Por Roberto Uscanga Hernández

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Conviene empezar por lo que casi nadie dice en voz alta, porque sin eso el resto del episodio se lee mal: en Yucatán los problemas agrarios no se resuelven en ningún tribunal donde el Gobierno del Estado tenga influencia. No la tiene. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 es federal, y ni el gobernador ni su secretario general pueden ponerle fecha a una audiencia, nombrarle un perito o apurarle una sentencia. Lo único propio del Estado en esa materia es una subsecretaría de Asuntos Agrarios que en los hechos es una oficinita sin presupuesto, sin garras y sin dientes, con lo justo para convocar a una mesa y sacar copias. Esa es la cancha real; lo demás es escenografía.

Por eso el cierre del acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil que hicieron ejidatarios de Dzununcán no es un arrebato campesino, sino una lectura correcta del tablero. No ocurrió en marzo, cuando el reclamo se publicó en los diarios, ni en julio, cuando el expediente seguía durmiendo: ocurrió en el único mes del año en que ese camino es la vía por la que pasan cientos de miles de yucatecos. El juicio 34-1254/2023, promovido por el propio comisariado ejidal, lleva tres años sin definir quién es el titular de la tierra; la feria dura semanas y vuelve cada noviembre. Cualquiera que sepa contar entiende cuál de los dos relojes llega primero.

Lo que de verdad explica el episodio no es agrario, es de gobernabilidad. El abogado que representa a los ejidatarios no está litigando: está siguiendo un librito viejo. Es el manual de los tiempos de Víctor Cervera Pacheco, cuando un asunto de tierras se destrababa con una llamada telefónica y Rigoberto Paz Cen tenía el control del Registro Agrario Nacional en el estado. En aquel arreglo, el gobernador y la estructura agraria eran la misma conversación. Lo que ocurre en 2026 es que el botón ya no existe, pero el dedo que lo busca sigue ahí. El bloqueo no está dirigido al Tribunal, que es quien decide, sino a quien antes podía llamarlo.

Ese desajuste convierte casi todo lo que se dijo esta semana en simulación. El comunicado del gobierno es legalmente impecable: mientras el Tribunal no defina al titular, cualquier pago carecería de sustento. Es verdad, y también es un boletín, y un boletín no abre una carretera ni mueve un expediente. El ejido simula que su reclamo se cobra en la ventanilla equivocada; el gobierno simula que explicar la ley equivale a ejercer autoridad; y ambos fingen que la mesa número once servirá para lo que no sirvieron las diez anteriores.

Dentro de esa simulación hay una tentación que sería pésima idea: desviar la atención hacia Patricio Patrón Laviada. Es cierto que la expropiación de las 79 hectáreas ocurrió el 22 de enero de 2004, durante su gobierno, con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero y una indemnización de 3 millones 399 mil 134 pesos con 45 centavos pagada al comisariado ejidal de entonces. No conviene usarlo. Es un pleito de hace veintidós años que no mueve un metro de la tranca puesta ayer, abre un frente partidista inútil y contesta una pregunta que nadie hizo: el reclamo del ejido no es contra quien expropió, sino contra quien cobró. Los ejidatarios sostienen, como vienen publicando desde abril, que excomisarios vendieron o asignaron sin autorización de la asamblea cientos de hectáreas que terminaron, por la vía de particulares, en manos del Estado. Responder con un recibo firmado en 2004 es contestar otra conversación; culpar a quien gobernaba entonces es contestar una tercera.

El propio comunicado desliza el dato que vale más que los demás: sobre parte de la superficie en disputa existe un certificado parcelario del Registro Agrario Nacional a nombre de una persona. Dentro de la tierra que el ejido reclama como suya hay un título individual vigente. Ahí está, en una línea de boletín, el mecanismo que en Yucatán conocemos de memoria: tierra social que se vuelve parcela, parcela que se vuelve propiedad, propiedad que se vuelve venta y venta que termina frente a un tribunal sin peritos.

Hay además una asimetría que abre la puerta a todas las sospechas. El representante de los ejidatarios solo puede estirar la liga hasta donde el gobierno se lo permita, no hasta donde el Tribunal decida. Al Distrito 34 no le cambia el calendario una tranca; en cambio, cada hora que el acceso permanece cerrado, la decide alguien del lado estatal: quién negocia, quién tolera, quién manda a la policía y quién prefiere que no la mande. La tensión de esa liga no la fija el litigante, sino la autoridad que puede cortarla y no la corta. Cuando la duración de un conflicto depende de la voluntad de quien lo padece, la pregunta deja de ser por qué protestan los ejidatarios y pasa a ser a quién le conviene que sigan protestando. La respuesta que circula en voz baja apunta a una campaña de desgaste contra Omar Avilés y contra los pocos reductos del huachismo que quedan en el gobierno del Renacimiento Maya.

Conviene entonces mirar quién paga la cuenta. El titular de la Secretaría General de Gobierno llegó ahí desde la presidencia estatal de Morena, donde fue también secretario general: con base propia, con militancia que le responde y con una legitimidad que no le debe al círculo que hoy despacha más cerca del gobernador. En un gabinete donde casi todas las piezas se explican por cercanía personal, él se explica por el partido. Y sobre su escritorio se ha ido acumulando el inventario de lo que nadie más quiere firmar: Xmatkuil, Sierra Papacal, Hunucmá, Seyé, las mesas de los bancos de materiales. No puede pagar, porque la ley se lo impide; no puede sentenciar, porque el expediente no es suyo; no puede desalojar, porque ese costo nadie lo firma en temporada de feria. Solo puede convocar a otra mesa. Y a un funcionario al que se le cargan durante dos años los problemas que no tiene facultades para resolver no hace falta removerlo: llega solo al momento en que moverlo ya no le cuesta nada a nadie. El desgaste no es el golpe, es la preparación del golpe.

Aquí la geometría ayuda más que la aritmética. Llamamos gobierno paralelo al círculo que opera al lado del gobernador porque durante un tiempo corrió junto al suyo sin tocarlo. Esa línea empezó a inclinarse: dibuja un ángulo, se acerca, y el destino de todo ángulo que se cierra es volverse una sola línea. En los pasillos ya se dice con nombres: que la silla de Omar Avilés será el premio de consolación de Liborio Vidal si Mérida no le sale en 2027, y que la de Wilberth Monforte, líder de la bancada morenista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, está igualmente apalabrada. Ninguna de esas plazas está firmada y ambos lo negarían hoy mismo. Pero el cálculo no necesita confirmación para ser útil: basta mirar qué sillas se están desgastando y quién tiene prisa por que queden vacías.

Y ya no hace falta el pasillo para escucharlo. El mismo día del cierre, mientras el gobierno pedía respeto al libre tránsito, una página afín al secretario general publicaba que los bloqueos son fuego amigo y acusaba por nombre a Mario Millet y a Dafne López de fabricarlos para desgastar a Pérez Avilés, encadenando Xmatkuil con el cierre reciente de la carretera Tizimín-Mérida. Conviene tomarlo con pinzas: quien publica eso no es un testigo del conflicto, es uno de los bandos. Pero que la acusación salga de adentro, con nombres y el mismo día de la tranca, dice más que el rumor: la disputa por el gobierno ya se está litigando en la calle y en las redes porque adentro no la pudieron resolver.

Visto así, el terreno agrario deja de ser un pantano y se vuelve una mina. Cada expediente detenido en el Distrito 34 es una palanca: un comisariado que necesita gestor, una asamblea que necesita quien le prometa que esta vez sí, una indemnización suspendida que convierte en benefactor a cualquier funcionario con teléfono. Un tribunal que no resuelve traslada el poder de decidir del juzgado a la mesa de negociación, y las mesas las administra quien controla la oficina. No hace falta imaginar una instrucción para explicar por qué nadie tiene prisa en destrabar el 34; basta con notar a quién le sirve que siga trabado.

Eso vuelve a este conflicto un artefacto bien armado, se lo haya propuesto alguien o no. No hace falta un complot para que una bomba funcione: basta con que todas sus piezas estén en su lugar. Un expediente que no avanza, una fecha que maximiza el daño, un pago histórico que no se puede repetir, un certificado parcelario que enreda la titularidad, un litigante que opera con el manual de otra época y una oficina sin facultades puesta al frente de la negociación.

El gobierno hizo bien en no pagar bajo presión; ceder convertiría cada noviembre en temporada de cobranza. Pero resistir no es una estrategia, es un aguante, y la ley como único argumento es un escudo, no una salida. Falta dejar de fingir que una oficinita puede con esto: exigir públicamente al Tribunal Superior Agrario fecha cierta para el 34-1254/2023, aportar al juicio el peritaje que al Distrito 34 nunca le alcanza para conseguir, y darle a Asuntos Agrarios presupuesto, abogados y facultades reales en lugar de encargarle que aguante los golpes que otros no quisieron parar a tiempo.

El problema de fondo no es quién tiene razón sobre esas 79 hectáreas. Es que en Yucatán quedó un sistema donde la justicia es federal, la presión es local y la autoridad que puede resolver no es la que paga el costo de no resolver. Mientras eso siga así, ¿cuántos noviembres más vamos a necesitar para aceptar que el camino al tribunal agrario pasa siempre por una carretera bloqueada?