policía puede administrar el tráfico, establecer perímetros o impedir que una discusión escale a violencia. Lo que no puede hacer es reparar un transformador, restablecer una línea eléctrica o proporcionar una hora cierta de solución. Por eso mandar patrullas sin mandar técnicos equivale a atender la consecuencia dejando intacto el problema.

Y aquí aparece una contradicción institucional complicada: legalmente pueden explicarse durante horas las competencias de la Federación, del Estado o de los municipios. Políticamente, al vecino que lleva cuatro días sin electricidad esa explicación le importa bastante poco. Lo que quiere saber es quién va a resolver y cuándo.

La crisis eléctrica de Yucatán lleva meses produciendo señales de desgaste. Ya se ha reconocido incluso que algunos problemas estructurales podrían requerir años para solucionarse. Pero una cosa es explicar que la modernización de la red tomará tiempo y otra muy distinta pedirle a una familia que soporte cuatro días sin electricidad esperando indefinidamente un folio del 071.

Las soluciones estructurales pueden tardar años. Las emergencias domésticas no.

Por eso la recomendación ejecutiva surgida de este episodio debería tomarse con mucha seriedad: el objetivo de las autoridades ya no debe ser reaccionar al bloqueo; debe ser evitar que el bloqueo se convierta en el método habitual de gestión de los apagones. Eso exige modificar el protocolo y algo más que algunas declaraciones aburridas del titular de la Agencia de Energia de Yucatán y hasta de uno que otro líder empresarial. 

Un corte prolongado de electricidad —particularmente cuando supera las 24 horas y afecta a decenas de familias— debería activar una intervención especial. No solamente un número de reporte.

Debe existir una cuadrilla identificable, un enlace operativo, información pública sobre el avance de la reparación y una estimación realista del restablecimiento.

Si el problema requiere 12 horas, decir 12 horas. Si requiere dos días, explicarlo.

Lo que incendia las protestas muchas veces no es únicamente la falta de electricidad. Es la incertidumbre.

La gente no sabe si alguien recibió su reporte, si alguien acudirá, si la falla está diagnosticada o si simplemente seguirá esperando.

En ese vacío informativo nace la organización vecinal. Y después aparece la calle cerrada. La CFE necesita presencia técnica visible antes del conflicto. Las autoridades estatales y municipales, aunque no tengan competencia directa sobre la red eléctrica, necesitan mecanismos formales de enlace que permitan escalar fallas graves y ofrecer información verificable a los afectados. También debe existir un protocolo de mediación cuando ocurra una protesta, porque dejar frente a frente a manifestantes desesperados y automovilistas enfurecidos es una combinación que tarde o temprano puede terminar mal.

Pero la parte fundamental sigue estando antes. Antes de las patrullas. Antes de las llantas.
Antes del Periférico cerrado.

La primera cuadrilla debe llegar antes que la primera barricada.

Ya es un hecho que Yucatán está entrando en una etapa delicada: la protesta disruptiva comienza a percibirse como una herramienta efectiva de negociación frente a los apagones. Y cuando un método funciona, se repite. Ese es el riesgo político y operativo que deben entender las autoridades.

El problema de la tarde de ayer no fueron solamente cuatro días sin electricidad en La Mielera y Nueva San José Tecoh. El problema es que muchas otras colonias estuvieron observando. Y también aprendieron algo. Y lo que bien se aprende, no se olvida.