Por Roberto Uscanga Hernández

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El apagón del 3 de septiembre dejó sin luz a 745 mil personas en cuatro estados y confirmó un riesgo que ya estaba descrito: la red no soporta perder un solo enlace crítico.  

El apagón cotidiano La luz se va y Mérida se detiene. Con los focos se apagan también bombas de agua, semáforos, comunicaciones, comercios, servicios de salud y actividades cotidianas. La escena trasciende el ámbito privado: es la imagen visible de una ciudad cuya expansión urbana corre por delante de la infraestructura que debería sostenerla.

Ayer, la Mesa Ciudadana para la Modernización de la Infraestructura Eléctrica de Mérida y su Zona Metropolitana fue convocada por Ciudadanos Ya Basta, con el acompañamiento de Sinergia en Acción y la participación de especialistas vinculados al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Yucatán. Su propósito fue organizar el malestar, convertirlo en información técnica y proyectarlo hacia una exigencia pública: que la crisis eléctrica deje de administrarse como emergencia y se atienda como problema metropolitano.

Tres versiones, ninguna respuesta. Apenas el miércoles 3 de septiembre, una falla en dos líneas de transmisión de 400 kilovoltios dejó sin luz a 745 mil usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. La Comisión Federal de Electricidad habló de vandalismo. El gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció infraestructura obsoleta y pidió inversión. El diputado Álvaro Cetina Puerto exigió compensaciones, fechas y tarifa 1F. Tres versiones distintas, tres intereses distintos, y ninguna responde la única pregunta que de verdad debería importarnos: qué tan cerca está la península de que esto se repita y cuánto falta para que deje de estarlo.

Hay una frase que resume mejor que cualquier boletín oficial lo que ocurrió. La dijo César Hernández, exsubsecretario de Electricidad y Energía, en una entrevista que circula estos días.

"La península está colgada de un diablito. La península está colgada con alfileres." — César Hernández

Habla desde el conocimiento técnico de un sistema que, según su diagnóstico, no está diseñado para perder un solo enlace crítico sin que la falla se propague. El apagón confirmó un riesgo que ya estaba descrito.

Un patrón que ya conocemos. Como hemos señalado a los suscriptores de 8AM, las crisis rara vez nacen en el momento en que estallan. Nacen antes, en el vacío que dejan las instituciones cuando prefieren explicar poco y tarde. Lo comentamos a propósito de Kekén, de La Parrilla, de Las Américas de Grupo Sadasi. El patrón se repite ahora con un gobierno estatal y una Comisión Federal de Electricidad administrando una promesa energética, en lugar de una empresa privada defendiendo su reputación. Cambia el protagonista, pero el mecanismo es idéntico. Donde falta información verificable, la opinión pública construye su propia versión, casi siempre simple, emocional y con un culpable ya asignado.

La promesa oficial es que en 2028 Yucatán será autónomo en generación de energía para toda la península. Suena contundente hasta que se le pregunta por el calendario.

"2028" puede significar el primer día de ese año o el último; entre ambas lecturas caben 365 días de diferencia, es decir, entre 485 y 850 días a partir de hoy, según se cuente. Una promesa sin hitos intermedios, sin presupuesto desagregado y sin manera pública de medir un retraso funciona como un horizonte que se puede mover cada vez que conviene.

El titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, tiene en su poder una Matriz de Seguimiento del Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones 2025-2030. No la ha hecho pública. Si ese instrumento existe y de verdad mide algo, no hay razón para mantenerlo fuera del alcance de quienes se quedaron sin luz.

Ahí está la paradoja que ninguna de las tres versiones oficiales quiere nombrar: la autonomía energética es una promesa de generación, pero el apagón exhibió un problema distinto, de resiliencia.

Más megawatts no vuelven menos vulnerable a una red que depende de pocos enlaces críticos, de un suministro de gas concentrado en Mayakán mientras Cuxtal II y la ampliación del ducto siguen pendientes, y de un esquema de mantenimiento que, según la propia Agencia de Energía, atribuye el 44% de las interrupciones a ramas y árboles caídos. Esa cifra abre más preguntas de las que responde: qué programa preventivo existe, con qué presupuesto, en qué tramos, y cuánto ha reducido realmente el riesgo. Nadie lo ha dicho todavía.

Es aquí donde el diputado Cetina Puerto tiene razón en el diagnóstico, aunque su reclamo político no baste para resolverlo: convertir la incertidumbre técnica en costo político era previsible, y probablemente necesario para que el tema no se diluya. Pero exigir transparencia solo funciona si en algún momento alguien decide entregarla. La oposición puede pedir el mapa de obras, riesgos y plazos las veces que quiera; mientras ninguna autoridad esté obligada a mostrarlo, seguirá siendo un ejercicio retórico.

La disputa entre vandalismo y obsolescencia, entretenida como es, distrae de lo único que realmente cambiaría las cosas: un documento público, verificable, que muestre las rutas alternas de interconexión, el estado real del suministro de gas, el calendario de mantenimiento preventivo y el ritmo de la demanda frente a la capacidad instalada. Sin eso, la ciudadanía solo puede medir la crisis energética cuando se apaga el ventilador, y eso es exactamente lo que le conviene a quien prefiere administrar la opacidad antes que resolver la fragilidad.

La energía se sostiene con megawatts, pero también con la confianza que da la información pública: esa es la infraestructura que la península todavía no tiene. Mientras el mapa siga apagado, la próxima falla será, otra vez, el mismo silencio institucional sosteniéndose con los mismos alfileres.