Por Roberto Uscanga Hernández

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El viernes pasado, La Revista Peninsular reveló parte de una conversación sostenida en un chat de empresarios y promotores de inversión en Yucatán, donde el reconocido empresario Pepe Chapur expresó su molestia por lo ocurrido con el proyecto Las Dunas, en Chuburná Puerto, y cuestionó las condiciones de certeza jurídica para seguir promoviendo inversiones en el estado. 

Hoy, el Diario de Yucatán retoma el episodio con mayor amplitud y convierte lo que comenzó como una conversación privada en un asunto de interés público. Más allá de si Chapur renunció, amagó con hacerlo o posteriormente decidió continuar participando en los organismos de promoción económica, lo verdaderamente revelador es el malestar que quedó expuesto entre empresarios que sienten que pueden invertir, cumplir procedimientos, obtener autorizaciones y, aun así, terminar sometidos a una narrativa pública donde rápidamente pasan de inversionistas a villanos.

Cuando observamos casos como éste, concluimos que sigue siendo muy triste comprobar la indolencia de muchas corporaciones y grupos empresariales frente a la gestión de crisis reputacional. Le ocurrió a Kekén en sus conflictos ambientales, a La Parrilla durante el episodio de los comensales intoxicados, a Las Américas de Grupo Sadasi durante las inundaciones por Amanda y Cristóbal y, de manera casi absurda, hasta las tortas de La María Elena terminaron recientemente involucradas en una disputa política dentro del PAN. 

Cambian las circunstancias y los protagonistas, pero permanece el mismo error: las empresas tardan demasiado en explicar, permiten que otros definan primero el problema y, cuando finalmente reaccionan, la opinión pública ya recibió una versión sencilla, emocional y casi siempre construida alrededor de un culpable y una víctima.

El caso de Pepe Chapur resulta especialmente ilustrativo. Existe una clausura temporal de Profepa sobre Las Dunas y existen observaciones ambientales que deberán resolverse por las vías administrativas y jurídicas correspondientes. 

Esa parte del asunto no puede minimizarse ni sustituirse con propaganda empresarial. Pero tampoco debería confundirse un procedimiento ambiental con una condena pública anticipada. Chapur terminó tratado en determinados espacios como si ya se hubiera probado una conducta deliberadamente depredadora, mientras el secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ermilo Barrera fue criticado con memes por posar con falda escocesa mientras continuaba “promoviendo a Yucatán como destino para nuevas inversiones”. 

La paradoja es evidente: se busca capital en el extranjero, se presume la vocación económica del estado y, al mismo tiempo, se deja que una controversia regulatoria se convierta en una batalla moral donde la inversión aparece automáticamente enfrentada con la comunidad y con el medio ambiente.

No se trata de que el gobierno deba convertirse siempre en abogado del sector privado. 

Se trata de entender las consecuencias de vivir en un país profundamente polarizado, donde la narrativa del rico contra el pobre, el empresario contra el pueblo o el desarrollador contra la comunidad funciona políticamente porque es simple, emocional y muy rentable en redes sociales. 

Explicar una Manifestación de Impacto Ambiental, una condicionante, un cambio de uso de suelo o las competencias de Semarnat, Profepa, el Gobierno del Estado y un ayuntamiento exige tiempo y contexto. 

Decir que “un millonario está destruyendo las dunas de una comunidad” necesita apenas unos segundos. En ese vacío prosperan activistas, adversarios políticos, influencers y cualquier actor que logre imponer primero su interpretación.

La confusión ha llegado incluso al terreno jurídico y político nacional. Incluso la ministra de la SCJN, Lenia Batres ha intervenido en asuntos relacionados con el Ejido de Chuburná y con los derechos colectivos que ese núcleo agrario reclama frente a particulares. Sin embargo, los propios expedientes de la Suprema Corte ubican esos litigios en el Ejido Chuburná del municipio de Mérida y no en Chuburná Puerto, comisaría de Progreso donde se encuentra Las Dunas. La coincidencia del nombre ha terminado abonando, en la conversación pública, a una mezcla entre realidades agrarias, territoriales y ambientales distintas que después se presentan como si formaran parte de un mismo conflicto.

Algo parecido sucede cuando se habla genéricamente de “pescadores mayas afectados”. Al menos públicamente no se conoce la existencia de un grupo organizado bajo esa denominación que, incluso desde la administración pasada, haya acreditado una afectación concreta provocada por la obra. 

Esto no significa que no existan habitantes, pescadores, prestadores de servicios o colectivos inconformes, ni que sus preocupaciones carezcan de fundamento. Significa que conviene distinguir entre oposición local documentada y la construcción de una representación homogénea de toda una comunidad. En Chuburná Puerto, buena parte de la vida económica gira alrededor de la pesca, el puerto, los servicios y el turismo, y por eso sería mucho más esclarecedor escuchar directamente a los pescadores explicar si la afectación que perciben tiene que ver con accesos, corrientes, captura, navegación, erosión, infraestructura o presión urbana.

Nada de eso fue aclarado por las dependencias estatales que dicen promover y proteger la inversión privada. 

Mientras eso ocurre, en las redes sociales fluyen cientos de videos, publicaciones y denuncias de activistas, ambientalistas y jóvenes que se engancharon en una discusión digital de largo alcance. Algunos son los mismos del caso Kekén y la industria porcícola que gastó enormes sumas de dinero en desplegados tradicionales y gacetillas cuando la batalla reputacional la perdió en las redes sociales. 

La conversación dejó de ser exclusivamente técnica para adquirir una dimensión moral en la que Pepe Chapur comenzó a aparecer no como un empresario enfrentando un procedimiento administrativo, sino prácticamente como un delincuente ambiental. Ahí radica el problema reputacional: una medida precautoria, una clausura temporal y un procedimiento todavía en desarrollo pueden terminar convertidos en una sentencia definitiva mucho antes de que las autoridades concluyan sus actuaciones.

En Sisal ocurrió algo distinto cuando surgió la oposición al nombramiento como Pueblo Mágico. Ahí pudieron escucharse razones concretas relacionadas con los servicios, el crecimiento inmobiliario, la presión turística y los cambios en la vida cotidiana. Se podía estar de acuerdo o no, pero los intereses locales eran identificables. En Chuburná Puerto debería ocurrir lo mismo. Antes de hablar en nombre de la comunidad habría que entender cuáles son realmente sus prioridades, sus temores y sus intereses, porque una comunidad no es una abstracción ideológica sino una suma de pescadores, comerciantes, propietarios, prestadores de servicios, ejidatarios y familias con necesidades diferentes.

Lo mismo ocurre con los ejidos. En Yucatán seguimos utilizando la palabra “ejidatario” como si todos los núcleos agrarios compartieran intereses semejantes, cuando la expansión urbana, los corredores logísticos y los proyectos ferroviarios han transformado por completo el valor de muchas tierras. Hay ejidos cuyos intereses principales ya no están donde estuvieron hace décadas, sino en zonas que pueden multiplicar su valor por nuevas carreteras, desarrollos o infraestructura. Por eso, para entender cualquier conflicto territorial conviene hacer tres preguntas básicas: quién tiene derechos sobre la tierra, cuánto vale hoy y qué obra o proyecto hará que valga más mañana. En muchos casos, esas respuestas explican mejor el conflicto que las consignas.

Pero toda esta complejidad tampoco exonera a los empresarios. Al contrario. El chat revelado por La Revista Peninsular demuestra que los empresarios sí hablan, sí se inconforman y sí tienen diagnósticos sobre lo que consideran riesgos, arbitrariedades o falta de certeza. El problema es que con frecuencia esas discusiones permanecen encerradas entre ellos, mientras hacia afuera la comunicación corporativa sigue reducida a boletines, campañas de imagen, publirreportajes o fotografías de responsabilidad social. Es entonces cuando una conversación privada de WhatsApp termina comunicando mejor el estado de ánimo empresarial que toda la estructura institucional de las cámaras, consejos y organismos de promoción.

Asistimos pues, a una degradación evidente del debate público, pero también una enorme oportunidad. Nunca hubo tanta necesidad de comunicación profesional, entendida no como propaganda, sino como una verdadera ingeniería reputacional que combine derecho, análisis político, asuntos públicos, conocimiento territorial, inteligencia digital y relaciones comunitarias. 

Las empresas necesitan aprender que tener jurídicamente la razón no garantiza ganar socialmente una discusión y que esperar a que estalle una crisis para llamar al comunicador es llegar demasiado tarde.

El episodio de Chapur debería dejar una lección sencilla. La crisis no comenzó cuando Profepa colocó los sellos ni cuando La Revista Peninsular publicó el chat, ni siquiera cuando el Diario de Yucatán decidió ampliar el tema. Comenzó mucho antes, cuando distintos actores dejaron un enorme espacio vacío para explicar qué estaba ocurriendo y permitieron que otros lo llenaran. En tiempos de polarización, el activo empresarial más difícil de recuperar no siempre es el dinero perdido. Muchas veces es algo todavía más costoso: la legitimidad perdida.