Opinión
10/09/2026TÍTULO: La boda que cambió dos sexenios
AUTOR: Jorge Zepeda Patterson
MEDIO: El País
LECTURA: 4 min
TEMA: Política / Comunicación gubernamental
Habría que preguntarse si la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación pudo haber sido diferente a esta confrontación abierta en la que ha derivado, que desde hace ocho años convierte a la información en propaganda de uno y otro lado. La pregunta cabe cuando se observa el tema de la inseguridad. Las estadísticas de crímenes se han desplomado de manera sorprendente, pero la percepción entre la mayoría de los mexicanos es la contraria. Varias razones lo explicarían, pero en gran medida obedece al bombardeo de los medios sobre las nota roja.
Es comprensible que la prensa, la radio y la televisión vean con recelo, e incluso animadversión, un proyecto de cambio que favorece a los sectores populares y reduce privilegios al tercio más próspero. Los dueños, directivos, editores y opinadores pertenecen en su mayoría al segmento que tendría razones para desconfiar de una fuerza política centrada en el lema: "Primero los pobres". Muchos de ellos están convencidos de que se trata de un populismo que retrasa las posibilidades de México de convertirse en un país moderno y democrático. Otros, simplemente porque es contrario a sus intereses.
La polarización extrema que ha alcanzado el debate ha llegado a límites penosos para ambas partes. No solo por el exceso de ideologización considerando que, en realidad, el proyecto de cambio es mucho más moderado que la narrativa esgrimida por unos y otros. Sino también por la conversación centrada en epítetos y descalificaciones, cada vez más degradada a propaganda en favor y en contra.
Me parece que las cosas no tendrían que haber alcanzado ese punto. Y si lo hicieron con tal intensidad, obedece en gran medida al resultado de una boda. César Yáñez estaba destinado a ser el coordinador de Comunicación Social de Andrés Manuel López Obrador a partir de 2018, como lo había sido en el Gobierno de la capital y durante las tres campañas presidenciales. No solo eso: se trataba de la figura más cercana, literalmente, al político tabasqueño. Durante años viajó a su lado en los interminables traslados. En muchas ocasiones fue su único compañero de asiento, asistente y confidente.
El estilo de Yáñez, como coordinador de medios, se había caracterizado por el diálogo, la construcción de puentes y —¿por qué no decirlo?— por la adecuación del peculiar estilo de su jefe a los intríngulis de la prensa. Es cierto que la mayoría de los medios fueron adversos al ascenso de López Obrador a lo largo de los años, en gran medida acicateados por la fuerza y el presupuesto de los Gobiernos de entonces. Pero Yáñez, y el propio López Obrador, mantuvieron espacios y una relación regular con directivos, opinadores y dueños.
La boda de Yáñez, pocos meses antes de la toma de posesión, cambió eso. Contrajo nupcias con una próspera empresaria poblana y dejó en su cónyuge la organización del festejo. Como se sabe, terminó en un escándalo mediático. Es conocida la irritación del invitado de honor cuando se vio en las páginas de la revista Hola, entre arreglos florales y menús sofisticados contrarios a su pregonada austeridad. Durante su campaña, el propio candidato había criticado los excesos de Peña Nieto y los suyos, justamente publicados en esa revista. Una abolladura en la imagen que el presidente electo no podía dejar pasar. La consecuencia fue el destierro de Yáñez del primer círculo de Palacio Nacional, semanas antes de la toma de posesión. Hoy es subsecretario de Gobernación. Pero nunca regresó a las tareas de comunicación.
En realidad, las consecuencias fueron mucho más graves, porque eso definió el tono y la naturaleza de la relación del nuevo régimen con los medios. Jesús Ramírez, quien entró al quite y se convirtió en el jefe de Comunicación del sexenio, pertenecía a una corriente más ideologizada y radical, y no tenía contacto previo con la comunidad de los "informadores". En sus orígenes había sido reportero de La Jornada, impulsado por su cercanía con Carlos Monsiváis. Luego pasó a ocuparse del periódico Regeneración, órgano oficial del movimiento.
Durante la campaña presidencial tuvo el acierto de dedicarse a la construcción de redes sociales favorables a Morena, contactar influencers y activistas proclives, y desarrollar técnicas para defender y contraatacar en las campañas sucias de las que era objeto el candidato. Un área desconocida para López Obrador pese a su larga trayectoria. El nuevo responsable de la comunicación con los medios tenía una relación nula con directivos, editores y opinadores de los medios tradicionales. Y siguió siendo así durante el sexenio.
Lo demás es historia. La prensa tradicional fue asumida como un adversario. Malos, buenos y regulares fueron considerados en bloque, cuando en realidad no lo han sido por la competencia entre las empresas y las diferencias de enfoque entre directivos, editores y opinadores en más de un matiz. La confrontación se volvió personal y los mutuos reproches terminaron en odios y resentimientos. Ramírez no inventó las muchas suspicacias de López Obrador respecto a los medios, pero les insufló esteroides. Durante seis años instruyó al presidente en los minutos previos a la Mañanera sobre las infamias del día por parte de la prensa y pobló el espacio con "amarranavajas" que pedían una opinión del mandatario sobre la última calumnia de la que había sido objeto. Si no lo era por completo, se aseguró de que el campo quedara envenenado.
TÍTULO: Guerra abierta en Morena
AUTOR: Carlos Loret de Mola
MEDIO: El Universal
LECTURA: 3 min
TEMA: Política / Morena y candidaturas 2027
Todos dicen que no hay divisiones ni hay fracturas en Morena. Lo dice la presidenta, lo dice la dirigente del partido, lo dice la encargada de que se designen candidatos. Lo dicen secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores. Lo repiten como mantra. Como decretándolo. Anhelándolo.
La realidad es que hay una guerra abierta en Morena por las candidaturas para el 2027. Después de conversar con decenas de integrantes del oficialismo de distintos niveles, que obviamente me piden no dar sus nombres para evitar represalias, la película que pintan tiene tres componentes comunes:
1.- La presidenta está fuera de la jugada. Me sorprende escuchar una y otra vez que la doctora Claudia Sheinbaum ha quedado totalmente marginada del movimiento. No como fruto de una "sana distancia" autoimpuesta, no como un gesto democrático, sino a consecuencia de que la han ido arrinconando porque no la ven como líder ni como dirigente del movimiento. No es que la presidenta no quiera poner a sus candidatos, es que no puede. Su margen de maniobra existe, pero es sumamente estrecho. Uno de los testimonios que recogí fue todavía más lejos: dijo que hoy en Morena estar cerca de la presidenta es garantía... de que no te van a dar la candidatura.
2.- Andrés Manuel y Adán Augusto se están quedando con todo. Es quizá el símbolo de la guerra abierta. Lo que apuntan todos es que, a través de Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, y de Citlalli Hernández, la encargada de la Comisión de Elecciones del partido, las candidaturas se las están repartiendo entre el expresidente López Obrador y su ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vinculado al cártel de La Barredora. Esto confirma que Morena es propiedad privada de Andrés Manuel López Obrador y que su operador de confianza sigue siendo su "hermano" Adán Augusto. Entre ellos cortan el pastel y deciden a quién le tocan las rebanadas grandes, a quién las chicas y a quién no le toca pastel. Que Adán Augusto siga teniendo esta preponderancia es también un síntoma de debilidad de la presidenta. Ella apostó por marginarlo, después de que la Fiscalía del propio gobierno federal morenista lo incluyó en los expedientes del cártel de La Barredora y de la red de huachicol fiscal en la Marina. La presidenta empujó para quitarle la coordinación de Morena en el Senado. Y sucedió, pero fue la pura formalidad para lavar cara. Adán Augusto sigue mandando en el Senado, a través de Ignacio Mier, y ahora sabemos que lleva mano en el reparto de candidaturas en Morena, en coordinación con su "hermano" de Palenque.
3.- El factor Harfuch. La guerra interna en Morena más encendida la protagoniza el grupo radical que comandan Andrés Manuel y Adán Augusto contra el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. La lectura que hacen los "duros" de Morena es que Harfuch está usando su extraordinaria relación con Estados Unidos para incidir en las candidaturas morenistas. O sea, no controla el partido... pero te puede dejar sin visa, y con eso te tumba de la candidatura. Esto le ha dado un enorme poder interno y también una ruta de choque con los obradoristas, que son los que están bajo la mayor sospecha de haberse coludido con los narcos.
Lo dicho. Guerra abierta.
TÍTULO: Implosión en Morena
AUTOR: Azucena Uresti
MEDIO: El Universal
LECTURA: 2 min
TEMA: Política / Corrupción y narcopolítica
Imposible ignorar la implosión que vive Morena apenas a 12 años de su creación como partido político. Los nombres de personajes dentro de sus filas se acumulan en expedientes, investigaciones judiciales, testimonios y trabajos periodísticos tanto en México como en Estados Unidos.
Y aunque no todos están acusados ni son investigados formalmente, se genera una enorme bola de nieve que amenaza con caer sobre el partido que llegó al poder prometiendo barrer la corrupción de arriba hacia abajo, pero que hoy parece haber dejado la escoba de lado.
El caso más contundente es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una acusación federal en Estados Unidos junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Enrique Inzunza. Aquí no hablamos de una filtración periodística: existe un procedimiento judicial estadounidense que no ha podido avanzar debido a la reticencia del gobierno mexicano por entregar a una de sus figuras relevantes.
En otro nivel están Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Diversos medios han publicado que autoridades estadounidenses han puesto la lupa sobre ambos por posibles vínculos con actividades criminales. Los dos lo han rechazado y, hasta ahora, no existe una investigación formal en México.
Luego está el enorme expediente del huachicol fiscal. La investigación sobre la red que habría utilizado puertos y aduanas para introducir combustible ilegalmente ha tocado nombres cercanos al poder, comenzando por quienes presuntamente la lideraban: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.
En testimonios, documentos y revelaciones periodísticas también han surgido referencias a su tío político, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda; a Adán Augusto López, y hasta a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán.
¿Cómo tantos caminos terminan acercándose a los mismos círculos de poder sin que la autoridad sea contundente?
Adán Augusto enfrenta además el costo político del caso de Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco mientras, según las acusaciones, lideraba "La Barredora". La responsabilidad penal es individual, por supuesto, pero también existe una obligación política.
En Baja California, Marina del Pilar Ávila quedó envuelta en polémica después de la cancelación de su visa estadounidense. Y la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien aspira a sucederla, está en el ojo del huracán por versiones de que habría aceptado colaborar como testigo protegido en Estados Unidos a cambio de beneficios por una investigación en su contra.
Para desgracia de todos, la corrupción no pertenece al pasado ni los vínculos entre políticos y delincuentes se quedaron en los viejos gobiernos del PRI o del PAN. Es falso que la "Cuarta Transformación" haya "cambiado las reglas".
La FGR sigue guardando silencio respecto a estos y otros temas, pese al llamado de Claudia Sheinbaum para investigar a todo aquel vinculado con alguna posible ilegalidad.
La bola de nieve comenzó a rodar. El peligro es que termine aplastando no sólo a Morena y su "legado", sino también a los ciudadanos gobernados en prácticamente todo el país por el partido guinda.
@azucenau
TÍTULO: Con PISA seamos serios
AUTOR: Ricardo Raphael
MEDIO: Milenio
LECTURA: 2 min
TEMA: Educación / Evaluación internacional
Cada día resulta más difícil en México hablar en serio sobre los temas serios. El martes se presentó el reporte PISA 2025 de la OCDE y, antes de que los resultados se hubieran digerido, las posiciones ya estaban polarizadas.
Mientras desde el gobierno se izó la bandera de la complacencia, en el otro extremo la palabra más repetida fue "catástrofe".
Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que PISA es un mal termómetro porque no atiende las características específicas de cada país. Añade Mario Delgado, secretario de Educación, que la muestra estadística empleada para México es insuficiente.
Ambos argumentos son de chicle. ¿Se atrevería la mandataria a decir que el Mundial de futbol no es un torneo válido porque no toma en cuenta la especificidad socioeconómica de cada selección? ¿Osaría Mario Delgado sostener que once jugadores no bastan para juzgar la calidad del futbol mexicano?
El reporte PISA es la cancha donde se juega, a escala global, el partido que permite a cada país medirse en el tiempo contra sí mismo. Es, además, un instrumento que ayuda a detectar las mejores prácticas —las que resultan imitables— entre las distintas naciones.
También son de chicle los argumentos catastrofistas. Desde luego que preocupa que México haya caído 22 puntos en la prueba de matemáticas entre 2015 y 2025. Pero ese dato exige un matiz: el promedio de la OCDE se redujo 24 puntos en el mismo periodo.
Algo similar ocurrió con la lectura. Es una mala noticia que México haya perdido 15 puntos; peor es que el promedio de la OCDE cayera 27. En ciencias, México extravió cinco puntos y la OCDE, siete.
No es la caída lo que más preocupa sino la calidad de la educación que tenía México en el punto de partida.
Zoom: lo verdaderamente grave es que cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años sigan apareciendo, edición tras edición de PISA, en el nivel más bajo de la escala en ciencias, matemáticas y lectura. Tanto los complacientes como los catastrofistas nos estorban a la hora de valorar, atender y resolver una de las cuestiones más importantes para el país.
TÍTULO: La galería del horror
AUTOR: Ciro Gómez Leyva
MEDIO: Excélsior
LECTURA: 1 min
TEMA: Seguridad / Violencia criminal
Cada día, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, se cometieron en promedio en México al menos cuatro asesinatos con extrema violencia o tortura previa. En cada uno de esos días, además, dos mujeres fueron asesinadas con crueldad y se halló una fosa con restos humanos.
El horror, la brutalidad, la barbarie en un país que, pese al indudable esfuerzo de las autoridades federales por enfrentar a los criminales, no consigue escapar de su infierno.
Los datos forman parte del informe "Atrocidades y eventos de alto impacto", dado a conocer ayer por la organización Causa en Común, que registra 3 mil 492 crímenes de esa naturaleza en el lapso referido: 14 diarios.
"No hacemos una radiografía exacta, lo que buscamos es que se tome conciencia de una dimensión más cualitativa de la violencia, de esa violencia que no se transmite en los datos oficiales", me dice el portavoz de Causa en Común, Fernando Escobar. Mexicanos torturados antes de su ejecución, sujetados, sometidos, calcinados; mujeres violadas, mutiladas en los instantes previos a su muerte; salvajismo; fosas.
De Baja California a Quintana Roo, de Guerrero a Tamaulipas; por el Pacífico, el Golfo, el centro, el norte, el sur. La galería del horror que eclipsa el optimismo. Y nos devuelve al México atroz.
TÍTULO: El increíble invitado a Palacio
AUTOR: Raymundo Riva Palacio
MEDIO: El Financiero
LECTURA: 5 min
TEMA: Política / Narcotráfico y contratos públicos
En cuatro ocasiones en las últimas semanas, ha sido invitado a hablar con la presidenta y el gabinete una persona que puede ser descrita como una papa caliente. Se trata del empresario sinaloense Jesús Vizcarra, a quien por más de cuatro décadas han señalado como amigo, socio y padrino de diversos capos del narcotráfico. El empresario, que durante décadas estuvo cerca de varios gobiernos, como los de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, siempre ha negado cualquier relación con el narcotráfico y nunca ha sido sometido a un proceso judicial.
Las reuniones que ha tenido Vizcarra en Palacio Nacional coinciden con los reportes periodísticos, no desmentidos, de que ha puesto en venta la empresa que fundó, SuKarne, una de las principales exportadoras de carne en el país, por alrededor de dos mil millones de dólares, según estimó la agencia Reuters. El otro gran negocio que desarrolló desde 2003 es Salud Digna, una asociación civil sin fines de lucro que ofrece diversos servicios médicos y de laboratorio a precios increíblemente bajos.
Vizcarra fue a Palacio Nacional a promover Salud Digna y a buscar contratos. No se saben los detalles de sus conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero resultado de ellas, estuvo el miércoles de la semana pasada reunido con todo el gabinete de salud –la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE–, encabezado por el secretario David Kershenobich.
En el encuentro subrayó las prioridades de la presidenta, como la interpretación radiológica a distancia, el uso de la inteligencia artificial para ultrasonidos, mastografías, rayos X, electrocardiogramas y óptica, además de la subrogación de servicios cuando se considere pertinente. Vizcarra, que ya trabaja con el IMSS en otros proyectos, llevó su propuesta dirigida principalmente a esa institución, donde propuso la creación de las Clínicas de Diagnóstico del Bienestar y un Centro Nacional de Interpretación Radiológica, en el que tomaría el control del sector salud, con equipos, proyectos, tecnología y capacitación que daría Salud Digna, hasta que considerara la madurez de las iniciativas para trasladarlas al gobierno federal.
No ha habido respuesta sobre cuáles proyectos le serán adjudicados, pero la instrucción es que lo incorporen como proveedor importante, una decisión que sorprende, sobre todo en estos tiempos en los que todo lo que se encuentre cercano a los cárteles, como el de Sinaloa, y se presuman relaciones de parentesco, amistad y negocios con miembros del crimen organizado, debería ser tratado bajo el prisma de la seguridad nacional de Estados Unidos, que considera a narcotraficantes y a quienes se relacionen con ellos o los apoyen como terroristas, bajo las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca.
El nombre de Vizcarra ha estado relacionado con la vieja aristocracia criminal del Cártel de Sinaloa desde 2009, cuando el periódico Reforma publicó en su primera plana una fotografía donde aparecía Vizcarra, en ese entonces alcalde de Culiacán, con Ismael El Mayo Zambada, Inés Calderón Godoy –padre de Inés Calderón Quintero, primo lejano de Vizcarra, un capo que fue asesinado tiempo después– y uno de los constructores del Cártel de Sinaloa, Bernardo Quintana –sin relación con el empresario constructor– y Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, que también fue ejecutado años después. La fotografía fue tomada durante una celebración religiosa en el rancho Puerto Rico, en los suburbios de Culiacán, que era atribuida a Zambada.
Cinco meses después, la revista Proceso dio a conocer una ficha del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), rebautizado en el sexenio anterior como Centro Nacional de Inteligencia, en la que señalan que fundó el Grupo Viz/SuKarne en los 80, dedicado a la compra y venta de ganado como una de sus primeras actividades para "blanquear los cuantiosos recursos" ilegales de Calderón Quintero, quien "entre 1976 y 1988 se convirtió en uno de los narcotraficantes más fuertes de Sinaloa y del país".
Si de un lado tenía a Vizcarra para lavar dinero, citó Proceso del documento del Cisen, del otro Calderón Quintero formó a importantes operadores del narcotráfico y apadrinó a El Mayo Zambada, al tiempo que operó con su sobrino, Rafael Caro Quintero –preso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena–, Ernesto Fonseca –preso en México por el mismo crimen–, Baltazar Díaz Vega y Manuel Salcido, apodado El Cochiloco, quien fue uno de los asesinos más sanguinarios del Cártel de Sinaloa.
El Cisen tuvo bajo vigilancia a Vizcarra por los negocios que presuntamente había realizado con El Mayo Zambada durante más de dos décadas. Recientemente se agregó información en Estados Unidos a su expediente, cuando encontraron que estaba importando carne de Nicaragua –donde tiene una planta exportadora a Europa– a México, que en realidad, presumían que era carne venezolana. La investigación estadounidense era sobre una especie de lavado de carne para apoyar al régimen de Nicolás Maduro.
Vizcarra quedó en medio de una tormenta político-criminal en 2024, cuando el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Zambada de haber sido su socio y que lo había traicionado cuando fue convocado a una reunión para resolver una disputa entre él y el diputado federal Héctor Melesio Cuén, dijo que el día en que capturaron a Zambada y a su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no había estado en esa reunión, sino en Los Ángeles, a donde viajó en un avión que le prestó Vizcarra. En su momento publiqué que no viajó, pero envió en el avión a su familia y colaboradores cercanos con su teléfono, para que cuando revisaran el GPS pudieran ubicarlo en California. Vizcarra dijo que le prestó el avión debido a una amistad de 28 años con la familia Rocha.
La adjudicación de contratos a Vizcarra obliga a la pregunta de si es pertinente otorgárselo en el contexto actual de la guerra en Sinaloa, las acusaciones contra Rocha Moya y las presiones de Estados Unidos contra políticos de Morena y empresarios vinculados con el crimen organizado. Pero al no existir una acusación en contra de Vizcarra, no hay impedimento jurídico para asignarle contratos. Sin embargo, desde el punto de vista de riesgo político, la relación del gobierno con Vizcarra como proveedor de un megaproyecto se vuelve más compleja y delicada. ¿Por qué el gobierno decide firmar contratos con el empresario? Esta respuesta la sabe solo la presidenta.
TÍTULO: La nueva frontera fiscal de los 50 millones de pesos
AUTOR: Enrique Quintana
MEDIO: El Financiero
LECTURA: 4 min
TEMA: Economía / Política fiscal
El Paquete Económico 2027 no crea impuestos ni aumenta las tasas del ISR, pero traza una línea que puede reordenar el sistema tributario de las empresas: 50 millones de pesos de ingresos anuales.
Abajo de esa cifra, la palabra clave es confianza; arriba, control.
El Régimen Simplificado de Confianza (Resico) eleva su techo de 35 a 50 millones de pesos para personas morales y de 3.5 a 5 millones para personas físicas.
Es una ampliación importante del universo de pequeños contribuyentes que pueden acogerse a reglas más sencillas.
Pero la transformación más relevante ocurre del otro lado de esa frontera de ingresos.
Las empresas con entradas superiores a 50 millones de pesos anuales que tengan utilidades enfrentarán un nuevo límite a sus deducciones.
Cuando éstas representen 96.67 por ciento o más de sus ingresos, no podrán superar ese porcentaje. Y las empresas que ya deduzcan menos de ese porcentaje sólo podrán aplicar 99 por ciento de las deducciones que ya realizan.
No cambia la tasa corporativa del ISR, que permanece en 30 por ciento. Lo que cambia es el piso sobre el cual termina pagándose.
Un ejemplo permite verlo. Una comercializadora que venda mil millones de pesos y tenga gastos deducibles por 980 millones tiene actualmente una utilidad fiscal de 20 millones y paga 6 millones de ISR. Con la nueva regla, sólo podría deducir 966.7 millones. Su utilidad gravable subiría a 33.3 millones y el impuesto a prácticamente 10 millones.
Hay otros candados. Las pérdidas acumuladas sólo podrán disminuir hasta un 50 por ciento de la utilidad de cada ejercicio, aunque se duplica, de 10 a 20 años, el periodo para aprovecharlas. El límite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada y desaparece el régimen opcional para grupos de sociedades, que permitía diferir parte del ISR.
Pero el número realmente revelador es 96.67 por ciento.
Si las deducciones no pueden superar esa proporción, una empresa afectada por el límite tendrá una utilidad gravable mínima equivalente a 3.33 por ciento de sus ingresos. Aplicando sobre ella el ISR de 30 por ciento, el impuesto equivale prácticamente a 1 por ciento de sus ventas.
No se le llama en el Paquete enviado un impuesto mínimo corporativo, pero para las empresas alcanzadas por el límite se parece mucho a eso.
La justificación de Hacienda es persuasiva. De las 524 mil empresas del régimen general que declararon ingresos positivos en 2025, 318 mil no pagaron ISR, el 60.7 por ciento. En 223 mil casos, el 42.6 por ciento, sus deducciones igualaron o superaron sus ingresos.
Naturalmente, no toda empresa que no paga ISR evade impuestos. Puede haber pérdidas legítimas, inversiones cuantiosas o actividades con márgenes reducidos. Pero Hacienda sostiene que detrás de una parte relevante del fenómeno existe abuso de deducciones y utilización de facturas por operaciones simuladas.
El SAT ha endurecido la persecución de esas prácticas. Entre octubre de 2024 y agosto pasado enlistó cerca de 3 mil factureras, bloqueó a más de 38 mil empresas vinculadas con operaciones ficticias y auditó a casi 2 mil compradores de esas facturas.
Ahora el gobierno pretende pasar de perseguir casos individuales a establecer una regla general.
También existe la necesidad de más ingresos. El Paquete proyecta que el ISR crezca 7.2 por ciento real en 2027, muy por encima del crecimiento esperado de la economía. Y las empresas con ingresos superiores a 50 millones concentran alrededor de 90 por ciento del ISR pagado por las personas morales.
Ahí está también el riesgo.
En negocios cuyos márgenes reales son inferiores a 3.33 por ciento de las ventas —por ejemplo, ciertas actividades de comercio mayorista, distribución de combustibles o construcción—, el nuevo límite puede obligar a pagar ISR sobre una utilidad que la empresa simplemente no obtuvo.
Entonces deja de ser solamente un mecanismo contra la evasión y empieza a funcionar, en los hechos, como un impuesto mínimo sobre las ventas.
Combatir las facturas falsas y las deducciones artificiales no sólo es legítimo: es indispensable. Pero una cosa es cerrar las puertas a la evasión y otra presumir que, por encima de determinado nivel, las deducciones son excesivas.
El Congreso tendrá que afinar esa frontera, porque de lo contrario podríamos tener una carga injusta que afecte a actividades legítimas.