Por Roberto Uscanga Hernández

Apenas asentado el polvo del chat que exhibió el malestar de Pepe Chapur por el caso Las Dunas, otro chat retrata un enojo distinto: la respuesta que la oficina de representación del gobernador publicó en El Financiero —operada, dicen quienes la leen desde dentro, desde la Ciudad de México— cayó como un manotazo.

El dato verificable no hace falta buscarlo en ningún chat: está en el propio texto oficial. Coparmex Mérida reportó que solo el 17.9% de sus socios ve un buen momento para invertir. La respuesta, en vez de tomarse en serio ese número, propuso uno propio: como la muestra nacional de #DataCoparmex promedia 57 respuestas por centro empresarial, supuso que Yucatán estuvo en ese promedio y de ahí dedujo que el 17.9% equivale a unas diez personas y el "ocho de cada diez" a unas cuarenta.

El supuesto no resiste el primer dato duro: Coparmex Mérida tiene 600 socios, más de diez veces ese promedio nacional, y el propio estudio reconoce que en Yucatán la participación de los socios ha sido históricamente alta. Convertir el promedio nacional en el tamaño de la muestra yucateca es una suposición vestida de estadística.

Frente al malestar, el Gobierno del Estado respondió con números grandes: 80 proyectos, 130 mil millones de pesos. Pero la palabra que la propia oficina usó —cartas de intención— ya contiene la respuesta que Coparmex esperaba. Una carta de intención acredita interés: es una ruta de gestión, una conversación en curso, todavía sin inversión ejercida, permiso ni obra.

De cartas de intención están llenos los archiveros de cualquier secretaría de economía del país; lo saben firmantes y receptores por igual. Convertirlas en cifra de campaña es justo la parte que Coparmex no está dispuesta a tragarse, ni por asomo, aunque algunos voceros extraoficiales presuman supuestas nuevas inversiones.

El error de Bepensa ilustra el mismo reflejo. La respuesta oficial la presentó prácticamente como una nueva embotelladora de The Coca-Cola Company. Pero todos saben que Bepensa es yucateca, fundada en Mérida en 1946, con capital familiar local que opera desde hace décadas bajo el sistema de embotellado de Coca-Cola sin dejar de ser suya.

Llamarla "nueva embotelladora" borra casi ochenta años de empresariado local para prestarle brillo a una marca ajena. Es justo lo que Coparmex denuncia cuando insinúa que el gobierno prefiere la marca a la evidencia: hasta para presumir inversión, eligió el logotipo prestado antes que el capital propio.

Lo mismo ocurre con la energía y el empleo: una cosa es generar megawatts y otra es entregarlos, así como una cosa es tener ocupación y otra es tener formalidad. En los tres frentes el patrón se repite idéntico: se contesta con el tamaño del anuncio, sin mostrar el estado del expediente. Rinde en portada y cobra la factura después, cuando alguien pregunte cuántas de esas 80 cartas ya son obra.

Por eso, nos comentan las fuentes empresariales, les molestó la respuesta más que la propia encuesta. El gobierno prefirió litigar el tamaño de una muestra antes que mostrar el estado de sus expedientes. Los empresarios que hoy pagan nómina respaldan el "Renacimiento Maya", pero piden la misma calculadora que se usó contra Coparmex, aplicada esta vez a las ochenta cartas de intención, para saber cuántas ya salieron del cajón. Porque, como decía alguna vez don Víctor Arjona Barbosa: "De intenciones y convenios están llenos los archiveros".